Un juez indaga si el equipo de Manzano adjudicó ilegalmente un contrato millonario

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 ha citado a declarar al anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano, y a los ex concejales del PP Elena Utrilla (hoy diputada autonómica), Mercedes de la Merced (candidata a diputada en los comicios del próximo domingo) e Ignacio del Río. Ninguno de los cuatro está acusado aún de nada, pero el juez los citó el pasado enero como parte de las diligencias previas que instruye sobre una denuncia que el PSOE presentó ante la fiscalía y ésta remitió al juzgado para que investigue.

El grupo socialista acusa a los ex ediles de cometer presunta prevaricación cuando adjudicaron, en julio de 2002, un contrato millonario de instalación y mantenimiento de soportes horarios y publicitarios a la firma Planigrama, propiedad de la empresa francesa Decaux. Según sostiene el PSOE, la entonces concejal de Obras, Elena Utrilla, y los tenientes de alcalde Mercedes de la Merced e Ignacio del Río intervinieron en el proceso de adjudicación para perjudicar a la empresa que había sido mejor puntuada por los técnicos, Publimedia, y beneficiar a la que iba en segunda posición, Planigrama, que finalmente se hizo con el contrato: 84 millones de euros en 14 años -1.000 millones de pesetas al año- por instalar y conservar 530 soportes publicitarios (indicadores de hora y temperatura y pantallas informativas que, a la vez, sirven de soporte para publicidad).

Nada más hacerse con el contrato, Planigrama fue comprada por Decaux, que hasta ese momento sólo tenía un 49% del capital y que, según la edil del PSOE Marta Rodríguez Tarduchy, "ya había pactado con Planigrama esa compra en caso de ganar el concurso, y el gobierno municipal lo sabía". Decaux gestiona otro de los contratos polémicos del Ayuntamiento, el de los chirimbolos.

Paz González, edil de Medio Ambiente del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, decidió ayer iniciar los trámites para anular el contrato adjudicado en 2002 a Planigrama. La razón oficial es que la empresa "aún no ha instalado ni uno solo de los soportes publicitarios que prometió, porque de hecho ganó el concurso con una oferta tecnológica inaplicable".

Ni Mercedes de la Merced ni Elena Utrilla quisieron hacer declaraciones, aunque tanto ellas como Del Río subrayaron que no han sido "imputados" por el juez. Este periódico no logró contactar con Álvarez del Manzano.

Planigrama se presentó al concurso en convenio con la empresa de comunicación Madritel, que debía encargarse de la parte técnica en el proceso de instalación y mantenimiento de los 530 soportes publicitarios. Un sistema de transmisión que, al ir por cable, obligaba a abrir varios kilómetros de zanjas en la capital. Pero ha pasado año y medio y en las calles de Madrid están plantados aún los viejos soportes, relojes e indicadores de temperatura anteriores a 2002, muchos de los cuales se han roto y han tenido que ser retirados por el Ayuntamiento en las últimas semanas.

"El problema es que Madritel se convirtió en Auna, Planigrama fue retrasando el asunto y ahora propone utilizar un sistema tecnológico diferente y mucho más moderno: casualmente, el mismo que proponían sus competidoras en el concurso y que fue descartado entonces por el gobierno municipal", explica la socialista Rodríguez Tarduchy.

Ésa es la razón que esgrime la concejal de Medio Ambiente, Paz González, para iniciar el trámite de resolución (anulación) del contrato, que, según afirma, tenía decidida mucho antes de que el PSOE denunciara ayer, públicamente, el auto judicial que cita a declarar a los cuatro ex ediles del PP. "Planigrama ha incumplido el contrato porque no ha instalado ni un solo soporte en todo este tiempo. Y no los ha instalado porque su oferta incluía una formula tecnológica inaplicable. Ahora propone otro sistema, no por cable, sino por radio, que es, efectivamente, mucho mejor, pero que, de aceptarse, supondría un trato de favor frente a las empresas que fueron sus rivales en el concurso. Habría que volver a empezar", explica la edil.

González no quiere pronunciarse sobre las acusaciones de prevaricación que hace el PSOE, pero añade: "Si yo hubiera sido la responsable del departamento hace dos años, no hubiera adjudicado el contrato a Planigrama teniendo en cuenta su oferta tecnológica. Suponía demasiados perjuicios para la ciudad: siete kilómetros de zanjas y mucho retraso en los plazos".

El gobierno municipal tiene ahora dos posibilidades: convocar un nuevo concurso o instalar los indicadores horarios y de temperatura y las pantallas informativas en otro tipo de soporte publicitario gestionado por otra empresa o por el propio Ayuntamiento, por ejemplo en las marquesinas de los autobuses.

La supuesta prevaricación que el PSOE atribuye al ex alcalde y a sus entonces concejales Utrilla, De la Merced y Del Río consiste en lo siguiente: en diciembre de 2000, el Ayuntamiento convocó el concurso para renovar el contrato de instalación y mantenimiento de los indicadores de hora y temperatura y las pantallas que dan información municipal. Esos soportes, 530 en total, estarían autorizados a llevar publicidad, y ahí estaba el verdadero negocio para la empresa que resultase adjudicataria. Se presentaron cinco candidatas.

Siempre según el relato del grupo socialista, cuando ya los técnicos municipales habían emitido su valoración -que situaba en primer lugar a Publimedia y en segundo a Planigrama-, "Elena Utrilla paralizó el proceso en la mesa de contratación". "Hubo después una intervención de Mercedes de la Merced que logró subvertir la puntuación, pero la mesa de contratación la devolvió a su estado original. Finalmente, Ignacio del Río, miembro de la Comisión de Estética, otorgó a Planigrama los puntos necesarios para que ganara el concurso", concluye Rodríguez Tarduchy, que considera a Álvarez del Manzano "el director de todos estos actores". El PSOE asegura que el gobierno municipal llegó a ampliar los plazos del concurso de forma ilegal para que Planigrama pudiera entregar a tiempo su oferta, cuando las demás "ya eran públicas".

El PSOE denunció los hechos ante el fiscal del Tribunal Superior de Justicia, que el pasado noviembre remitió el escrito al Juzgado número 13 para que los investigase. Un auto de ese juzgado el 15 de enero de este año cita a declarar, los días 12 y 19 de febrero, a los cuatro denunciados, al objeto de informarles de los hechos que el PSOE, no aún el juez, les imputa.

De todas formas, esas declaraciones no van a producirse por el momento, porque, al ser Utrilla diputada autonómica, el caso debe ser derivado al Tribunal Superior. Y, si De la Merced es elegida diputada el domingo, sería el Tribunal Supremo quien tendría que hacerse cargo del procedimiento. El grupo socialista considera que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, debería personarse en la causa "en defensa de los intereses del Ayuntamiento".