Los grupos acuerdan el rechazo al 'plan Ibarretxe' en el Parlamento
La Cámara censurará que las reformas estatutarias generen privilegios
No ha sido fácil, pero al final ha habido acuerdo: los cuatro grupos parlamentarios andaluces pactaron ayer un texto común de rechazo al llamado plan Ibarretxe. La iniciativa, que se debatirá el próximo día 10, tacha el proyecto de estatuto del lehendakari de "excluyente", al tiempo que fija la posición de la Cámara ante el debate territorial respecto a que no se permita "cualquier discriminación de Andalucía derivada de privilegios políticos y/o económicos de unos territorios sobre otros". IU apoya sólo tres de los siete puntos del texto.
En el segundo encuentro oficial de búsqueda de una posición común ante el plan Ibarretxe los grupos parlamentarios han prescindido de muchos de sus postulados, de forma que el rechazo al plan soberanista vasco pueda abordase en el primer pleno del periodo de sesiones, el próximo día 10. Sin embargo, el acuerdo es parcial, pues aunque Izquierda Unida respalda el fundamento de la iniciativa, ha decidido no apoyar cuatro de los siete puntos al considerar que ponen "límite" a la reforma de la Constitución que defiende esta fuerza.
En cualquier caso, al tramitarse en forma de proposición no de ley -en lugar de como un resolución-, cada portavoz tendrá la oportunidad de fijar con claridad la postura de su grupo y explicar los matices que no han tenido cabida en el texto conjunto. En líneas generales, lo acordado recoge todo lo que propuso el Gobierno andaluz en el primer documento base remitido a los grupos, aunque profundiza respecto a la financiación autonómica y los criterios de las reformas estatutarias.
En los puntos uno, cinco y siete (sobre los que hay consenso generalizado), el Parlamento tacha la propuesta de estatuto del lehendakari de "excluyente", ya que pretende establecer una relación bilateral con el Estado y romper "el principio de igualdad y los mecanismos de solidaridad entre todos los pueblos de España". También reafirma del derecho de Andalucía, "como nacionalidad histórica", a ejercer el máximo nivel de autogobierno que permitan las normas constitucionales, en igualdad con cualquier otro pueblo de España.
La Cámara insta a mantener y reforzar desde Andalucía el espíritu de convivencia entre todos los territorios de España y el respeto a la pluralidad, así como no permitir "cualquier discriminación de Andalucía derivada de privilegios políticos y/o económicos de unos territorios sobre otros".
El resto de los contenidos de la propuesta -que serán suscritos por PSOE, PP y PA- afirma que todas las reformas estatutarias deben seguir el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente y de acuerdo con el bloque constitucional. Los criterios "imprescindibles" para estas reforma son, según la iniciativa, la igualdad de los ciudadanos, con independencia del lugar de nacimiento o residencia; el reconocimiento de que la soberanía nacional reside en el pueblo español, representada en las Cortes Generales; reconocimiento de la pluralidad cultural e identidades; y la igualdad de oportunidades y capacidad de autogobierno de la comunidades, "sin que se pueda alterar unilateralmente o bilateralmente los mecanismos de financiación autonómica".
Otros de los criterios son su elaboración de las reformas mediante el diálogo "sin apriorismos ni imposiciones", y el respaldo del "máximo consenso político y social" en la totalidad del proceso.
El Parlamento andaluz reafirma igualmente la "plena vigencia" de los principios de autonomía de las nacionalidad que se expresan en el artículo 2 de la Constitución. En conferencia de prensa, todos los portavoces consideraron el texto un buen acuerdo, aunque ya se detectaron diferencias de interpretación entre el popular, Antonio Sanz, y el socialista Manuel Gracia, respecto a lo que significa "máximo consenso" para las reformas.
Apoyo parcial de IU
La portavoz de IU, Concha Caballero, justificó la decisión de su grupo de descolgarse de cuatro de los siete puntos de la iniciativa en que en estos apartados se "pone límites a las reformas estatutarias y constitucional", postura opuesta a la defendida por su fuerza política, que pretende la modificación del título VIII de la Carta Magna (modelo de Estado) para promover una organización de corte federal. Caballero censuró que el PSOE haya cometido el "error" de aceptar los criterios del PP en cuanto a la Constitución después del acuerdo entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy.
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