La juez que investiga al ex director de Sondika llama a declarar a los compradores y vendedores de sus viviendas

La juez que investiga la presunta estafa cometida por el ex director del aeropuerto de Bilbao, Segismundo López-Santacruz, ha llamado a declarar a los compradores y vendedores de tres viviendas en las que ha habitado el imputado. La magistrada quiere conocer las cantidades obtenidas por López-Santacruz y su familia en dichas operaciones.

El ex director ha sostenido que las plusvalías logradas explican parte de los ingresos sin justificar que figuran en sus cuentas bancarias y en las de su esposa, Laura Hernández, y su madre, Ángeles Pérez Alonso. El perito nombrado por el juez ha descubierto ingresos bancarios sin justificar por valor de casi 950.000 euros. Estas cantidades aparecen entre 1997 y 2001, cuando López-Santacruz fue el máximo responsable del aeropuerto de Sondika.

En su declaración ante el juzgado del pasado año, señaló que podía explicar cerca de 338.000 euros, debido básicamente a las operaciones de compraventa de pisos en Pamplona y Getxo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, Irune Fernández Arias, solicita, en una providencia dictada el pasado día 20, la declaración de los compradores de la vivienda de López-Santacruz en Pamplona, donde también fue director del aeropuerto. Junto a ellos, incluye a los compradores de la vivienda de Getxo donde se instaló inicialmente al ocupar la dirección de Sondika y a los vendedores del inmueble que ocupa actualmente también en este municipio. El alquiler de ambos pisos los pagó AENA (el ente estatal que gestiona los aeropuertos) al ex director en concepto de vivienda, pero éste los había puesto a nombre de su madre, quien recibía el arrendamiento. Ésta es otra de las irregularidades que se investigan.

La Fiscalía del País Vasco, que realizó la acusación por los delitos de estafa, malversación de caudales públicos y falsedad de documento público, sostiene, al igual que la acusación que representa a AENA, que el ex director "ha faltado a la verdad" y ha obtenido "de terceros cantidades de dinero vinculadas a las numerosas irregularidades en la contratación".

Entre ellas, se refieren a la compra del último piso de Getxo, por el que López-Santacruz ha declarado al juez que pagó 70 millones de pesetas. Sin embargo, un documento del Banco Guipuzcoano enviado al juzgado certifica que el precio de compra ascendió a 90 millones.