El ex socio dice que sólo Concepción puede rescatar Inscanner

El ex diputado del PP Luis Concepción es el único que puede recomprar las acciones de Inscanner que sus hijos cedieron de forma onerosa a Enrique López en 1995, según afirmó ayer el abogado de éste durante la vista en la que se trató la demanda de los vástagos de Concepción contra López para recuperar las acciones que tuvieron en Inscanner, una empresa que factura millones de euros a Sanidad. El abogado de López aseguró que existe un único documento en manos del ex diputado del PP en el que consta la supuesta recompra; pero que ésta sólo podría ser ejercida por Concepción y no por sus hijos.

"Vamos a cuestionar la autenticidad del contrato de compraventa"

"Mis representados son conscientes de que existe un documento [de opción de compra de acciones] a favor del padre [Luis Concepción], nunca de los hijos". El abogado de Enrique López -administrador único de Inscanner- y su esposa, Paloma Mollá, dijo ayer que Concepción, actual concejal de tráfico y transportes del Ayuntamiento de Alicante, selló un acuerdo que le permitía recuperar las acciones de Inscanner que sus hijos cedieron a Enrique López en 1995 cuando el responsable popular accedió a las Cortes y podría incurrir en incompatibilidades al ser Inscanner una de las empresas responsables de los diagnósticos por resonancia magnética de los pacientes de la sanidad pública de la provincia de Alicante..

El entonces presidente de la comisión de Sanidad de la cámara valenciana declaró en 1999 que "antes de tomar posesión [como diputado] vendí las acciones de mis hijos" y que "fue mi sentido de la ética el que me llevó a separarme completamente de la sociedad". La existencia de este documento supondría que Concepción no se desvinculó de la firma cuando sus hijos se deshicieron de las acciones, sino que quedó ligado a ellas directamente a través de este acuerdo, que el abogado de López señala que se alcanzó un fin de semana en casa de sus representados, que no recuerdan la fecha. La propia Mollá abundó en la existencia de este acuerdo, al admitir, a preguntas del abogado de los hijos, Juan Ignacio Ortiz, que Concepción les pidió, a ella y su esposo, que se quedaran con una tercera parte de las acciones de la firma a cambio de devolvérselas en un futuro "cuando lo solicitaran".

Pero tanto López como su mujer señalaron en repetidas ocasiones no recordar haber firmado el contrato de opción de compra al que se agarran los hijos de Concepción para recuperar las acciones que vendieron. "Vamos a cuestionar la autenticidad de dicho contrato", señaló Marcelino Gilabert, abogado del matrimonio, "pese a que las firmas puedan corresponder a las de los demandados, mis representantes niegan el documento respecto a su contenido". La acusación aportó el dictamen de un perito caligráfico que aseguró que la firma estampada en el contrato es la de López y Mollá, aunque la defensa centró sus esfuerzos en poner en duda la certeza del documento. De un lado apuntó la posibilidad de que el documento hubiera sido redactado una vez que sus defendidos hubieran estampado sus firmas.

Además, López recordó que el acuerdo privado que alcanzaron con Concepción se trataba de un documento de una única hoja y no varias, como tiene el contrato al que apelan los hijos del ex diputado, que, señala Gilabert, se alcanzó en una notaría, pero no consta de firma alguna de fedatario público. A ello añadió un elemento más dirigido a restar credibilidad al escrito en el que los Concepción sostienen su demanda. El cuestionado contrato de recompra tiene fecha de 21 de octubre de 1999, cuatro años después de la venta de las acciones, "cuando lo habitual es que se hubiera hecho a la vez". Y comentó que Luis, Carolina, Beatriz y Jorge Concepción Aramendia quisieron hacer valer la recompra de las acciones en julio de 2002 mediante un requerimiento notarial y esperaron al mes de octubre pasado para presentar la demanda, casi un año y tres meses más tarde. "¿Por qué esperaron tanto tiempo y luego tienen tantas prisas en recuperar las acciones?", apuntó.

Al margen de la cuestión de fondo de recuperar un tercio de las participaciones sociales de Inscanner, la vista de ayer dirimió la petición de los Concepción de que ni López ni su mujer puedan diponer, gravar o enajenar las acciones que adquirieron, lo que supone "una condición esencial para que se cumpla el contrato" de recompra, según Ortiz, algo innecesario para el letrado de los demandados..

A la petición del martes del diputado socialista, José Camarasa, de que la Inspección General de Servicios estudie si la existencia de un contrato de recompra de las acciones de las que se desprendieron los Concepción podría invalidar el contrato que obtuvo Inscanner en 2000 para practicar resonancias a Sanidad por valor de 28,93 millones de euros hasta 2008 por tratarse de un fraude se sumó ayer el diputado autonómico de L'Entesa, Alfred Botella. "La reclamación de los hijos de Luis Concepción demuestra que el PP engañó a las Cortes Valencianas". Botella pidió al consejero de Sanidad, Vicente Rambla, que dé explicaciones por el que considera "un escándalo importante" en torno a la empresa Inscanner.