Barberá se resiste a ceder el control de la Copa del América

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, destacó ayer tras reunirse con el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, que "hay absoluta cercanía y acuerdo" sobre la Copa del América. El ministerio también subrayó que no hay discrepancias de fondo. El acuerdo para crear una sociedad estatal y relanzar el Consorcio Valencia 2007, sigue pendiente ante la posición de la alcaldesa, Rita Barberá, que pugna por el control sobre el proyecto.

El acuerdo global en torno a la Copa del América sigue pendiente, como hace dos semanas, de algunos flecos y del encaje jurídico-administrativo de la sociedad estatal que impulsa el Gobierno socialista para ejecutar las obras de la Copa del América y el Consorcio de las tres administraciones. Barberá, quien aseguró su "voluntad" para cerrar el pacto tras entrevistarse el 30 de septiembre con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, mantiene su desacuerdo en torno al control de los organismos que desarrollarán el proyecto. La alcaldesa, además de seguir en la presidencia del Consorcio, quiere decidir el nombramiento del nuevo director general, que sustituirá a José Salinas, y se resiste a que el Gobierno central, que es el que se hace cargo de toda la financiación de las obras del evento, controle el organismo, en el que aboga por que Generalitat y Ayuntamiento, del PP, sumen el 50%, según explican fuentes gubernamentales. Barberá también pretendía un reparto "paritario" en la sociedad estatal que ejecutará las obras con financiación exclusivamente estatal a través de préstamos por 500 millones de euros del Instituto Oficial de Crédito.

El Ejecutivo socialista, mientras, considera necesario que el Consorcio se despolitice, con una presidencia no ejecutiva y un director general que responda ante las tres administraciones que lo integran. El funcionamiento del Consorcio se ha demostrado "ineficaz" y se han producido "notables incumplimientos de carácter menor" en su gestión, lo que ha provocado malestar en la empresa suiza ACM, propietaria de los derechos de la competición. Por ello, el Gobierno pretende que se "profesionalice" la gestión del Consorcio.

El Ejecutivo, en el marco de las negociaciones, ya ha mostrado su acuerdo con que se ejecute el Balcón al Mar en la dársena interior tras las regatas de 2007, un proyecto de Barberá sobre suelo mayoritariamente del Estado que permitiría pagar una parte de las inversiones necesarias para la Copa. Y también está dispuesto a abordar obras en Valencia pedidas por la alcaldesa -que solicitó actuaciones estatales por 600 millones de euros- y que no atañen directamente a la competición. Además, el Gobierno aceptaría que el Ayuntamiento aumente su endeudamiento, ya al límite de la necesaria autorización ministerial para incrementarlo, con el fin de abordar actuaciones de cara a 2007.

A pesar de las discrepancias para cerrar la negociación, el presidente Camps, que ya dio su apoyo a los planes del Gobierno, volvió ayer a mostrar su confianza en el acuerdo, y sin entrar en más detalle, afirmó: "En muy pocas horas, tendremos ocasión de tomar algunas decisiones para que las obras previstas no sólo se inicien, sino que estén en el tiempo que correspondan". La Generalitat ve necesaria la creación de la sociedad estatal para desbloquear las obras pendientes y acepta la salida de Salinas.

En relación con otros temas, Camps destacó tras su entrevista con Solbes la "excelente predisposición" del vicepresidente para encontrar una solución a la financiación de la sanidad. Además, subrayó el compromiso de Solbes de acelerar inversiones en infraestructuras, para las que Camps espera un aumento en los presupuestos. El presidente pidió más inversiones en alta velocidad, aeropuertos, puertos y autovías. Las infraestructuras previstas por el Estado, una vez realizadas, rondan los 10.000 millones de euros. Por su parte, el ministerio aseguró que prestará "la máxima atención a las peticiones de inversión" de la Generalitat.