La patronal de seguros recurre una orden del Gobierno catalán que limita la letra pequeña en los contratos

Unespa, la patronal española de seguros, ha decidido recurrir contra la orden del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat dirigida a mejorar la información a los consumidores de productos y servicios financieros y de seguros, que regula, entre otros aspectos, la letra pequeña en los contratos.

La orden en cuestión (TIC / 385 / 2003, de 21 de agosto), publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del 29 de septiembre de 2003, especifica que el tamaño de la letra no podrá ser inferior a 1,5 milímetros y que "el contraste de la letra más pequeña tiene que ser al menos igual que el mejor contraste del texto" y "en ningún caso inferior a 0,75". Se entiende por contraste la magnitud que cuantifica la diferencia de claridades entre los textos y el fondo en el que se leen, y su valor está entre 0 y 1. Esta obligación entrará en vigor el próximo 30 de diciembre.

El comité ejecutivo de Unespa, reunido en Madrid el 19 de noviembre, acordó interponer un recurso por la vía contencioso administrativa, que se presentará "en las próximas horas", según explicó ayer un portavoz oficial de la patronal, quien asegura que las compañías de seguros no están "en contra de que se elimine la letra pequeña".

Unespa argumenta su decisión de recurrir en que los contratos de seguros se rigen por la Ley del Contrato de 1980, que, al ser una norma mercantil y de ámbito estatal, prevalece sobre las normativas de protección al consumidor, cuyas competencias sí corresponden a las comunidades autónomas. Además, la patronal considera "engorroso" que las aseguradoras tengan que ofrecer para sus clientes en Cataluña contratos distintos a los del resto de España.

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, ya se mostró partidaria, en una entrevista con este diario hace unos días (véase EL PAÍS del 8 de noviembre), de acabar con la letra pequeña. "Vamos a hacerlo porque el seguro es el más interesado en ello", aunque, a renglón seguido, alertaba de las "especificaciones innecesarias" a que obliga la Ley del Contrato.

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