Presión arrolladora

Se aguardaba, desde hace algún tiempo, la moción de censura que ha proporcionado la alcaldía de El Campello al Partido Popular. La precariedad con que los socialistas gobernaban en el municipio, en alianza con el Bloc, impulsó a los populares a buscar al hombre adecuado que provocara el cambio de gobierno. Ese hombre fue el concejal nacionalista Vicente Rubio. En cuanto el Partido Popular pudo garantizar a Rubio que se mantendría al frente de Urbanismo, la partida estuvo ganada. Sólo el escándalo que originó la publicación del compromiso hizo que la decisión se pospusiera por un tiempo. Calmados los ánimos, sobrevino la moción de censura y José Manuel Varó ocupó la alcaldía de El Campello.

El espectáculo de ver a un concejal traicionando a su partido y a los electores que le votaron no es inusual en la Comunidad Valenciana. Precisamente por su frecuencia, estas acciones sorprenden menos cada día, y no nos extrañaríamos si alguna vez presenciásemos la subasta pública de un concejal. De hecho, es lo que ha estado a punto de suceder en El Campello en esta ocasión. De nada han servido los pactos contra el transfuguismo porque son unos pactos que los partidos firmaron sin voluntad de cumplirlos, como tan a menudo sucede en la política. Detrás del suceso está, como todos sabemos, la presión arrolladora que ejerce la construcción sobre los municipios.

La construcción se ha convertido, en los últimos años, en la primera industria de la Comunidad Valenciana y hoy es la principal fuerza que mueve la política. El poder de los constructores sobre los ayuntamientos es, sencillamente, irresistible. La construcción mueve las voluntades de los concejales, silencia a los alcaldes, obtiene su complicidad para modificar los planes de urbanismo según convenga. Toda esta situación ha sido, sino alentada, consentida tácitamente por el Gobierno, que defiende los intereses de los constructores convertidos en los grandes creadores de empleo de la Comunidad. A los ayuntamientos la construcción les ha aportado unos ingresos extraordinarios, que han acogido con los brazos abiertos y sin medir las consecuencias de su acción.

Esta entrada masiva de dinero ha alterado profundamente la vida municipal al suprimir las diferencias que pudieran darse entre ayuntamientos de distinto signo político. Hoy es prácticamente imposible distinguir un municipio gobernado por el Partido Socialista de otro donde gobierna el Partido Popular. Los efectos de este fenómeno han afectado más gravemente, en mi opinión, a los socialistas, pues su ideología ha desaparecido absorbida en la vorágine de la construcción. Uno diría que a los dirigentes del socialismo les ha faltado, en este caso, capacidad y coraje para enfrentarse a un problema que requería su intervención. Al inhibirse, los socialistas han permitido que se afiance en la sociedad la idea de que es indiferente quien gobierne.

Ante la intensidad que ha alcanzado la colaboración de los políticos con los constructores, los ciudadanos han comenzado a reaccionar, pues se sienten amenazados. Es cierto que, hasta ahora, lo han hecho tímidamente, pero el fenómeno se extiende ya a diversos puntos de la Comunidad y parece ir a más. Un día, es en Ondara donde se manifiestan los vecinos que defienden la Segaria. Otro, es en el Hondón, o en la Vega Baja. Al siguiente, se protesta en Biar. La mayoría de estas acciones se producen al margen de los partidos, sin contar con su intervención.