Tinieblas en cadena
Dado que los apagones siguen martirizando a los clientes de las compañías eléctricas y, por lo tanto, la calidad del servicio eléctrico en España se envilece por días, no estará de más insistir en que la oscuridad eléctrica no obedece a desgracias naturales, a imponderables o accidentes. Están directamente relacionados con la cicatera inversión de las compañías eléctricas en las redes de distribución, es decir, en los sistemas -cableado, subestaciones, transformadores- que llevan la electricidad desde la red de alta tensión a los hogares. Este vacío inversor -debe mantenerse el espejo de los beneficios a pesar de las ruinosas decisiones en diversificación perpetradas con dinero de las tarifas- se explica desde las empresas como una consecuencia inevitable de la deficiente retribución en tarifa del servicio de la distribución.
Altos empleados con experiencia, ingenieros generalmente, se sustituyeron por jóvenes asalariados, en el mejor de los casos financieros
Aparentemente, esta apreciación es correcta, pero no deja de ser una imprecisión más. Si se supone que la tarifa debe retribuir mejor la actividad de distribución para que no se quemen los cables, no hay cortocircuitos y no ardan los tranformadores, ¿estarían dispuestas las compañías a reducir la retribución que perciben por el parque de generación?
Como la respuesta es evidente, lo que parece un reconocimiento humilde de errores en la asignación de inversiones se convierte en un sistema más para pedir al Gobierno que aumente las tarifas. Ya se comprobará cómo resuelve el Libro Blanco de la Electricidad este problema; pero sería deseable que la retribución de la actividad de distribución estuviese ligada a la calidad del servicio. Las eléctricas tienden a incorporar a sus cuentas de resultados los aumentos de ingresos que perciben de los clientes sin atender demasiado a la finalidad de tales variaciones tarifarias. Recuérdense al respecto casos como la famosa Garantía de Potencia que no ha garantizado gran cosa.
Bien establecida la relación entre ausencia inversora y apagones, conviene precisar no obstante que no todos los apagones se producen por las mismas causas. En los más recientes cabe distinguir meridianamente entre los que flagelaron a los usuarios de Cataluña y Andalucía, por un lado, y los que dejaron a oscuras a una franja bien poblada de madrileños, por otro. En los dos primeros casos sí cabe hablar de situación chapucera de las instalaciones, puesto que, por ejemplo, en Andalucía no funcionó el sistema de protección que confina el incidente en el perímetro más reducido. Pero en el de la subestación de Madrid, hay que decir que el transformador era nuevo. No cabe hablar, pues, de falta de inversión. Quizá de poca habilidad en la gestión de compras.
Otros factores cuentan, claro, aunque quizá con una influencia tan considerable. Dicen los observadores externos que las compañías eléctricas han dilapidado gran parte de su capital de conocimiento con los intensos programas de prejubilaciones ejecutados en los últimos años. Altos empleados con experiencia, ingenieros generalmente, se sustituyeron por jóvenes asalariados, en el mejor de los casos financieros, que no conocen en profundidad el funcionamiento y problemas de las máquinas eléctricas, estaciones y transformadores. Los ahorros en gastos de personal contribuyeron a mantener los beneficios, pero también desactivaron las respuestas rápidas a las crisis eléctricas.
Todavía queda otro aspecto por considerar. Resulta que se produce una curiosa disfunción burocrática, en función de la cual las comunidades autónomas tienen capacidad para imponer sanciones a las empresas que perjudican a sus clientes con interrupciones desaforadas del suministro (cosa distinta es que paguen y en qué plazo lo hacen); pero no tienen la capacidad para imponer inversiones o modificar las leyes que son de imperativo cumplimiento por parte de las compañías.
Quizá la unidad de acción ejecutiva sea una razón de peso para no disgregar las competencias en materia de imposición de inversiones. Pero lo cierto es que las autoridades autonómicas tienen una percepción más exacta de los daños que reciben los consumidores. ¿Merece la pena explorar la posibilidad de que las autonomías participen más activamente en esta tarea antes de que la repetición de apagones acabe con la paciencia de los consumidores?
