Los usuarios del Júcar-Vinalopó deben 21,6 millones por la obra

Los usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó deben a la sociedad pública Aguas del Júcar, SA, que ejecuta la obra, un total de 21.641.593,78 euros por las actuaciones de los últimos años. El consejo de administración de la entidad, en el que los usuarios están representados, acordó que saldarían la deuda hasta el pasado 31 de enero. Ese día, certificaron el pago de 18.782,51 euros. "Hay un incumplimiento reiterado del convenio", critica Aguas del Júcar.

El convenio de Aguas del Júcar con los beneficiarios del trasvase, que se unieron en la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, se formalizó el 13 de julio de 2001. Los usuarios se comprometieron a pagar el 32,61% del proyecto de la transferencia, un total de 75 millones de euros -el resto lo aportan el Estado y la Unión Europea-. A pesar de que la Junta Central logró un crédito sindicado con nueve entidades financieras en marzo de 2003, hasta ahora no había realizado ninguna aportación a Aguas del Júcar, controlada por el PP durante la pasada legislatura. El pasado septiembre, los usuarios pidieron que las facturas de cada año se saldaran a 31 de enero, una solicitud aceptada por el consejo de administración, junto al compromiso de que a finales del pasado mes ingresaran el total de las certificaciones pendientes, por 21.660.376,29 euros (IVA incluido).

La deuda de la Junta Central se trató de nuevo en el consejo de Aguas del Júcar el pasado 21 de enero, en el que los usuarios del trasvase aseguraron el pago "salvo situación excepcional", indican fuentes de la empresa. Sin embargo, el pasado 31 de enero, los usuarios del Vinalopó entregaron una carta de pago por 18.782,51 euros, que corresponden a la primera certificación de las obras en el tramo I del trasvase -el ingreso lleva fecha del 2 de febrero-. El resto de la deuda sigue pendiente, lo que para Aguas del Júcar supone "un incumplimiento reiterado del convenio". Entre las facturas pendientes se incluyen aportaciones al proyecto básico, anterior a la firma del convenio, por cantidades superiores a la entregada.

El presidente de la Junta Central de Usuarios, Andrés Martínez, considera que "este primer pago es una prueba fehaciente" de que se liquidará "todo" con el crédito habilitado, según confirmó ayer, "a pesar de las dudas" en torno al proyecto en los últimos meses, que comenzaron a despejarse en la reunión con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). "El convenio no se invalida por el hecho de retrasarnos en el pago, aunque se nos cobren intereses", según Martínez, quien remitió a principios de año una carta a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, para que aclarara en qué situación quedaba el proyecto Júcar-Vinalopó tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la transferencia. Los usuarios no han recibido respuesta -el ministerio espera aclaraciones del alto tribunal-, a su juicio "una razón de peso" que alteró el escenario del convenio. "La deuda se ha generado básicamente en 2004" y está prevista en el presupuesto de este año de la Junta Central.

La reunión en Alicante con el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, dejó satisfechos a usuarios y regantes, ante la posibilidad de "abrir el convenio para mejorar los volúmenes y alcanzar los objetivos previstos", comentó Martínez. El convenio incorporará agua de desalación y depuradoras, y se calculará de nuevo la financiación, con la intención de evitar subidas a los regantes. Moragues aseguró que el Gobierno "jamás" ha planteado reducir los 80 hectómetros cúbicos de transferencia, aunque la comisión que ha revisado el proyecto concluyó que son factibles una media de entre 12 y 62 hectómetros, a los que se añadirán recursos de desaladoras y depuradoras.Moragues de desplazó a Alicante para "aclarar malentendidos" y asegurar que el Ministerio de Medio Ambiente "jamás" ha querido reducir los 80 hectómetros cúbicos previstos en el Plan de Cuenca del Júcar para trasvasar al Vinalopó. "Conseguir esa cifra todos los años es muy difícil, por eso debemos añadir nuevos recursos", dijo Moragues, quien recordó cómo desde la década de los años ochenta la aportación media entre las dos cuencas ha sido de 52 hectómetros. El trasvase se completará con depuración y desalación. "Estas soluciones tecnológicas son más viables y fiables que esperar a las precipitaciones", dijo Moragues.

"La propuesta, que se ha aceptado con alegría por todos, es abrir el convenio para añadir nuevos recursos", dijo el presidente de la CHJ, que se refirió tanto a las posibles transferencias del Júcar como a la reutilización y depuración de aguas residuales o desaladoras. "Estamos ahora mejor que antes del lunes", dijo convencido Martínez en referencia a la inquietud que causó el anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de desvincular los usos urbanos costeros del trasvase. Moragues explicó que tanto el campo como las localidades del Mitjà y Alt Vinalopó se abastecerán del Júcar y en la costa, si se requieren recursos, habrá desaladoras. "El agua de mar es más barata que aquella que no llega", dijo Moragues. "Buscaremos que para los regantes se mantenga el precio y para los usos urbanos sea asumible", comentó Martínez. La financiación queda "pendiente" de estos ajustes.

Por su lado, el secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, reprochó, también en Alicante, a la Generalitat el retraso en la modernización de regadíos y las obras del postrasvase en el Vinalopó. Pla exigió al Consell que "haga su parte" en el trasvase. El portavoz del Consell, Esteban González Pons, reiteró que la Generalitat intentará "con toda la generosidad que sea posible" que este trasvase y el del Ebro, ya derogado, se lleven a cabo. En relación con el programa AGUA, el Consell denunció que su aprobación "es un fraude de ley" porque altera las previsiones del PHN sin haber sido sancionado por las Cortes.