Juzgados por un cartel el 14-M

Para la profesora Rosa García y el alumno Raúl Hernández, ambos de la Universitat de València "doña Fortuna" se acercaría el 22 de diciembre -día en que millones de ciudadanos están pendientes de ser millonarios- si la Sala Número 10 de lo Penal les eximiera de cualquier multa por un presunto delito por alteración del orden público, con la consideración de falta. Ambos lo consideran injusto y lo tildan de un delito contra la libertad de expresión, como algunos compañeros universitarios que se personarán en la vista oral.

La historia se remonta al día de las elecciones generales, el 14-M cuando la profesora, que es secretaria de la Facultad de Química acompañó a votar al colegio Santiago Apóstol de Valencia, a su amiga, Carmen Valverde, también imputada, con un cartel de medio folio, confeccionado por ella misma y que desde su solapa decía: "Sinvergüenzas ¿Podéis dormir tranquilos con 50.000 muertos en Irak y 200 en Madrid?". No portaba siglas partidistas. El cartel pasó indiferente en el colegio de Almàssera, donde García fue a votar y al que acudió como suplente.

Pero aquella jornada la suerte se volvió aviesa en un colegio ajeno a dos horas del cierre. "Salió el presidente de la mesa, momentos antes de pasar el interventor del PP y me dijo que por favor abandonara el patio del colegio y que esperara fuera", explica. A continuación, "acudió un furgón policial del que bajaron dos agentes, y junto con los que ya había en el colegio nos pidieron que nos identificáramos".

A Raúl Hernández, un joven de 21 años que estudia segundo de Psicología en la Universitat, le sorprendió "el tono de los tres agentes hacia las dos mujeres", y se paró a ver qué pasaba. "Circule, me dijeron los policías cuando me paré a leer el cartel", a lo que les respondió "que todavía no había leído los muertos de Madrid". Entonces, los agentes le ordenaron que se identificara, y él le preguntó la finalidad. "Ya tendrá noticias del juez", replicaron. Reconoce que "el exceso de autoridad" le incomoda, pero "en ningún momento", remacha, "perdí la educación".

Ese mismo día, a las 18.50 los tres fueron denunciados en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Valencia. Ninguno de los imputados pensó que, días más tarde, recibiría una notificación en la que se les comunicaba que deberían de acudir al Juzgado de Instrucción por un presunto delito de coacción durante el proceso electoral, desacato a la autoridad y delito de alteración de orden público. Finalmente, y tras la declaración de abril, comparecerán por una falta de alteración de orden público.

"Me siento, muy indignada, muy dolida, era partidaria de no proferir insultos, de no alterar el orden público, el dolor estaba en mi cabeza y corazón, y la forma de expresarlo fue en silencio y a través de un papel", apunta García, una pertinaz defensora de los derechos humanos, miembro de Amnistía Internacional y otras ONG. Pese al resquemor por cómo ha sido tratada por "ejercer la libertad de expresión" subraya que volvería a hacer lo mismo de hallarse en una situación similar. Una postura que se reafirma también estos días, según explica, tras escuchar las comparecencias de la Comisión de Investigación del 11-M en el Congreso: "Sigo pensando que los políticos cuando mienten no se desdicen, que al ciudadano no le pueden limitar su derecho a hablar y que yo sería seguramente uno de esos miserables a los que aludió el ex ministro Acebes".

Por último, agradece las muestras de apoyo mostradas por sus compañeros universitarios, algunos de los cuales acudirán a la vista oral que se celebrará el próximo miércoles, en la Sala 10 de la Ciudad de la Justicia. A todos pide "calma" para expresar su rechazo "sin follones, como hice en la jornada electoral".