Pla asegura que combatirá cualquier iniciativa de Cataluña que impida el minitrasvase a Castellón
El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, afirmó ayer en Castellón que el Ejecutivo central "mantiene el compromiso" de estudiar un trasvase hasta esta provincia desde el río Ebro "en función de la demanda" de agua y aseguró que, en ese sentido, representantes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se lo habían reiterado la jornada anterior. Según Pla, en el Ministerio de Medio Ambiente "ni siquiera conocen" la propuesta del consejero de Agricultura catalán, Antoni Siurana, que anunció la intención de aprovechar el canal Xerta-Càlig para trasvasar agua del mismo río sólo para las comarcas del sur de Tarragona, excluyendo a Castellón, lo que ha provocado las críticas del PP valenciano al apreciar "un nuevo chantaje" del tripartito catalán.
Pla insistió en que el ministrasvase para la provincia Castellón es "importante y necesario" y sentenció que "cualquier iniciativa de Cataluña que impida o haga inviable" este compromiso, será "rechazada y combatida" por los socialistas valencianos. El secretario general del PSPV también instó "a Camps y a los miembros de su Gobierno" a abandonar su actitud "victimista e irresponsable" en esta cuestión y recomendó al Consell "que dialogue" con Cataluña para encontrar soluciones desde el consenso.
También ayer, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) criticó el anuncio de transferir agua del Ebro al sur de Tarragona. AVA calificó de "colmo de la insolidaridad" y de "egoísta" la decisión del Ejecutivo de Pasqual Maragall de realizar una transferencia de agua que "sea imposible extenderla a la Comunidad Valenciana". Su presidente, Cristóbal Aguado insistió en que la Comunidad Valenciana tiene derecho al agua del Ebro "por pertenecer parte de su territorio a dicha confederación hidrográfica". En opinión de Aguado la decisión demuestra que hay autonomías "empeñadas en frenar el crecimiento económico de la Comunidad Valenciana a toda costa". El presidente de AVA dijo que Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, tiene la "obligación moral y legal de desautorizar estas obras".
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