El principio del fin de la cultura del veto

La ambición de quienes han elaborado la Constitución Europea se mide en qué áreas dejarán de estar sometidas a la cultura del veto, en qué materias podrá legislar la UE sin que tengan que ser aprobadas por unanimidad. Cuantas más leyes puedan tener luz verde por mayoría cualificada, sin la amenaza del veto de uno u otro país, más fácil será tomar decisiones, avanzar en la construcción europea. La actual Constitución no da un solo paso atrás con respecto a la situación actual. Por el contrario, materias tan sensibles para los Estados como el control de las fronteras o la emigración ya no estarán sometidas a la unanimidad. Los Estados ceden así soberanía a favor de la Unión, pero no tanta como hubieran querido los más europeístas.

Es ésta una de las cuestiones que ha constituido el centro del debate de la construcción europea en toda su historia, y también ahora. Hace medio siglo, con sólo seis Estados en el club, no resultaba tan complicado alcanzar la unanimidad, que era el sistema habitual para decidir. Hoy, con 25 socios de sensibilidades tan diferentes, la exigencia de la unanimidad resulta una traba muchas veces insalvable. Por eso, en cada nuevo Tratado, como en este constitucional, siempre se produce algún avance.

LA SITUACIÓN

Casi en el 75% de las materias sobre las que legisla la Unión se decide hoy por mayoría cualificada: con el apoyo de al menos la mitad de los Estados que sumen el 72,2% de los votos en el Consejo (232 sobre un total de 321). Pero siguen estando sometidos al yugo de la unanimidad temas tan trascendentes como la Política Exterior, Defensa, Justicia e Interior, fiscalidad, política social, comercio de productos culturales (la "excepción cultural", tan querida por los franceses)... y, por supuesto, la propia aprobación de los Tratados.

EL PROBLEMA

Con el fin de preservar sus propios intereses, sus propias legislaciones, cada país ha bloqueado avances o decisiones importantes en los últimos tiempos. Alemania o Austria boicotean todo avance en la gestión conjunta de la inmigración legal porque temen que se les impongan cupos; Reino Unido ha cortado toda aspiración de armonizar los impuestos en la UE; España ha estado bloqueando la patente comunitaria por un problema del uso de las lenguas; Grecia torpedeó durante años ayudas europeas a Turquía... Y, por supuesto, fue imposible conseguir una posición común concreta durante la crisis y la guerra de Irak.

Además, lo que se aprueba por unanimidad resulta luego casi imposible volver a cambiarlo porque hay que hacerlo por ese sistema: Francia y España llevan años intentando sin éxito rebajar el IVA a los restaurantes, los libros o los discos.

EL DEBATE

Tanto en la Convención que redactó el proyecto constitucional como en la Conferencia Intergubernamental que lo aprobó, el debate en este terreno fue, sobre todo, el debate inglés. En enero de 2003, una propuesta franco-alemana planteó que el veto debiera desaparecer incluso en las sagradas Política Exterior y de Defensa, salvo que en casos aislados un país pidiera expresamente el voto por unanimidad. Londres y Madrid respondieron dos semanas después con otra propuesta advirtiendo de que no querían ir tan lejos.

Pocos siguieron al eje franco-alemán. Por el contrario, cada cual, cada Gobierno, se lanzó a defender artículos para evitar que nunca se les pudiera imponer algo que no quisieran en las áreas que ellos consideraran sensibles. Peter Hain, el batallador representante del Ejecutivo británico en la Convención, emprendió la cruzada contra la amenaza, repetía, de "un superEstado europeo". El testigo lo tomó después el propio ministro de Exteriores, Jack Straw, y hasta el primer ministro, Tony Blair. Los tres fueron acusados por Berlín y París de aplicar "la técnica del salami" por intentar rebajar paso a paso las aspiraciones de la mayoría.

Reino Unido estuvo casi siempre apoyado por irlandeses o luxemburgueses en materia fiscal, o por el Gobierno español del PP o el polaco en las áreas de Defensa y Exteriores, donde siempre contó con la comprensión del presidente de la Convención, Valéry Giscard D´Estaing, frente al empuje de los decepcionados alemanes. Las líneas rojas británicas fueron respetadas en su totalidad.

LA SOLUCIÓN

La Constitución deja sentado por vez primera que el voto por mayoría cualificada es la norma habitual para tomar decisiones (Parte I-artículo 23), lo que a su vez significa que el Parlamento Europeo colegislará con el Consejo (los Gobiernos) en todos las leyes donde no se exija la unanimidad. Desaparece el veto de 20 bases jurídicas o disposiciones constitucionales y en medio centenar de materias, como la cooperación en Justicia e Interior (III-263) -objetivo primordial de España-, concesión de visados (III-265), cooperación judicial (III-270) y policial (III-275), los nombramientos del presidente estable del Consejo Europeo (I-22), del ministro europeo de Exteriores (I-28) o los altos cargos del Banco Central Europeo (III-382), así como normas sobre la agencia europea de armamento (III-306) o las reglas de transporte (III-236). En la Política Agrícola Común (PAC), también desaparece, salvo a la hora de fijar los precios.

Permanece el veto, salvo raras excepciones, en Exteriores y Defensa, y en las áreas que impuso el Reino Unido, especialmente fiscalidad y política social. Lograr una verdadera posición común activa en política internacional seguirá siendo una proeza. Así lo quieren hoy Reino Unido, Italia, Holanda o la mayoría de los socios del Este para alegría de Washington.

La Constitución, no obstante, recoge una fórmula para eludir en el futuro, con un rodeo made in Europe, los frenos británicos: los 25 podrán decidir por unanimidad que desaparezca el derecho al veto en alguna materia en la que subsiste. Se trata de la llamada pasarela (IV-444). Su utilización o su olvido marcará la voluntad de los Estados de avanzar o no en la aventura europea.