1.200 comparecencias

Tuvo que transcurrir más de un año desde los atentados del 11-S en Nueva York y Washington para que el presidente de EE UU, George W. Bush, aceptara la creación de una comisión que investigase los errores del Gobierno y de los servicios de inteligencia antes y después de aquellos ataques terroristas. Veinte meses después, las conclusiones de esa investigación amenazan con convertirse en una lacra política para la reelección de Bush.

El 27 de noviembre de 2002, Bush anunció que estampaba su firma en la ley que creaba la Comisión Nacional Sobre los Ataques Terroristas en EE UU. Republicanos y demócratas habían repartido a partes iguales los 10 asientos de la comisión, aunque la Casa Blanca presionó para colocar como presidente al ex secretario de Estado Henry Kissinger. Aquella decisión fue muy criticada. El debate terminó cuando el propio Kissinger dimitió del cargo por incompatibilidad con sus negocios privados.

La ley que creó la comisión otorgó a sus miembros el mandato de "investigar los hechos y las circunstancias relacionadas con los ataques del 11 de septiembre de 2001". Se aclara que esa investigación debe abarcar no sólo el ámbito de los servicios de inteligencia sino también de las fuerzas de seguridad, las agencias de inmigración, los servicios de control fronterizo, la financiación de las actividades terroristas, la seguridad en la aviación comercial y "cualquier otra área" que sea determinada como relevante por la comisión.

En su redacción original, la comisión estaba obligada a entregar sus conclusiones al Congreso y al presidente de EE UU el pasado 27 de mayo, 18 meses después de la creación, pero el Congreso aprobó una extensión hasta el 26 de julio. Los cinco republicanos y cinco demócratas que forman la comisión han sido congresistas o senadores o han estado implicados con la política en Washington, como consejeros, académicos o diplomáticos.

El peor escollo de la investigación ha estado en la reticencia de la Casa Blanca a proporcionar documentos confidenciales. Se articuló un sistema de consulta que permitía a cuatro miembros inspeccionar los informes sin tomar notas, con una queja de la comisión: sólo se han entregado los informes cuya existencia era conocida.

Más de 1.200 personas han comparecido ante la comisión en 10 países. El presidente y el vicepresidente lo hicieron en privado durante un tiempo limitado y sin posibilidad de grabación. La consejera de Seguridad también quiso confidencialidad para su testimonio pero al final aceptó comparecer en público en una sesión en la que proporcionó el elemento más polémico de todas las sesiones: un documento recibido por Bush en agosto de 2001 titulado: "Bin Laden, determinado a atacar dentro de EE UU". El presidente no interrumpió sus vacaciones en Tejas.