El guardián de la Audiencia

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que nació el 29 de mayo pasado en medio de la polémica y el rechazo de seis partidos -IU, PNV, Bloque Nacionalista Galego (BNG), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya (IC-V) y Eusko Alkartasuna (EA)- ha remontado el vuelo en sus primeros seis meses de funcionamiento.

Encargado de los 2.300 presos condenados y preventivos de la Audiencia Nacional, muchos de los más peligrosos de España puesto que se trata de terroristas, grandes narcotraficantes o autores de delitos económicos que afectan a la economía nacional, el Juzgado Central de Vigilancia se encarga de gestionar sus peticiones de libertad condicional, los permisos o las clasificaciones de grados, así como otras incidencias que ocurran en la prisión. No han transcurrido seis meses y ya han entrado para su tramitación 2.200 asuntos. "Una avalancha de papel", en palabras de la secretaria judicial, Gloria Sancho.

Al establecerse la responsabilidad de los padres se ha acabado con el terrorismo juvenil

En medio año, sólo dos presos no volvieron del permiso concedido, y uno ya ha sido detenido

Para esa labor, el titular del juzgado, Javier Gómez Bermú-dez, que es también juez central de Menores y forma parte de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional -ahora es uno de los tres magistrados del tribunal que juzga la denominada Operación Carro-, cuenta con una secretaria judicial en comisión de servicios, una oficial pendiente de destino y seis funcionarias interinas que no tenían conocimientos previos de la labor a desarrollar en el juzgado. Tanto es así que durante un tiempo la secretaria judicial ha tenido que dar clase de derecho procesal a las funcionarias interinas para que pudieran desarrollar su trabajo. El juez sin embargo no considera que ese hecho constituya un grave inconveniente, puesto que "es gente que amoldas a tu forma de trabajar".

Gómez Bermúdez señala que los permisos y las peticiones de libertad se resuelven en un periodo máximo de 25 días. "Hemos simplificado los trámites y la oficina está al día", puntualiza.

"Al día siguiente de la creación del juzgado no había nada, pero en dos o tres semanas, el ministerio nos facilitó medios materiales y una aplicación informática, Minerva, que hemos adaptado y ahora se va a exportar a los juzgados de Vigilancia Penitenciaria provinciales, lo que de alguna manera nos produce cierta satisfacción, por lo que tiene de trabajo bien hecho", indicó el magistrado.

Aunque en un primer momento el Consejo del Poder Judicial habló de la creación de varios juzgados de vigilancia penitenciaria en la Audiencia Nacional, por el momento sólo existe uno. El juez considera que al menos el primer año no deben de crearse más juzgados si queremos la unificación de la doctrina sobre esta materia. En ese tiempo, la Sala ha tenido tiempo de confirmar o revocar las decisiones adoptadas por el juez central de Vigilancia Penitenciaria y formar un cuerpo doctrinal sólido. "El objetivo", según Gómez Bermúdez, "es tratar de forma diferente lo que es diferente".

El caso más peliagudo que se le ha presentado es el de 71 etarras que solicitaron al mismo tiempo su progresión al tercer grado (semilibertad) para luego acceder a la libertad condicional. El magistrado Gómez Bermúdez dictó una providencia en la que les daba 30 días para que, de acuerdo con los requisitos exigidos por la ley, los etarras solicitantes repudiaran públicamente la violencia, pidieran perdón expresamente a las víctimas de sus delitos, e hicieran constar su propósito de hacer frente a las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos por los que fueron condenados.

Las peticiones masivas de progresión de grado de los terroristas parecían un gesto destinado al entorno etarra y se adivinaba una presumible campaña de desprestigio de los órganos del Estado, pero la tramitación ha continuado. Sin embargo, transcurridos los 30 días de plazo, ni uno solo de los etarras solicitantes ha contestado ni ha cumplimentado los requisitos.

El juez ha pedido a los centros penitenciarios que le remitan informes sobre la conducta de los etarras, detallando si secundan los actos de desobediencia de los otros presos de ETA y sus relaciones con otros reclusos no terroristas. También se reclama las fechas en las que los etarras cumplen las tres cuartas partes de sus condenas, para responder de forma individualizada a las peticiones.

El comportamiento de los etarras en prisión está en el origen de multitud de sanciones, ya que hacen huelgas de hambre, huelgas de higiene (no se lavan y hacen sus necesidades en cubos que luego tiran por el pasillo o ensucian las paredes) y huelgas de patio (se niegan a salir al patio), lo que causa gran cantidad de papeleo, además del que los propios terroristas envían al juzgado, como manifiestos políticos sobre la situación de Euskadi.

El juez Gómez Bermúdez es optimista en cuanto al futuro del juzgado y considera que dada la línea marcada en las resoluciones adoptadas en estos primeros seis meses, probablemente el número de asuntos bajará drásticamente y puede que se reduzca a la mitad.

El magistrado cree que las reformas legislativas del último año han incidido directamente en el trabajo del juzgado. Por un lado, al establecerse la responsabilidad solidaria de los padres para el caso de los menores implicados en hechos de terrorismo callejero o kale borroka, se ha acabado de hecho con el terrorismo juvenil. Por otro lado, las leyes 6 y 7 de 2003, de reforma de la Ley General Penitenciaria y sobre cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, establecen criterios que han facilitado enormemente la labor del juzgado. Estos criterios supusieron que no se permitiera a los etarras cursar estudios en la Universidad del País Vasco -en la UNED no hay interés en matricularse-, que Mario Conde haya ofrecido el pago a Banesto de la responsabilidad pecuniaria a la que fue condenado, como paso previo a salir de prisión, o que el ex general Rodríguez Galindo no haya podido acceder al tercer grado penitenciario (semilibertad).

En estos seis meses sólo se han fugado dos reclusos a los que se concedió permiso, y uno ya ha sido encarcelado de nuevo. Entre los que se ha concedido la libertad condicional, el pasado viernes se supo que Iñaki Arietaleaniz Tellería no ha comparecido y se encuentra en paradero desconocido.