El 24% de juzgados carecía de secretario en 2002

La inestabilidad del personal, la interinidad y la persistencia de numerosas vacantes siguen siendo características de la Administración de Justicia en Cataluña tras dos décadas de autogobierno. El grupo parlamentario socialista denunció ayer que, a los 23 años de gobiernos de CiU con competencias en materia de justicia, este "pilar de la democracia", como lo definió el diputado Josep Maria Vallès, sigue arrastrando sus males endémicos. Como muestra, un botón: a finales de 2002, había 122 juzgados, el 24% de la planta judicial, que carecían de secretario. Durante el mismo ejercicio, el 23% de la planta había cambiado de titular. Vallès recurrió a una cita de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para calificar esta situación: "La provisión y cobertura de vacantes del personal al servicio de la Administración de Justicia sigue siendo, como en años anteriores, la asignatura suspendida de la Generalitat".

A juicio de Vallès, que junto con los diputados Joaquim Nadal y Àlex Masllorens presentó ayer su "balance crítico" sobre la actuación del Departamento de Justicia durante la legislatura, esta situación es fruto de la desatención presupuestaria en que el Gobierno de CiU mantiene esta área. El gasto destinado a justicia en el presupuesto catalán representa sólo el 2,5% del total, cuando el promedio de los países de la Unión Europea está entre el 4% y el 6%, según indicó ayer Vallès.

Otro dato que refuerza esta crítica son los cambios registrados durante la legislatura en el Departamento de Justicia. Comenzó con Núria de Gispert como consejera, a quien sucedió Josep Delfí Guàrdia en 2001 para pasar de nuevo a manos de De Gispert hace menos de un año. Los cambios han sido tambíén la característica de la situación en la Dirección General de Servicios Penitenciarios, que ha tenido cuatro titulares en esta legislatura. Tres ha tenido también la Dirección General de la Infancia en este periodo.

La imprevisión ante las consecuencias de la reforma del Código Penal, la no aplicación de programas de medidas alternativas a la reclusión y el retraso en la construcción de nuevas cárceles han hecho que aumente la masificación en las existentes. La población reclusa ha pasado de 6.000 personas en 1999 a 7.419 el 1 de agosto de 2003.