Bruselas defiende mantener un alto nivel de fondos sociales para España

Los servicios de Empleo y Asuntos Sociales de Bruselas consideran que los fondos sociales, de los cuales se beneficia ahora largamente España, deberían mantenerse como ahora a un alto nivel en las zonas que tras la ampliación no serán las más pobres de la Unión Europea. Asimismo quieren evitar que haya un trasvase masivo de dinero hacia las regiones más pobres de los países del Este, y defienden que esos fondos se sigan percibiendo donde existe un elevado paro y escasa movilidad.

Esta propuesta de la comisaria Anna Diamantopoulou, que se ve con buenos ojos en el seno de la Comisión Europea, beneficiaría a las regiones españolas de Asturias, Murcia y Castilla y León, que, tras la ampliación, dejarán, por efecto estadístico, de estar en las regiones Objetivo 1 (renta per cápita inferior a la media comunitaria).

Esta propuesta, que parte de los servicios de Anna Diamantopoulou, es complementaria a la que propone su colega Michel Barnier, responsable de la política regional, y que prevé que esas comunidades que el efecto estadístico convertirá en ricas sigan percibiendo durante algún tiempo el 90% de lo que les hubiera correspondido sin la ampliación (véase EL PAÍS de ayer).

El enfoque de los servicios de la comisaria socialista griega Anna Diamantopoulou es a largo plazo y también beneficiaría enormemente a las regiones afectadas. En la actualidad, el 51% de los fondos sociales, que en total suponen 62.500 millones en seis años y se dedican mayoritariamente a promover políticas de empleo, se concentran en las zonas Objetivo 1, donde viven 55 millones de ciudadanos. Tras la ampliación, la práctica mayoría de los 10 nuevos países pasarán a formar parte de las zonas Objetivo 1, elevando el número hasta 125 millones de personas viviendo en ellas. Al menos las tres regiones españolas señaladas abandonarán, sin embargo, ese club.

El temor de Bruselas es que ese espectacular aumento de zonas pobres dentro de la UE genere un desvío masivo de fondos sociales hacia ellas, lo que no sería coherente en este terreno. En la Comisión Europea se considera que habría que mantener un alto nivel de ayudas allá donde hay problemas de paro, de movilidad laboral o de igualdad de oportunidades, como es el caso de España. La directora general de Empleo y Asuntos Sociales, Odile Quentin, así los señaló ayer, de forma muy genérica, en la presentación sobre el futuro de los fondos que hizo ante un grupo de periodistas.

Otras fuentes señalan que la idea de Diamantopopoulou y su equipo es la de mantener incluso la misma proporción que ahora (casi el 50% de los fondos sociales en zonas que no son Objetivo 1), lo que le permitiría a España tener, a la larga, una pérdida de fondos mucho menor de lo que le correspondería tras la ampliación. En estos momentos, España es el país de la UE-15 que más fondos sociales percibe en términos absolutos: 11.916 millones de euros en el periodo de siete años 2000-2006, lo que supone el 19% del total. Aun sin ampliación, y debido al incremento de la renta, dejarán de ser Objetivo 1 Canarias, Valencia y, probablemente, Castilla y León y Cantabria.