Zapatero estudia el reparto de inmigración entre Interior y Trabajo

José Luis Rodríguez Zapatero mantiene su promesa de crear, a lo largo de esta legislatura, una Agencia Española de las Migraciones que centralice competencias ahora repartidas entre varios ministerios. En tanto se tramita la ley que debe configurarla, la Secretaría de Estado para la Inmigración, que pasará del Ministerio del Interior al de Trabajo, impulsará la "gestión migratoria integral" prometida por el próximo presidente del Gobierno.

María Teresa Fernández de la Vega y Jesús Caldera, futuros vicepresidenta primera y ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, respectivamente, han acordado reunirse en los próximos días para definir las competencias del organismo. La tarea más urgente consistirá en decidir qué competencias permanecen en Interior y cuáles pasan a Trabajo. Parece obvio que el primero de estos departamentos retendrá la lucha contra las redes de tráfico de personas y, tal vez, la expedición de los permisos de residencia.

La Secretaría de Estado asumirá, según los primeros esquemas, las responsabilidades del diseño y gestión de las políticas de admisión de inmigrantes. También coordinará con las comunidades autónomas las políticas de integración, de sanidad, de vivienda y de educación, que son competencia de las autonomías pero que se ven afectadas por la política migratoria del Estado.

El traslado de la Secretaría de Estado desde el Ministerio del Interior al de Trabajo devuelve a este último competencias que le fueron arrebatadas por el Gobierno del PP en mayo de 2000. La derecha justificó aquel cambio, que supuso un enfoque policial de la inmigración, con una explicación muy similar a la que ahora ofrece el PSOE para hacer lo contrario: la necesidad de coordinar las competencias repartidas entre los departamentos de Interior, Exteriores, Trabajo, Justicia y Asuntos Sociales.

La decisión socialista ha sido bien recibida por los consejeros responsables de varias comunidades autónomas, salvo por los de aquellas cuyo Gobierno ocupa el Partido Popular.

"El cambio de adscripción es una excelente noticia, porque nos aleja de la concepción de la inmigración como un asunto exclusivamente de orden público", afirma la secretaria para la Inmigración de la Generalitat de Cataluña, Adela Ros. "Esta medida debe permitirnos avanzar hacia una verdadera política de inmigración en su triple perspectiva: la ordenación de los flujos migratorios, las nuevas necesidades en política social y la integración". La consejería de Bienestar y Familia, de la que depende Inmigración en el tripartito catalán está en manos de Esquerra Republicana de Catalunya.

De "gesto positivo" califica el traslado el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Javier Madrazo, de Izquierda Unida, aunque considera que "ha de venir acompañada de iniciativas valientes, orientadas a la derogación de la actual Ley de Extranjería".

Distinto es el criterio de la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Águeda Montelongo, del PP. "La valoración desde un territorio fragmentado y tan cercano a Marruecos como Canarias no puede ser positiva. Interior ha venido realizado una labor vital en la lucha contra la inmigración irregular".