Ruiz-Gallardón y Aguirre libran en público su mayor pulso por el control del Metro

El Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, ambos del PP, se han declarado la guerra por el control del principal transporte público de la capital: el metro. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta regional, Esperanza Aguirre, dirimen públicamente una disputa cargada de pulsos y amenazas. Manuel Cobo, número dos de Ruiz-Gallardón, confirmó ayer que si Aguirre "no rectifica" en su intento de adquirir más poder en el Consejo de Administración de Metro, el Ayuntamiento, que tiene el 75% de las acciones, sacará a esta empresa y a la EMT (autobuses urbanos) del Consorcio Regional de Transportes y asumirá en solitario la red de transporte público de la capital.

Si la ruptura se materializa hoy, se rompería la actual política de tarifas unificadas en la Comunidad de Madrid, y eso afectaría a millones de usuarios. Cobo aseguró que la escisión no repercutiría en el servicio prestado a los ciudadanos de la capital y que los distintos billetes y abonos de transportes seguirán siendo los mismos, pero sobre un eventual incremento del precio del billete se limitó a decir: "No tendría porqué subir". Los representantes de ambas adminitraciones se cruzaron duras palabras en una jornada inusitadamente tensa. Cobo proclamó: "Esperamos que alguien lleve la cordura a la Comunidad de Madrid". El consejero de Transportes, Francisco Granados, respondió: "Esas declaraciones son fruto de la precipitación. No quiero ni pensar en las consecuencias. Al final, la cordura prevalecerá".

Desde los equipos de Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, los dos del PP, se hablaba ayer de "guerra abierta" entre alcalde y presidenta. El conflicto entre ambos, más o menos disimulado hasta ahora, ha estallado por el control de la red de metro, que registró el año pasado más de 600 millones de viajes (casi dos millones de viajeros transportados cada día). La oposición teme que las peleas entre alcalde y presidenta acaben perjudicando al funcionamiento de los servicios públicos. PSOE e IU reclamaron ayer que, "si no son capaces de comportarse con responsabilidad, dimitan".

El Consorcio Regional de Transportes -que es quien decide la composición del consejo de administración del Metro- vota hoy la propuesta de Aguirre: otorgar a la Comunidad nueve consejeros sobre 16 en Metro, a costa de restarle poder al Ayuntamiento y de expulsar del organismo a los dos representantes del Gobierno central.

Votación crucial

El resultado de la votación era anoche impredecible. El Gobierno autonómico y el Ayuntamiento tienen, cada uno, cinco consejeros en el consorcio. El resto se lo reparten los representantes de otros municipios (tres consejeros), sindicatos (dos), empresarios (dos), consumidores (uno) y la representación del Gobierno central, dos consejeros que antes estaban a las órdendes del ex ministro del PP Francisco Álvarez-Cascos y ahora lo estarán a las de la ministra socialista Magdalena Álvarez. Sólo los sindicatos han advertido de que "si no hay consenso" votarán en contra de la propuesta de Aguirre.

El conflicto tiene dos frentes de batalla: el fundamental está en que la Comunidad reclama más poder porque es ella la que paga desde hace años las millonarias ampliaciones de la red y, sin embargo, sólo tiene el 25% de las acciones de Metro. El consejero Granados lo resumió así el pasado lunes: "Quien paga, manda".

El vicealcalde, Manuel Cobo, replicó ayer que esa frase "se usa en los bares", pero no debe tener cabida en la política: primero, porque "el dinero de la Comunidad de Madrid sale, fundamentalmente, de los impuestos de los ciudadanos de la capital, que son más"; segundo, porque "desde 1985, Ayuntamiento y Comunidad pagan al 50% de los costes del transporte de viajeros del metro en la ciudad de Madrid"; y tercero, porque el alcalde "no tiene ninguna intención de meterse en la ampliación de la red de metro que ha prometido Esperanza Aguirre". "No queremos decirles ni por dónde ampliar ni cómo. Sólo hablamos del control del funcionamiento del metro como operador de la red metropolitana, de cómo transportar a los viajeros, y en eso debe mantenerse el actual equilibrio de poder", insiste Cobo.

El número dos de Ruiz-Gallardón insistió en que si es necesario el Ayuntamiento sacará a Metro y EMT del Consorcio Regional de Transportes, montará su propio consorcio sólo para la capital y asumirá la gestión del transporte público en la ciudad. "Incluso, si después se puede llegar a un acuerdo con la Comunidad, Metro podría seguir actuando como operador en el resto de la red", dijo Cobo. "Eso si Aguirre no tiene otra cosa en la cabeza y quiere que sean otros los operadores", agregó el vicealcalde, en referencia a empresas privadas que podrían hacerse con la gestión del suburbano. Hay, además, otro frente abierto por la presidenta regional: su Gobierno no se fía de que los cinco consejeros de Metro que corresponden a la Comunidad pero fueron nombrados cuando Ruiz-Gallardón era presidente, sigan obedeciendo órdenes del ahora alcalde. A eso, Cobo responde: "Si quieren cambiarlos, que los cambien. ¡Es lo que hacen todos los nuevos gobiernos cuando llegan al poder! Tienen nuestro voto a favor si quieren hacerlo".