Una reforma imprescindible

La reforma de la regulación de los medios de comunicación audiovisual de titularidad pública sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema democrático. Es algo ya inaplazable, no sólo porque las normativas vigentes han quedado absolutamente obsoletas, sino porque cada vez está más claro que no sirven para asegurar la calidad y eficiencia económica y social exigible siempre en un servicio público. Basadas en el Estatuto Jurídico de Radio y Televisión de 1980, aún en los inicios de nuestra transición democrática, es obvio que dichas normativas han quedado superadas tanto por los decisivos cambios que desde entonces se han producido como consecuencia de los constantes avances tecnológicos y de las importantes modificaciones del mercado nacional e internacional del sector, como a causa de la profunda transformación política que se ha desarrollado en España, al pasar de una estructura radicalmente centralista al actual Estado de las autonomías, miembro, además, de la Unión Europea. Nada queda ya del panorama radiofónico y televisivo de la España de 1980, basado en un sistema poco menos que monopolístico y casi autárquico.

Hay que abordar la reforma de la regulación de los medios de comunicación públicos

No obstante, con ser muy importantes todos estos cambios, lo son aún mucho más los que se derivan de la constatación unánime de la ineficiencia de la legislación actual para asegurar la existencia de unos medios de comunicación audiovisual que respondan de verdad a su condición de servicio público. Esto, que es evidente en el caso de RTVE, lo es también en el de la CCRTV y de las restantes empresas de radiotelevisión autonómicas, así como en las de titularidad municipal. Si un servicio público de estas características debe ser un referente de calidad que garantice el acceso universal y gratuito a una información libre, veraz y plural, que promueva tanto el compromiso cívico y democrático de la ciudadanía como la divulgación y socialización del conocimiento, a la vista está que la legislación actual no sirve para ello.

La reforma puesta en marcha por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, que en Cataluña corre paralela a la anunciada por Pasqual Maragall, deberá basarse, en primer lugar, en la adopción de un sistema de financiación equilibrado y estable, mediante los correspondientes contratos programa plurianuales que resuelvan los muy elevados déficit heredados y que al mismo tiempo garanticen la viabilidad económica de un servicio público eficaz y de calidad. En este sentido harían bien los legisladores en tener en cuenta que, probablemente mucho más pronto que tarde, la única fuente de financiación de los servicios públicos de radiotelevisión deberá ser ya, por mandato expreso de la Unión Europea, exclusivamente pública, y por tanto sin poder acudir al recurso de los ingresos derivados de la publicidad. Y harían muy bien en condicionar esta financiación únicamente pública a unas exigencias de calidad en los contenidos de la programación y de eficiencia en la gestión empresarial, esto es, en la rentabilidad social.

Evidentemente, todo ello debe pasar por un protagonismo mucho mayor de los profesionales que trabajan en estos servicios públicos, que deben ver claramente reconocidos sus estatutos y comités profesionales y consejos de redacción, así como sus derechos a disponer de su cláusula de conciencia, su código deontológico, sus derechos de autor... Pero todo ello, como escribía Vicenç Navarro el 21 de julio en estas páginas, no debe convertir a estos profesionales en los exclusivos responsables de estos medios, que por su titularidad pública deben ser dirigidos en cualquier caso por los legítimos representantes democráticos de dicha propiedad, que no es otra que el conjunto de la sociedad.

Ello nos lleva a constatar la cada vez más imperiosa necesidad de una nueva regulación de los sistemas de elección de los máximos responsables de las radiotelevisiones públicas, sea cual sea su ámbito territorial de actuación. Con el inequívoco reconocimiento de todos los derechos y deberes ya citados para los profesionales de estos medios públicos, éstos deben quedar ya definitivamente desgubernamentalizados por completo, para dejar de ser poco menos que meros instrumentos al servicio de la propaganda política del gobierno de turno y ser auténticos servicios públicos, fiel expresión de la compleja pluralidad de cualquier sociedad.

Conviene tener muy en cuenta, no obstante, que para que unos medios de comunicación públicos hasta ahora muy gubernamentalizados dejen realmente de serlo, resulta imprescindible proceder a la adopción de medidas que realmente garanticen la independencia de los medios, tanto ahora como en el futuro. Una independencia que está claro que no sólo es exigible respecto a los gobiernos actuales, sino también en relación con sus predecesores, y que en cualquier caso debe fijar unos criterios que garanticen que las sucesivas expresiones de la libre voluntad popular, expresada siempre democráticamente en las urnas, sean tenidas en cuenta en los contenidos de las programaciones, para que éstas respondan a las sensibilidades socialmente mayoritarias, con pleno respeto para los intereses legítimos de las diversas minorías, aunque muy a menudo éstos puedan ser contradictorios.

Para que todo ello sea posible, para que en definitiva dispongamos de una vez de unos medios de comunicación públicos plenamente dignos de este nombre, sus órganos de dirección, administración y gestión deben ser de elección democrática de personas de reconocido prestigio, mediante mayorías cualificadas, con mandatos superiores a los legislativos y con un riguroso sistema de incompatibilidades profesionales. Estos máximos responsables, de acuerdo con los profesionales de los medios, deben ser los garantes democráticos no sólo de la efectiva y plena desgubernamentalización del servicio público sino también de que éste, como Vicenç Navarro reivindicaba en su reciente artículo, responda con la máxima fidelidad posible a las lógicas demandas que la sociedad formula al servicio público, sin que éste deba caer por ello en la dictadura de las audiencias.

Un servicio público de radiotelevisión digno de este nombre en ningún caso debe guiarse fundamentalmente por criterios de audiencia, pero debe responder a las siempre cambiantes y muy diversas sensibilidades sociales, mediante una gestión eficiente y rigurosa de los caudales públicos que en todo caso garantice la necesaria rentabilidad social del servicio público.

Jordi García-Soler es periodista.