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Entrevista:RAFAEL RIBÓ | 'Síndic de greuges'

"Somos los que tenemos más quejas pero menos recursos de todo el Estado"

En sus 23 años como diputado en el Parlament (de 1980 a 2003, con un paréntesis de dos años, cuando fue diputado a Cortes), Rafael Ribó ejerció un implacable control sobre los sucesivos gobiernos de CiU. El ex líder del PSUC y de IC, apartado de la política activa desde su nombramiento como síndic de Greuges, el pasado mes de junio, sigue fiel a su estilo incisivo en su nuevo cargo. Durante su toma de posesión, Ribó advirtió de que quiere ser un síndic "temido" por las administraciones.

Pregunta. ¿Cree que su antecesor, Anton Cañellas, no fue lo suficientemente duro ante los incumplimientos de las administraciones?

Respuesta. Yo añadí algo más a la frase de que quería ser un síndic temido. Dije que quería que desde esta institución se contribuyera a solucionar los problemas de la gente y, por tanto, tendríamos que contar con la colaboración de la Administración para mejorar el trato de ésta hacia la gente. Y agregué que en el caso de que ésta no colaborara, haría lo que me toca hacer: tirarle de la oreja. Lo dije en la línea de presentarme en mi estilo. Cada síndic ha tenido el suyo y a mí me toca en esta nueva etapa aproximarme a los ombudsman de los países más avanzados del mundo, darle mayor estilo incisivo y poner en la picota a quienes no quieran colaborar.

"Crímenes como los de L'Hospitalet no deberían frenar los permisos penitencios"
"Quiero explorar la vulneración de derechos ciudadanos por parte de empresas privadas"

P. ¿Son muchos los que no colaboran con el síndic?

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R. En el poco tiempo que llevo en el cargo me he llevado una sorpresa al observar que el principal problema no está en el incumplimiento de las administraciones, sino en unas administraciones que a veces no dan la información necesaria para poder solucionar los problemas. El principal moroso que tengo, es decir, el administrador más criticable, no es el que no cumple lo que sugiere el síndic, sino el que no le envía la información necesaria. Hay un hábito de considerar demasiado al ciudadano como una persona que recibe servicios, pero sin ver en ella a un interlocutor o a alguien a quien hay que tener la máxima consideración.

P. Se ha quejado usted de que el síndic es todavía una figura excesivamente desconocida por la ciudadanía. ¿Qué cree que ha fallado estos años?

R. Los años de funcionamiento del Síndic, 20, no son tantos. Todavía no se ha creado una cultura de la queja. Siempre hablamos de la figura mítica del ombudsman de Suecia, pero es que lleva 200 funcionando. Además, no ha habido aquí suficientes instrumentos para difundir la figura del síndic. ¿Qué pienso hacer? Pues poner a la institución más al alcance de la gente, con medidas que van desde abrir más canales de acceso al Síndic hasta auténticas campañas publicitarias.

P. Ha pedido usted más medios económicos, más personal y una nueva sede. No es poco.

R. Con las estadísticas en la mano, el síndic de Greuges es el defensor autonómico peor dotado de recursos del Estado y , en cambio, es el que recibe más quejas. Esto indica que lo que también ha fallado aquí es la falta de medios. A medida que ampliemos el campo de los derechos sobre los que queremos entrar, como el de las administraciones públicas nutridas por compañías privadas, ampliaremos el número de clientes y hará falta más medios.

P. ¿Se refiere a las empresas privadas concertadas?

R. Como están haciendo otros defensores de democracias más maduras, yo me he propuesto explorar también el terreno de los atentados a los derechos de los ciudadanos cometidos por entidades privadas concesionarias de servicios públicos, en el ámbito de la energía, los teléfonos y los servicios sociales o sanitarios.

P. Una de sus primeras actuaciones sobre el terreno ha sido una visita a la prisión de Quatre Camins. ¿Qué aportará usted a los informes que ya hizo su antecesor sobre política penitenciaria?

R. Me gustaría que el síndic pudiera hablar con fuerza del sistema penitenciario cuando hayamos terminado el programa semanal que tenemos de visitas a todos los centros de Cataluña. Los conozco porque los visité como parlamentario, pero es diferente visitarlos ahora como síndic. Puedo avanzar que hay unas características que no serán el esqueleto central del informe que elaboraremos, porque ya son muy conocidas: hacinamiento, una legislación que ha creado auténticas bolsas de pseudocadenas perpetuas, sin redención posible de pena, y falta de infraestructuras más humanas y de políticas y de reeducación y reinserción. En febrero, espero presentar un informe con la voluntad de añadir argumentos de autoridad a un problema al que la sociedad da la espalda: por ejemplo, puede haber en un centro penitenciario largas colas de reclusos que quieren trabajar y que no pueden hacerlo porque el centro no está suficiente habilitado con talleres o porque no hay empresas en el mercado laboral que se fien del trabajo hecho en la cárcel. Y aquí pediré una corresponsabilidad de todos.

P. ¿Y qué dirá sobre el tema de los permisos penitenciarios, un tema de actualidad tras los crímenes de L'Hospitalet?

R. La historia de L'Hospitalet no debería obstaculizar la política de permisos penitenciarios, sino fortalecer las políticas de reinserción y reeducación.

P. Otra de las actuaciones de oficio que ya ha emprendido es sobre sanidad. ¿En qué sentido está trabajando?

P. En el de recomendar la universalización del sistema sanitario, como manda la Constitución. Es absurdo que hoy una persona empadronada en Cataluña tenga acceso libre a la sanidad y en cambio a los que llevan toda la vida viviendo en Cataluña, pero no han pagado la Seguridad Social, se les niega este derecho. Trabajaremos para una mejora de la sanidad pública, y pondremos énfasis en las condiciones en las que trabajan sus profesionales, una cuestión que se había olvidado hasta ahora.

P. Ha anunciado más informes monográficos. ¿Qué hará para que se traduzcan en acciones concretas en favor de los derechos de los ciudadanos?

R. Me gustaría que el Parlament se hiciera más corresponsable de la tarea de garantizar los derechos. Hasta ahora, el Parlament escuchaba una vez al año al síndic, que leía un informe extensísimo sin que normalmente se sacara ninguna conclusión legislativa, ejecutiva ni administrativa. Yo pediré más comparecencias en el Parlament para hacer propuestas normativas y la posibilidad de emitir informes sobre los proyectos y proposiciones de ley en materias de mi competencia.

P. ¿Cómo se siente al haber dejado la política activa después de tantos años?

R. En 2000 di un paso muy convencido: cumplí mi promesa de dejar la dirección de Iniciativa. Intenté, y conseguí, distanciarme de aquella tentación de dejarlo y no dejarlo. Ya con la perspectiva de reincorporarme de lleno a la vida universitaria me propusieron para este cargo, lo que fue para mí un gran honor.

P. Algunos de los nombramientos que ha hecho de sus colaboradores tienen un claro perfil político. ¿Es el peaje que ha pagado para ocupar el cargo?

R. Cuando me nombraron avisé de que nadie se confundiera, que no iba a ocupar el cargo para jubilarme sino a activar la institución y que no iba a admitir ningún tipo de presión partidista. Es cierto que algunos empezaron a sugerirme nombres para colocar como cuotas de partido en la institución, pero puedo decir con la cabeza bien alta que en todos los nombramientos he dado prioridad al perfil técnico y las capacidades del candidato. Si hubiera tenido servidumbres no habría nombrado a un hombre destacado del único grupo que no me votó como síndic [Ignasi García Clavel, director de Servicios Penitenciarios con CiU].

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