La Confederación del Segura reconoce que dio agua de más a ciertas personas

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Juan Cánovas, reconoció en un oficio del 4 de julio de 2001 al que ha tenido acceso EL PAÍS, que en 1988, 1992 y 1993, cuando era máximo responsable de ese organismo Juan José Parrilla, la institución habría concedido a algunos particulares y empresas derechos de aguas "superiores a los que realmente eran objeto de aprovechamiento" según la Ley de Aguas.

Este oficio va en la misma línea de investigación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid sobre la existencia de un posible mercado negro del agua en la Comunidad murciana por el que están siendo investigados los máximos dirigentes de la Confederación del Segura. También indaga la fiscalía si varios empresarios de la región de Murcia y de Alicante se benefician del agua del Segura presuntamente de forma irregular, sin que la CHS haga nada para remediarlo.

En un oficio dirigido a la Abogacía del Estado en julio de 2001, el actual presidente de la Confederación plantea "la revisión" de las resoluciones de la CHS en las que se acordaba la inscripción en el Registro de Aguas o en el catálogo de aguas privadas y en las que se reconocían derechos de aguas privadas", ya que "en algunas de esas numerosas resoluciones se han detectado situaciones en las que los volúmenes reconocidos pudieran ser superiores a lo que realmente eran objeto de aprovechamiento a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y mediante los cuales este organismo ha podido reconocer a los interesados derechos sobre aguas privadas superiores a los que correspondían".

Los servicios jurídicos del Estado contestaron a estas preguntas realizadas en 2001 que "la administración concedente puede modificar, revocar y extinguir la concesión, así como declarar su caducidad y no autorizar la transmisión de la misma". Asimismo, "cabe la revisión de oficio para declarar los actos o resoluciones nulos de pleno derecho" y aducen que "parece, por lo demás, que este supuesto de nulidad pudiera tener aplicación a las resoluciones a que, genéricamente y sin concretar, se refiere su petición de informe" y "habría que analizar cuidadosamente caso por caso, pues a nadie escapa que esas revisiones pueden ser un semillero de pleitos".

Ante estos hechos, la plataforma Pro-Río del Segura de Orihuela (Alicante) manifestó ayer que la Confederación "reconoce que habría concedido derechos inexistentes de agua a particulares; que los actos administrativos expresos, dictados por la CHS, son nulos de pleno derecho; que pese a ello, la CHS no rectifica" por lo que, aseguran, "han venido mintiendo para ocultar esta situación, incluso en las Cortes Generales".

Pro-Río afirmó también que "la CHS reconoce su culpabilidad pero no ha ordenado la reposición de las cosas a su estado anterior, ni adoptado las correspondientes medidas cautelares para evitar este expolio" y que se ha limitado a "imponer sanciones económicas ridículas". La plataforma arguyó además que "pese a conocer que las concesiones no se ajustan a la ley, Cánovas ha optado durante toda su gestión por la mentira y la campaña difamatoria contra los colectivos" que defienden la legalidad.