Socialistas y populares discrepan sobre el "margen de tiempo" al Consistorio marbellí

Las representaciones del partido socialista, PP, PA se sentarán esta mañana por primera vez para intentar encontrar un salida legal a la peculiar situación que se vive en el Ayuntamiento de Marbella, gobernado desde el pasado día 13 por ocho tránsfugas del GIL, tres expulsados del PSOE y otros tantos también expedientados del PA. A pesar de las declaraciones de buenas intenciones que han precedido al encuentro, el Partido Popular divulgó ayer su primera discrepancia con los socialistas en relación con la idoneidad de otorgarle un cierto "margen de tiempo" al nuevo equipo de Gobierno.

El presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, Manuel Chaves, fue uno de los principales impulsores de esta reunión a tres bandas para intentar encontrar una salida legal a la inédita situación surgida en el Consistorio de Marbella. Desde las filas socialistas también se estudió la posibilidad de solicitar la disolución del Ayuntamiento, pero, ante las evidentes dificultades jurídicas que plantea -no se ha ejecutado nunca en los 25 años de historia de la actual Constitución- han empezado a manejar otras posibilidades menos drásticas que pasan por otorgarle, según el propio Chaves, un "margen de tiempo" al nuevo gobierno municipal.

En ese punto es donde el Partido Popular dice discrepar, añadiendo así una dosis de pimienta a la reunión prevista para la mañana de hoy. El secretario regional del PP, Antonio Sanz, interpretaba ayer estas palabras del presidente andaluz como una muestra de entreguismo, en lo que supone el enésimo reproche entre ambos partido desde que estallara la crisis. "Para nosotros no caben oportunidades a quienes representan lo mismo de la historia marbellí de los últimos años".

El PP ha hecho sangre recordándole al PSOE la presencia de tres tránsfugas de su partido en el nuevo gobierno y ha acusado a la Junta de propiciar esta situación por su escasa vigilancia del urbanismo marbellí. Por su parte, los socialistas han criticado la tibieza con la que los ediles populares de Marbella han vivido todo el proceso y citan a la alcaldesa, la ex gilista Marisol Yagüe, quien aseguró que el PP se ofreció a pactar con el GIL incluso antes de las elecciones del pasado 25 de mayo.

Los socialistas le piden al Ayuntamiento de Marbella que redacte un nuevo PGOU, que no otorgue licencias si no se ciñen al de 1986 y adaptar a este los convenios en situación de ilegalidad. Los populares exigen a la Junta un estudio de la situación financiera, jurídica y económica del Consistorio.

Mientras tanto, desde el tercero de los partidos que se reúnen hoy, el PA, se apoya la tesis de otorgarle un periodo de gracia al nuevo equipo de gobierno para comprobar si sus actos se ajustan a la legalidad, al tiempo que se pide a los dos partidos mayoritarios un "cóctel" de sensatez y que no utilicen la mesa sobre Marbella para echarse los trastos a la cabeza incluso sobre asuntos de política nacional.

IU, que no está en la mesa al no tener representación en el Consistorio y no recibir invitación de los demás, criticó ayer a través de su portavoz en el Parlamento, Antonio Romero, la reunión a la que éste calificó de "esperpéntica" al plantearse otorgarle tiempo al nuevo equipo municipal.

El Gobierno central, según aseguró ayer el subsecretario de Estado Gabriel Elorriaga revisa las actuaciones judiciales en marcha para después valorar si se inicia el proceso den disolución.