El aumento de la demanda pone a prueba la red de distribución de las compañías eléctricas

La red de distribución eléctrica de media y baja tensión está al límite en las zonas en las que la demanda crece de forma más intensa. Son alrededor de dos millones de kilómetros de cable, con subestaciones y transformadores, que literalmente estallan cuando la demanda se dispara en un punto concreto. Las empresas invirtieron en 2003 en sus redes 1.400 millones de euros, insuficientes para mejorar la calidad del servicio. Desde hace dos años y medio, la Comisión de la Energía trata de encontrar fórmulas consensuadas para incentivar la inversión en este apartado y evitar apagones.

Los apagones que se registran en España, como el sufrido el lunes en Sevilla, no se deben a que la demanda de electricidad supere a la oferta, como sucedió en el pasado en zonas concretas. En ello coinciden todas las fuentes consultadas de las empresas y la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Los problemas de suministro, que se repiten en invierno y en verano en zonas concretas, se deben más bien a que la red de distribución que controlan las compañías del sector no crece y se moderniza al ritmo al que crece la demanda (6,2% en 2003).

La mejora de la economía familiar, que se traduce en más aire acondicionado en verano, unida a temperaturas extremas en zonas concretas pone a prueba la red capilar por la que discurre la electricidad y a menudo, simplemente la quema. A ello se unen factores físicos, como la dilatación de los conductores por el calor, que pueden reducir hasta en un 30% la capacidad de transporte de los cables. El resultado es el apagón. No al estilo de los registrados en EE UU o en Italia, pero incómodos y caros para los usuarios (22,8 millones en toda España).

Solución, invertir

Para evitar problemas sólo hay una solución: invertir más en asegurar la calidad del suministro. Pero la normativa en vigor no obliga a las empresas, que actúan en este tema crucial de las inversiones en distribución según su criterio. Todas ellas dicen que invierten mucho y bien, y se quejan de que el actual sistema de retribución no incentiva la mejora de la red.

El sistema tarifario en vigor retribuye lo mismo a la empresa que mima su red que a la que la descuida. La CNE lleva más de dos años recabando datos para proponer una nueva regulación de la distribución, pero el documento aún no está listo. Según las empresas, en 2003 recibieron por distribuir electricidad 3.200 millones de euros cuando, según sus cuentas, para asegurar la calidad del servicio, hubieran debido ingresar en torno a 4.000 millones.

El resultado de todo ello es que, con más frecuencia de lo debido, los usuarios de grandes núcleos de población en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía se quedan sin luz. Y la queja se extiende. Tanto que, según fuentes del sector, la patronal de las eléctricas, Unesa ha decidido no hacer públicos los tiempos de interrupción (Tiepi) que daba a conocer por comunidades autónomas hasta el año pasado. La razón es que el dato encendía las protestas de las comunidades autónomas más afectadas por los apagones. Según Unesa, la no publicación se debe a que ha habido "un cambio de metodología" en los cálculos. El último dato de interrupción corresponde al año 2002 y se sitúa en torno a las 3,56 horas anuales.

Normalidad

En esta situación, desde Red Eléctrica de España (propietaria de la red de alta tensión) se destaca la "normalidad" con la que ha funcionado el sistema eléctrico español, pese a la interrupción de la interconexión con Francia.

La potencia instalada (61.223 megavatios) ha crecido en los últimos dos años en unos 4.000 megavatios, y este año está previsto que entren en funcionamiento nuevos grupos de generación de ciclos combinados (centrales que queman gas natural) por otros 2.000 megavatios.

Y es que España, según destacan fuentes de la CNE, tiene que asegurar el suministro por sus propios medios, porque el mercado interior de la energía en Europa sólo está esbozado. Los acontecimientos en Francia alejan en el tiempo la posibilidad de que España deje de ser una "isla energética" en Europa justo cuando la demanda se ha disparado.