Gallardón amenaza a Aguirre con sacar a Metro y EMT del Consorcio de Transportes

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, amenazó ayer con sacar a Metro y a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) del Consorcio Regional de Transportes ante la pretensión de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, de ampliar su poder en el Consejo de Administración de Metro. La voluntad del consejero de Transportes de la Comunidad, Francisco Granados, es realizar cambios en ese organismo para "volver a dejar las fuerzas como estaban antes de las elecciones". Según la Comunidad, de los 15 miembros de ese consejo sólo tres representan a la Comunidad, frente a ocho del Ayuntamiento. El Consistorio sostiene que los números reales suponen un empate a cinco entre ambas administraciones, gobernadas por el PP, entre las que hay un claro conflicto abierto.

Granados anunció ayer que el Gobierno regional someterá mañana a votación un nuevo equilibrio de poder en el Consejo de la empresa Metro, en el que reclama una representación de hasta nueve consejeros, asumiendo para sí los dos que ahora representaban al Estado.

La Comunidad pretende incrementar hasta nueve sus representantes en el Consejo del metropolitano, ante los tres con los que dice contar, y dejar al Ayuntamiento con cuatro consejeros, uno menos de los que cuenta hoy formalmente. "Es de justicia que el que paga tenga la mayoría", proclamó el consejero al referirse al Metro, empresa que se reparten accionarialmente el Gobierno regional, con un 25%, y el Ayuntamiento, con un 75%.

Por su parte, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, dice que el Ayuntamiento sólo pretende que se mantenga el actual estatus de la empresa metropolitana. "Nosotros pedimos lo mismo que había cuando el alcalde era José María Álvarez del Manzano", agregó Cobo. Éste acusó al Gobierno regional de estar "jugando con fuego" y consideró una "equivocación" convocar a la dirección de Metro a una reunión para modificar la situación.

El conflicto anunciado entre Ruiz-Gallardón y Aguirre a cuenta del control del metro ha estallado y amenaza con hacerse extensivo a otros asuntos comunes.

La nueva pelea entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid es una cuestión de números y, por extensión, de poder. Ambas administraciones no se ponen de acuerdo en el número de miembros que cada una de ellas tiene en el Consejo de Administración de la empresa Metro SA. El consejero de Transportes e Infraestructuras, Francisco Granados, asegura que de los 15 miembros de ese consejo ocho representan al Ayuntamiento madrileño mientras que el Gobierno regional sólo cuenta con tres [el resto son representantes del Estado, sindicatos y consumidores]. Sin embargo, desde el Ayuntamiento se insiste en que el número de representantes de cada administración está equilibrado: "Cinco cada una".

Según el Ayuntamiento, sus representantes en el Consejo de Administración son Manuel Melis, presidente de Metro; Pedro Calvo Poch, concejal de Seguridad; Mireya Corredor, delegada de presupuestos de la Concejalía de Hacienda; Jesús Mora de la Cruz, secretario técnico de la Concejalía de Seguridad, y Fernando Autrán, delegado de servicios a la comunidad de la Concejalía de Seguridad.

El consejero de Transportes, añade a esa lista como representantes del Ayuntamiento a José Ignacio Iturbe, director gerente de la Empresa Municipal de Transportes; Ildefonso de Matías, director gerente de Metro, y a José Ruiz Merino, director de calidad de Metro. Desde el Ayuntamiento se niega que estos nombres representen al Consistorio. De José Ignacio Iturbe aseguran que "forma parte del consejo de administración por ser el consejero delegado del Consorcio Regional de Transportes, algo que exige el estatuto del Consejo de Administración de Metro". De los otros dos, aseguran que son "representantes de Metro, no del Ayuntamiento". Pero desde el Gobierno regional se asegura que éstos fueron nombrados mientras el alcalde Ruiz-Gallardón compaginaba ese puesto con el de presidente en funciones de la Comunidad.

Baile de números

El Consejo de Administración de Metro debe estar formado por un máximo de 16 miembros y un mínimo de 4. El vicealcalde, Manuel Cobo, asegura que "el último acuerdo que data de 1997 para la configuración de este consejo establece que tanto Ayuntamiento como Comunidad han de tener el mismo número de representantes, es decir, cinco". Sin embargo, el consejero Granados afirma que: "Antes de las elecciones de octubre, la composición del consejo tenía una proporción de siete representantes de la Comunidad y cuatro del Ayuntamiento, y es así como queremos volver a dejar las cosas". El consejero propuso además que pasen a representar a la Comunidad los dos representantes de la Administración central que se prevé estén presentes en el consejo (una de estas plazas está vacante). Así, la propuesta de Granados es hacerse con nueve miembros en el consejo, cuatro serían del Ayuntamiento, dos de los sindicatos y uno de los consumidores.

Granados ha convocado para mañana una reunión del Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes, encargado de elegir al consejo de Metro, para que la situación cambie. Si finalmente la Comunidad logra destituir a esos miembros del consejo que, para ellos, representan al Ayuntamiento, el alcalde asegura que retirará a Metro del Consorcio Regional de Transportes.

Según Granados, el objetivo de esta modificación es adecuar la representación de la Comunidad de Madrid a la realidad de los últimos años, cuando el metro ha crecido dentro y fuera de la capital, así como los motivos económicos, puesto que las ampliaciones las financia al 100% el Gobierno regional.

De cumplir su amenaza, las cosas podrían cambiar drásticamente para los planes de Aguirre sobre el metro. Si Metro sale del Consorcio Regional de Transportes y se rompe el pacto sobre los derechos políticos cedidos a la Comunidad, Granados, tendría que negociar con el Ayuntamiento la futura ampliación de más de 70 kilómetros de red prometida por Aguirre, puesto que el Ayuntamiento posee el 75% de las acciones de Metro. Incluso tendría que consensuar el nombre de las empresas con las que se harían efectivas estas obras.

Aguirre justifica la pretensión de la Comunidad argumentando que el Consorcio Regional de Transportes es "la junta general de accionistas de Metro y en su inmensa mayoría se sufraga con presupuestos de la Comunidad". Las aportaciones económicas al Consorcio Regional ascienden a 886 millones de euros, de los que 540 millones son allegados por la Comunidad, 187 millones por el Ayuntamiento de Madrid y el resto por otras administraciones.

El vicealcalde Cobo asegura: "Quien quiere cambiar el estatus del Consejo de Administración de Metro es la Comunidad de Madrid... y se equivoca". El vicealcalde afirma: "Será la Comunidad quien deba explicar por qué quiere cambiar la situación y rebajar al Ayuntamiento su número de consejeros en Metro. Tendrá que explicar qué le hace sentirse incómoda con una situación que nosotros queremos dejar como estaba desde los tiempos de Joaquín Leguina" (ex presidente socialista de la Comunidad).

Aguirre aseguró que estos reajustes previstos en el Consejo de Administración de Metro no incluyen el relevo del actual presidente de la empresa, Manuel Melis, ni de ningún otro alto cargo de la compañía, cuya labor aplaudió.

Sin embargo, la presidenta del Ejecutivo autonómico insistió en que le parece "una anomalía" que el Gobierno madrileño "esté en minoría" en el Consejo de Administración de Metro. "Ésa es la razón", añadió, "por la que creemos que es natural, como siempre ha ocurrido, que la Comunidad pueda tomar las decisiones en esta compañía".