Porteños y saguntinos

El Puerto de Sagunto no es como Pilar de la Horadada, independizada de Orihuela; no es San Antonio de Benagever, que se segregó de Paterna; ni tampoco es San Juan de Moró, localidad castellonense que hizo lo propio con Vilafamés. Estos son algunos ejemplos valencianos en los que poblaciones pequeñas que se sintieron discriminadas por las mayores prefirieron seguir su propio camino. En el Puerto saguntino ocurre a la inversa: es un núcleo poblacional creado a partir de la industria siderúrgica de principios del siglo XX, con una idiosincrasia particular forjada por la inmigración y que dista un par de kilómetros de la población matriz, Sagunto, de origen rural y agrícola y con un pasado histórico milenario.

La secesión dejaría al Puerto todo el suelo industrial y a Sagunto, monte protegido

El pleno municipal votará el expediente de segregación el próximo septiembre

En la capital de la comarca valenciana de Morvedre, desde hace dos legislaturas la asociación vecinal Iniciativa Porteña (IP) ha resucitado un poso de sentimiento segregacionista que se remonta a 1927 y ha presentado una propuesta para emancipar el área portuaria, donde habita casi el 60% de la población del municipio. El Puerto, además, acumula la práctica totalidad de la industria, así como la mayoría del sector de servicios.

"Los porteños vamos por el cuarto intento segregacionista. En 1927 éramos los pequeños. Hoy concentramos a la mayor población, que es de fuera (Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía). Tenemos una identidad propia, pero seguimos estando discriminados como al principio. Sólo quedan dos alternativas: o nos segregamos o absorbemos al pueblo", explica tajante el concejal Jaime Goig, uno de los tres ediles que Segregación Porteña, la formación que representa en el Ayuntamiento de Sagunto a los 1.500 porteños asociados a IP. Para Goig, la convivencia de los dos núcleos en un mismo municipio es incompatible: si el Puerto acabara succionando al pueblo original, "los saguntinos solicitarían la segregación de los porteños. Eso está muy claro", sentencia.

Y los ciudadanos serán los primeros en opinar. Hace apenas unos días, el Ayuntamiento sacó el expediente a exposición pública para que los saguntinos aleguen lo que crean y los 22 ediles pertenecientes al resto de grupos municipales, y contrarios a la segregación, puedan debatir la propuesta en el primer pleno municipal de septiembre.

En su iniciativa, IP propone que el nuevo municipio del Puerto se quedé con el 40% del término municipal actual, que engloba la práctica totalidad del suelo industrial. Como aval, la agrupación segregacionista ha presentado unas 14.200 firmas de apoyo recabadas a lo largo de cuatro años, según el Departamento de Informática municipal, que descartó casi unas 6.000 de ellas. Sin embargo, los independentistas aseguran que son más de 16.300 los firmantes mayores de edad que apoyan la segregación, un número levemente superior a la mitad del electorado empadronado en el área porteña. Esto ha propiciado una polémica provocada por la vaguedad de la ley sobre segregaciones municipales: en ella se establece que una población podrá iniciar un proceso de independencia tras reunir las firmas de la mayoría de los empadronados en la zona afectada. Es decir, la firma de un niño de siete años podría ser tan válida como la de una personas con 55.

El siguiente paso, valgan o no las firmas, y después de que el pleno consistorial establezca su posición, es el pronunciamiento de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas.

La propuesta, que debe además garantizar por ley la pervivencia económica y social de las dos hipotéticas nuevas ciudades, dejaría sin muchas posibilidades de crecimiento a ambas poblaciones, en opinión del gobierno de coalición de Sagunto (PSPV, Esquerra Unida y Bloc Nacionalista) y el partido más votado, el PP. La alcaldesa socialista, Gloria Calero, señala cuidadosamente que "toda propuesta es legítima", pero la apuesta del equipo de gobierno y la oposición, 22 ediles contra los tres de IP, es la de tener "una ciudad multicultural de 60.000 habitantes con mayor peso que dos de 40.000 y 20.000 ciudadanos".

Alfredo Castelló, concejal popular, critica también que la segregación dejaría a los hipotéticos nuevos municipios sin posibilidad de crecimiento: "Sagunto se quedaría con una agricultura y patrimonio cultural fuertes y sin servicios e industria, además de no tener posibilidades de crecimiento", ya que el suelo que la propuesta de IP le depara es monte protegido. El Puerto, por su parte, "se queda con nada de agricultura y casi todo el sector de servicios y el suelo industrial", remata Castelló. "Tampoco IP puede quejarse de que se haya discriminado", aduce este concejal de origen porteño: "Cuando el PP estuvo en el Gobierno se ingresaron entre 700 y 800 millones de las antiguas pesetas en pluviales para el Puerto, por poner un ejemplo. La población actual es industrial y agrícola. No tiene sentido trazar una raya a posteriori después de muchos años de planificación de las distintas áreas, ambas se complementan".

Que el Ayuntamiento ha favorecido el desarrollo industrial del Puerto es algo que Goig, que presentó junto al expediente dos estudios que garantizan la viabilidad económica de dos municipios independientes, no comparte. A su parecer, el auge del Puerto se debe al esfuerzo de la población inmigrante y la iniciativa privada de las antiguas empresas de Sierra Minera y Altos Hornos del Mediterráneo, de capital vasco. Es precisamente el edificio de la gerencia de estas empresas, una de las muchas construcciones que recuerdan el origen de la población portuaria y que permanecen desatendidas por el Ayuntamiento, el que Goig propone como futuro consistorio porteño. La dejadez consistorial ante importantes ejemplares de arquitectura industrial lleva a Goig a decir que el consistorio no hace nada por el Puerto y que cualquier actividad administrativa debe hacerse en el casco antiguo. No obstante, si se echa un vistazo en los alrededores del núcleo portuario se observan las dependencias de la Guardia Civil y la Policía Nacional, una tenencia de alcaldía y varios departamentos municipales, el hospital y la estación de autobuses, entre otros servicios.

Segregación o no, desde hace dos legislaturas, Sagunto vive un debate que renace cada cierto tiempo entre dos núcleos poblacionales de identidades diferentes pero obligados a entenderse. La carretera que les separa es el único espacio en el que ambos núcleos pueden crecer, algo tan visible como el hecho de que las partes implicadas están dispuestas a enfrascarse en futuros litigios, al margen de la opinión de Consejería. De momento, son los segregacionistas los que se han adelantado y han contratado los servicios de un gabinete de abogados especializado en estas cuestiones y que, en 1989, llevó a Salou a segregarse del municipio tarraconense de Vila-Seca. En aquella ocasión, fue el núcleo con mayores posibilidades el que se alejó de la población matriz.