PP y PSPV alcanzan un pacto sobre las basuras en Castellón y Blasco pretende extender el modelo

La inclusión de tres comarcas (Plana Baixa, Alto Palancia y Camp de Morvedre), con 54 municipios y dos provincias (Castellón y Valencia), afectadas en el plan delimitado por la Generalitat como Zona III, ha estado a punto de provocar la ruptura del llamado "pacto de las basuras" que buscaba el consenso, y un nuevo retraso en la solución del problema. Finalmente, PP y PSPV llegaron ayer al acuerdo de que el pliego de condiciones para la adjudicación de las obras de las plantas especifique la construcción de dos plantas de tratamientos de residuos sólidos urbanos, ubicadas en cada una de las provincias. El PSPV había exigido la inclusión de esta especificación explícita en el pliego, mientras que el PP alegó problemas jurídicos.

Así, el consorcio, presidido por el vicepresidente de la Diputación de Castellón, Vicent Aparici, solicitó a la Consejería de Territorio, dirigida por Rafael Blasco, informes técnicos y jurídicos que sostuvieran la legalidad de especificar la ubicación de dos plantas, pese a que esta medida no viene reflejada en el plan zonal. La modificación del pliego ha obtenido el visto bueno y ayer el consorcio aprobó la variación con lo que, tras su redacción definitiva, en menos de dos meses se podrá proceder a la adjudicación de las obras. Junto a ésta, se aprobó también modificar la baremación para primar las ofertas de menor coste, cuestión que repercutirá en el precio que habrán de pagar los vecinos. Tanto Aparici, como el alcalde de Almenara, Vicent Gil (PSPV), se mostraron satisfechos con la resolución.

En Valencia, el consejero Rafael Blasco, tras valorar "este gran pacto entre las administraciones valencianas", mostró su disposición a trasladar a toda la Comunidad Valenciana el acuerdo alcanzado en materia de residuos en la provincia de Castellón. A la planta acordada ayer en la Zona III se une la proyectada en la Zona I (norte de Castellón), que se construirá en el municipio de Cervera, una ubicación que, según Blasco, cuenta con el aval técnico de la Universidad Jaume I.

El gobierno del PP, tras nueve años de gestión y dos planes marco aprobados -el Plan de Residuos de 1997 y la ley de 2000- no ha logrado solventar este problema. La Consejería de Territorio se ha visto obligada incluso a realizar algunas modificaciones ante el retraso en la construcción de plantas y vertederos a lo largo de todo el territorio. Todavía está pendiente el acuerdo para la ubicación de estas plantas en 15 zonas distribuidas por toda la geografía.