¿Juez y parte?

El Partido Popular ha designado al delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, coordinador de las campañas de las próximas elecciones autonómicas y generales en Sevilla. En su faceta partidaria, Zoido, recién llegado a las filas populares y juez de profesión, se encargará de engarzar la estrategia del PP en Sevilla, supervisar el programa, medir los tiempos de los mensajes y dirigir la movilización electoral de su formación para que obtenga los mejores resultados posibles. Todo, como es preceptivo, con el telón de fondo de las críticas a las políticas del adversario. Como máximo representante de la Administración del Estado en Andalucía, sin embargo, está obligado a coordinar la información estatal en la comunidad y, entre otras cuestiones, a vigilar el proceso de elecciones y velar por los intereses generales con objetividad y de manera aséptica. ¿Compromete la misión electoral de Zoido su imparcialidad como alto cargo del Estado? ¿Se pueden conciliar ambas atribuciones sin caer en la confusión?

Los expertos creen que el nombramiento no es incompatible sólo por la falta de regulación

Al PSOE la confluencia le parece, cuanto menos, chocante y de "mal gusto", mientras que los populares creen que entra dentro de la normalidad y califican las objeciones socialistas de "patochada monumental". ¿Y qué dice la ley? Según fuentes jurídicas no existe una incompatibilidad flagrante porque este asunto no está reglado, aunque no parece razonable hacer coincidir en una misma persona intereses tan dispares: por una parte generales (Administración) y por la otra particulares (partido). El secretario regional del PP, Antonio Sanz, señala a favor de la decisión de su partido que Manuel Chaves, por ejemplo, es presidente de la Junta y máximo responsable del PSOE andaluz, o Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia y secretario provincial del PSOE en Jaén. Otros dirigentes populares recuerdan que Mariano Rajoy, candidato del PP a la presidencia de España, fue coordinador de la campaña de 2000 a la vez que era vicepresidente del Gobierno, y que lo mismo ha ocurrido con ministros socialistas en épocas anteriores.

Las fuentes jurídicas citadas afirman que se trata de casos distintos. La actividad de los ministros y, en general, la de los cargos de cualquier Ejecutivo, está regulada por la Ley de Gobierno y su obligación es aplicar el programa electoral con el que fueron elegidos. Por el contrario, la figura del delegado del Gobierno está regulada por la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, es decir, el delegado es Administración. Su cometido es la coordinación y control de la información de la Administración en la comunidad autónoma. El artículo 103 de la Constitución Española afirma: "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales". Pero la Ley de Incompatibilidades no dice nada de estos casos y las incompatibilidades de los altos cargos deben estar señaladas de forma expresa. Mientras no haya una reglamentación específica, ambas funciones deben asumirse como compatibles.

En consecuencia, para los expertos consultados el asunto queda en el aire porque existe una laguna jurídica, "pero no es correcto que una persona que tiene como objetivo garantizar la imparcialidad de la Administración sea el portavoz de otros intereses en su ejercicio partidario". Si se regularan estos casos, no sólo serían incompatibles con labores de partido los delegados del Gobierno de la nación, también los delegados de la Junta en todas las provincias y los viceconsejeros, cargos que desempeñan la función de representar a la Administración autonómica en virtud de la delegación de competencias.

En cualquier caso, las críticas socialistas al nombramiento de Zoido se han dirigido más a la parte política que a la estrictamente legalista. Opinan que la posible confusión de funciones es clara y no vale apelar a la confianza en la rectitud del delegado y a que sabrá delimitar con corrección su doble papel. Para el portavoz del PSOE en el Parlamento, José Caballos, un cargo con ese perfil no debería mezclarse nunca con tareas partidarias. "La tentación de utilizar una serie de palancas para favorecer al PP huele a chamusquina". Según Caballos, Juan Ignacio Zoido es responsable del sistema operativo del recuento de votos en las elecciones generales o de la vigilancia policial: "Cuando reciba o visite a una asociación de vecinos que pida más policías, ¿en calidad de qué lo hace? ¿Manda más agentes a determinado barrio como coordinador de la campaña del PP o como delegado?". El secretario de Organización de los socialistas, Luis Pizarro, abunda en esta línea: "Sea o no legal, es muy fuerte que el representante de la Administración del Estado aparezca defendiendo, según el momento, tesis políticas interesadas".

Juan Ignacio Zoido no ha querido pronunciarse en profundidad sobre lo resbaladizo de su doble puesto y se ha limitado a despejar de pasada los reproches socialistas. En su primera aparición pública como coordinador de campaña en Sevilla del PP, el pasado viernes, invocó el beneficio de la duda. Flanqueado por Antonio Sanz y el presidente del PP en Sevilla, Ricardo Tarno, esbozó una sonrisa cuando los periodistas le preguntaron. "En Andalucía hay también muchas coincidencias en delegados de la Junta; hay que demostrar día a día si uno confunde un puesto con el otro. Si lo hago, que me lo digan, pero pido que no se entre a la crítica fácil". Zoido aprovechó para decir que el Gobierno andaluz tiene "olvidada" a Sevilla y que ésta ha progresado más en los ocho años del Ejecutivo de José María Aznar que en los 23 de gestión del PSOE en la Junta. Lo demás se lo dejó a Sanz.