Cataluña se encuentra a la cola en atención domiciliaria en España
Sólo el 1,3 % de los ancianos catalanes y el 2% de los españoles tienen acceso a este servicio
La atención domiciliaria para ancianos no arranca en Cataluña. Este servicio, que permite seguir viviendo en su casa a las personas con discapacidades leves, sólo beneficia al 1,3% de los mayores catalanes, cuando la media española supera el 2%. Ninguna otra comunidad autónoma española tiene un índice de cobertura tan bajo. También es difícil encontrar una situación parecida en Europa, donde en Dinamarca, por ejemplo, se presta este servicio al 24% de los ancianos.
El millón largo de ancianos que viven en Cataluña, el 17,3% de su población total, lo tienen difícil para acceder a los servicios de atención domiciliaria si caen enfermos o sufren situaciones de dependencia. La Generalitat y los ayuntamientos no alcanzan a cubrir las necesidades de este sector de población y en estos momentos sólo 13.900 personas pueden disponer de alguna ayuda externa en su domicilio pagada por la Administración. Así lo recoge un estudio presentado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y coordinado por el catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Vicenç Navarro.
Todos los agentes sociales reconocen que la atención domiciliaria es la mejor alternativa a las caras y poco atractivas residencias geriátricas, algo que también defiende el Gobierno catalán. Sin embargo, sólo el 1,3% de los ancianos catalanes tienen acceso a este servicio, frente al 2,1% de la Comunidad Valenciana, el 3,02% de Navarra y o el 2% de Andalucía.
Los servicios de asistencia domiciliaria consisten en una visita diaria o semanal al anciano efectuada por trabajadores sociales que ayudan al usuario a realizar algunas tareas domésticas, a hacer la colada o la compra, o en su higiene personal. En el informe de Vicenç Navarro se destaca que "los países escandivanos son los pioneros en este tipo de atención" y que Cataluña se encuentra "muy por debajo de los niveles de cobertura de los países con Estado de bienestar más desarrollados". El catedrático no duda, pues, en afirmar que "en España, y especialmente en Cataluña, existe un déficit en la protección social de las personas mayores dependientes".
Pero ¿cuántas son realmente las personas que necesitan este servicio? ¿Requieren todas ellas el mismo grado de atención? Esto es lo que trata de averiguar el catedrático de la UPF en el estudio que ha realizado conjuntamente con la investigadora Águeda Quiroga. Si se toman como referencia las cifras del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso), el 19,3% de la población española de más de 64 años sufre algún tipo de dependencia o incapacidad. Si este porcentaje se proyecta sobre la población catalana, resulta que 209.541 personas no pueden valerse por sí mismas. "Ahora bien, no todas las personas tienen el mismo grado de dependencia", puntualiza Navarro, quien utiliza datos de la Encuesta Nacional de Salud para concluir que el 5,6% de la población mayor de 64 años sí presenta un nivel de dependencia considerable.
Según los trabajadores sociales, estas personas requerirían al menos seis horas de asistencia semanales y muchas de ellas incluso deberían poder ser ingresadas en una residencia geriátria pública. Las cifras son todavía más desoladoras al analizar cuántas personas tienen niveles de incapacidad graves: el 9,3% de los ancianos. Esto se traduce en que más de 100.000 ancianos catalanes no pueden realizar actos tales como vestirse o salir a comprar.
Así pues, si la Administración no llega a cubrir este déficit, ¿quién se encarga de hacerlo? Las mujeres, ya sean las hijas de la persona que requiere cuidados o su esposa. Según datos del Imserso, las hijas son las principales cuidadoras de sus madres (el 36,6%) y las esposas hacen lo mismo con los hombres mayores dependientes (44,6%). Un reciente estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la materia afirmaba que el 37% de los españoles consideran que el Estado es el responsable de la atención a los ancianos dependientes. El 29% cree que la responsabilidad recae sobre el Estado y la familia, y otro 29% que sólo ésta debe cuidar a sus ancianos.
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