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11 marroquíes con contrato en origen denuncian su despido anticipado e irregularidades laborales

Los inmigrantes trabajaban 11 horas de lunes a domingo en una finca de Castilblanco

Tereixa Constenla

Del centenar largo de inmigrantes contratados en Marruecos en mayo pasado por la sociedad Hacienda Valdeaguas para trabajar en la construcción en su finca de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) apenas quedan una treintena en el interior tras los ocho despidos firmados el jueves. 11 marroquíes acudieron ayer a la sede de CC OO para que el sindicato denuncie por la vía penal a la empresa por amenazas y coacciones y por la vía laboral el despido anticipado y diversas irregularidades. Los inmigrantes aseguran que hacían jornadas de 11 horas de lunes a domingo.

Uno de los inmigrantes despedidos describió ayer la "mala" situación que han vivido en la finca Hacienda Valdeaguas, propiedad de Bárbara Marianne Wulff. Los marroquíes, que llegaron a Castilblanco de los Arroyos con un contrato en origen, que no pasó por la comisión provincial de migraciones, según CC OO, trabajaban de lunes a domingo durante jornadas de 12 horas, a excepción de una hora para comer. "A veces trabajábamos de noche", indicó el norteafricano, que prefirió no difundir su identidad.

Sin embargo, los datos que figuran en el contrato de trabajo sellado por la Delegación del Gobierno en Andalucía establecen una jornada de trabajo de 40 horas semanales prestadas de "lunes a domingo", con los descansos establecidos en el convenio colectivo. La mayoría de los trabajadores fueron contratados para el sector de la construcción y su contrato, tras una prórroga, expiraba el próximo 15 de enero. El secretario provincial de construcción de CC OO, Antonio Salazar, aseguró que los inmigrantes estaban percibiendo "hasta la mitad de lo que le corresponde a un trabajador". "Tenían que echar 40 horas pero echaban 70 y cobraban la mitad", agregó.

La contratación en origen obliga al empresario a garantizar un alojamiento digno al trabajador durante el tiempo previsto de la relación laboral. De este modo, los marroquíes despedidos han perdido el trabajo pero también el alojamiento que tenían en España mientras no regresaran a su país. El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, pidió ayer a la inspección de trabajo que acelere el acta que han preparado sobre esta finca, tras una primera denuncia sobre las pésimas condiciones de la residencia, y reclamó también más control a la Administración sobre esta modalidad de contratos. "En esta ocasión se ha podido dar un posible uso fraudulento del contrato en origen", indicó.

Los inmigrantes cobraban 600 euros al mes y pagaban 200 por el alojamiento y la manutención. Los ocho despedidos el jueves han pasado la primera noche en un hotel de Castilblanco, pero buscan un alojamiento para las próximas noches y un trabajo temporal hasta la fecha de su regreso a Marruecos.

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Sobre la firma

Tereixa Constenla
Corresponsal de EL PAÍS en Lisboa desde julio de 2021. En los últimos años ha sido jefa de sección en Cultura, redactora en Babelia y reportera en Andalucía. Es autora del libro 'Cuaderno de urgencias'.

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