La juez rechaza todas las peticiones para investigar el 'caso Yak-42'

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha denegado todas las diligencias solicitadas por la asociación que agrupa a la mayoría de las familias de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42 -entre ellas, la declaración de ocho testigos y una decena de informes- para que investigue los presuntos delitos cometidos en la identificación de los cadáveres.

El auto de la juez fue dictado el 18 de enero, pero hasta ahora no se había difundido para evitar que afectase al ya doloroso proceso de inhumación o cremación de 21 cadáveres, que fueron exhumados en noviembre y entregados a sus parientes, tras determinar su verdadera identidad, el jueves pasado.

En su escrito, la juez deniega todas las diligencias solicitadas por los abogados que defienden a las familias con el argumento de que, o bien "ya constan en esencia en el proceso" o no se advierte "su utilidad" para la investigación.

Entre las pruebas denegadas figuran la declaración testifical del cónsul español en Estambul y del traductor que asistió a los generales enviados por Defensa, así como los informes de los forenses y fiscales turcos que intervinieron en la identificación de los fallecidos.

El pasado 15 de noviembre declararon ante la juez los generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán, responsables de la repatriación de los cadáveres, como imputados por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad de documento.

La asociación que representa a la mayoría de las familias ha presentado un recurso contra el auto de la juez en el que alega que, aunque es cierto que "algunas de las diligencias solicitadas han devenido innecesarias por haberse ya practicado", la mayoría "son necesarias, oportunas y útiles para esclarecer los hechos denunciados" y contradecir las declaraciones de los imputados.

"Comprar un silencio"

En concreto, cita el testimonio de cinco familiares de los fallecidos a quienes el general Navarro, en entrevistas personales, les aseguró que había realizado las identificaciones por unos medios que luego se ha demostrado que eran imposibles, dado el estado de los cuerpos.

Igualmente, reclama todas las comunicaciones mantenidas por el Ministerio de Defensa con las autoridades turcas "con el fin de conocer todos los entresijos de las irregularidades" y acreditar que "las responsabilidades no acaban en las personas actualmente imputadas, sino que existen otras que, conocedoras de los errores en la identificación, trataron de ocultar la verdad".

Las condecoraciones y ascensos concedidos a los dos generales por el anterior ministro de Defensa, "a pesar de la lamentable y patética actuación del equipo que llevó a cabo la repatriación de los cuerpos", resultan, según el escrito, "incomprensibles, o sólo comprensibles si se trata de comprar un silencio".

En su recurso, los abogados de las familias ya adelantan su propósito de apelar, si fuera necesario, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que fue la que, en julio pasado, ordenó que se admitiera a trámite la denuncia, repetidamente rechazada por la juez Palacios.