Las propuestas de los expertos para reformar la Administración chocan con la política del PP

El informe encargado por el Gobierno sobre la reforma de la Administración a una comisión de expertos, el pasado 25 de abril, recoge numerosas críticas a su funcionamiento, según fuentes próximas a la misma, y algunas de ellas chocan con la política del Ejecutivo del PP, singularmente la autonómica. Un portavoz del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) señala que "existe gran división de opiniones entre los ponentes" y que el director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Fernando Sainz Moreno, presidente de la comisión, y dependiente del ministerio, está redactando sus conclusiones. El informe tenía que haber sido publicado en agosto.

Entre las propuestas de los expertos figuran la de evitar el abuso de la Ley de Acompañamiento o la posibilidad de utilizar el artículo 150.2 de la Constitución, que delega competencias exclusivas del Estado a las comunidades.

El MAP, siendo titular Javier Arenas, creó el 25 de abril una Comisión de Expertos con el objetivo de que en cuatro meses redactara un informe sobre la reforma de las administraciones públicas que sería elevado al ministerio para su posterior remisión a la Comisión del Congreso.

El MAP nombró a ocho expertos, catedráticos de Derecho Administrativo, a propuesta del PP, PSOE, CiU y PNV, presididos por el director del INAP, dependiente a su vez de la Secretaría de Estado de la Administración Pública. Los expertos nombrados fueron Antoni Bayona, Germán Fernández, Juan Junquera, Juan José Lavilla, Joan Prats, Manuel Rebollo, Miguel Sánchez, Juan Alfonso Santamaría y Santiago Segarra.

Pasados casi dos meses del plazo previsto de la entrega del informe, el ministerio, cuya titular es ahora Julia García Valdecasas, sigue sin hacer público su contenido. Cuando los expertos dieron a conocer sus propuestas, el director del INAP señaló que algunas de ellas eran "muy críticas". Tras consultar con el ministerio y los expertos, decidió redactar unas conclusiones, ahora en elaboración, según fuentes próximas a la comisión.

Entre las propuestas más críticas de los expertos figuran:

-La posibilidad de utilizar el artículo 150.2 de la Constitución (delegación de competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas). Esta propuesta la defienden tanto el PSC como CiU en sus proyectos de reforma del Estatuto de Cataluña. José María Aznar y Mariano Rajoy se han opuesto públicamente, en sus intervenciones, al uso de este "mecanismo excepcional" que ampara la Constitución.

-Crítica al bloqueo autonómico en algunos traspasos pendientes a las autonomías en las comisiones mixtas de traspasos. Proponen crear organismos arbitrales para desbloquearlos.

-Recuerda al Gobierno que está pendiente de resolver satisfactoriamente la participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea, incluido el Consejo de Ministros de la Unión.

-Denuncia el abuso que el Gobierno hace de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado.

-Propone la revisión del número de organismos públicos en la Administración General del Estado por "excesivos". En julio de 2003 había 3.912 organismos públicos.

-Denuncia la temporalidad en las administraciones públicas, de un 21,8%.

-Propone la mejora de la oferta de empleo público para rejuvenecer una Administración General del Estado envejecida. Sólo el 2% de los funcionarios tiene menos de 30 años.

-Califica de "increíblemente mala" la reubicación de los funcionarios por ministerios, áreas y funciones. Proponen alternativamente la movilidad interna y entre las administraciones. Proponen incluso la figura del "préstamo de empleados" por épocas y trabajos.

-Denuncia la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos en los últimos 10 años. Mientras el IPC ha crecido en un 39,52%, el del salario real de los empleados públicos ha sido del 20,4%.

-Denuncia la gran dispersión legislativa en las normas de la Administración. Propone alternativamente un Estatuto de la Función Pública.

-Propone avanzar en política local y sus competencias y funciones. Recuerda que en Dinamarca y Suecia hay 120 funcionarios locales por cada 1.000 habitantes y en España en 2000 sólo había 13.