Delincuentes extranjeros pagan 10.000 euros en Madrid por una falsa identidad

Un juez de Madrid investiga a una organización clandestina que opera en Madrid y que se dedica a facilitar identidades falsas, por unos 10.000 euros, a delincuentes extranjeros buscados en sus países de origen por actos criminales. Según las pesquisas, muchos de los extranjeros que logran la falsa identidad utilizan la documentación que les facilita la red para viajar por Europa y Estados Unidos sin levantar sospechas en los pasos fronterizos. Asimismo, los jueces también investigan a otra red que capta inmigrantes en Ucrania y se queda con una parte de sus salarios.

Una de las organizaciones que más preocupa a la policía y a los jueces, de entre las que se investigan ahora en Madrid, es la que se dedica a proporcionar documentación falsa a peligrosos delincuentes extranjeros perseguidos en sus países de origen. Esta organización, que también opera en Francia, se dedica, asimismo, a falsificar tarjetas de crédito robadas cuyos saldos vacía en connivencia con establecimientos comerciales de la capital. La cúpula de esta red criminal está integrada, según fuentes jurídicas, por tres ciudadanos cubanos y tres españoles. Con la documentación conseguida, los extranjeros viajan desde sus países de origen a España y, una vez aquí, a otros países europeos y a Estados Unidos.

La precisión con que opera esta organización tiene muy preocupada a la Brigada Central de Policía que se ocupa de investigar falsedades en documentos públicos españoles. Y es que, si un delincuente carece de documentación para viajar desde algún país extracomunitario a España y, desde aquí, al resto de países de la Unión Europea y a Estados Unidos, sólo tiene que ponerse en contacto con esta organización, pagar unos 10.000 euros, depende de la complejidad de los papeles, y todo solucionado. En cuestión de días, la banda le facilita los papeles precisos para moverse sin aparentes problemas por España y otros países europeos e incluso poder viajar a Estados Unidos sin levantar sospechas en su paso fronterizo.

Pero esta banda no sólo falsea identidades: sus miembros disponen de instrumental y tecnología avanzadas capaz de incrustar bandas magnéticas de tarjetas de crédito robadas en otros soportes bancarios. Robada la tarjeta, vuelcan los datos en otro soporte bancario y luego hacen compras en comercios con los que están compinchados. Hacen cargos ficticios y simulan compras inexistentes. Se aprovechan de que muchas entidades no pasan a la cuenta del cliente los cargos de sus tarjetas hasta el mes siguiente, lo que proporciona tiempo a la banda para actuar con mayor impunidad. Los beneficios se los reparten entre el local y los miembros de la organización.

Inmigrantes ucranios

Esta organización está actuando, además de en España, en otros países europeos, especialmente Francia. Uno de los tres ciudadanos cubanos investigados tiene antecedentes en España tras haber sido detenido por usar tarjetas de crédito falsas. Los miembros de esta organización desempeñan roles perfectamente delimitados. Unos captan a los clientes y les ofrecen la falsa identidad y otros se encargan del trabajo técnico y manual de la preparación de los documentos adulterados; entre ellos, el de las tarjetas de crédito. Los beneficios son millonarios.

Asimismo, la justicia investiga en la actualidad los testimonios de cinco inmigrantes, que han sido catalogados como testigos protegidos, que han puesto al descubierto las artes de otra organización que capta a ciudadanos ucranios para viajar a Madrid y que les cobra hasta 2.000 euros por facilitarles un permiso de residencia falsificado. Esta organización, según fuentes jurídicas, dispone de un entramado de pisos en Madrid y Villaviciosa de Odón en los que aloja a los inmigrantes que capta. Por darles cobijo en una habitación, les cobran alquileres mensuales que se acercan a los 250 euros. Además, y a través de una ONG de carácter religioso, la organización les busca trabajo y se queda con la mitad de los primeros sueldos que éstos perciben. Luego, les ofrece certificados de empadronamiento españoles que son utilizados para que el inmigrante disponga de un número de la Seguridad Social con el que ser asistidos sanitariamente. Si el inmigrante decide abandonar la vivienda de la organización, la respuesta de ésta es amenazarles con violencia física e incluso con la pérdida del trabajo. Uno de los testigos protegidos viajó a España a mediados de 2002 con un visado de turista. Contactó con la organización, que le ofreció un empleo y una habitación alquilada en uno de sus pisos, en el que en ese momento había otros 10 inmigrantes en una situación similar a la suya. La mitad de su primer sueldo tuvo que entregarlo a la organización. Al poco de estar en la vivienda y de empezar a trabajar, la organización le ofreció un permiso de residencia a cambio de 1.800 euros. Le dijeron que ellos podían conseguir los papeles de la residencia en complicidad con un ciudadano español al que conocían y que disponía de permisos de residencia de otros extranjeros que habían regresado a sus países de origen antes de que caducasen los suyos. Sólo había que poner en el documento otro nombre y otra foto. Este testigo no pudo pagar el dinero que le pedía la organización por el citado permiso, y la banda le amenazó con hacerle perder el trabajo.