Sobre la nueva estación de Cercanías de Sol

No forma parte de la política de IU "oponerse por oponerse" a cualquier proyecto sin antes haber fundamentado con datos y argumentos sus objeciones. Sencillamente, aunque al ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, autor de tan lúcida cita, le parezca imposible que haya vida más allá del PP, el grupo municipal de Izquierda Unida considera que frente al proyecto de macroestación de Cercanías en Sol, existen otras alternativas menos perjudiciales para los ciudadanos. Esta afirmación, lejos de partir de la improvisación, se sustenta, precisamente, en el estudio detallado de los planes del ministerio que, por otro lado, no ha estado muy solícito a la hora de dotarlos de la transparencia que requieren. Baste recordar que la aprobación data del mes de agosto de 2002 y que en ese mismo mes, unas fechas poco propicias para informar salvo que se tenga intención de no hacerlo, se agota el periodo de información pública.

Las deficiencias e imprecisiones que se detectan en el proyecto no son menores. Como ejemplo elocuente, no se han realizado los cálculos sobre el número de viajeros que transbordarán a las líneas de Metro. Las previsiones apuntan a que de los 96.000 viajeros en hora punta (48 trenes por hora con una capacidad de 2.000 pasajeros), al menos la mitad descenderán en la nueva estación, pero se desconoce un cálculo sobre cuántos usarán las líneas existentes. Cabe recordar que éstas cuentan con estaciones cortas y túneles de gálibo estrecho que no admiten coches de mayor capacidad y, en consecuencia, y ésta sería la primera de las objeciones, la nueva demanda de viajeros no se podría absorber o requeriría para ello una nueva obra de adaptación del metro que, de momento, no está prevista y que, de estarlo, implicaría nuevos y graves impactos.

La segunda de ellas tiene mucho que ver con el sentido común y es éste el que dicta que una obra de estas proporciones requiere una declaración de impacto ambiental que, interpretando de forma torticera la legalidad pero fuera de toda lógica, no se ha llevado a cabo. El nivel y tamaño del proyecto, la densidad demográfica de la zona afectada y, fundamentalmente, los problemas de seguridad en forma de grietas y deterioros para los edificios del entorno, admitidos por el propio Ministerio de Fomento, aconsejarían esta declaración de impacto que, sin embargo, no se ha realizado.

Sí se ha efectuado, aunque de forma engañosa, un censo de afectados que dista mucho de acercarse a la realidad. Parece que Fomento va, poco a poco, ampliando la lista, pero, los criterios resultan de una severidad injustificable. Así, se excluyen los comercios que no se ubican a pie de calle cuando en esta zona, principalmente en la calle de la Montera, y también en Puerta del Sol, funcionan numerosos establecimientos en pisos superiores, por no hablar de vecinos que ni siquiera se contabilizan como perjudicados cuando, en determinados casos, apenas podrán acceder a sus domicilios.

Los trastornos para los ciudadanos, agravados de forma notable por los cortes de tráfico que estrecharán a un solo carril una arteria como la Gran Vía, no se solucionan únicamente apelando a la paciencia y a la solidaridad ni tampoco con intenciones tan obvias como asegurar que se intentará generar los menos problemas posibles mientras ni Fomento ni el Ayuntamiento mencionan siquiera cuándo comenzaran las obras. Al menos, el nuevo equipo municipal ha roto su mutismo sobre el asunto aunque sólo haya sido para decir que no sabe salvo de historia ya que el alcalde se ha remontado hasta 1933 para descalificar las críticas y que la oposición sólo trata de bloquear los proyectos de su partido. El señor Gallardón debiera recordar que la discrepancia y el debate, el mismo que IU llevó a Pleno el pasado día 25 de julio sobre este asunto, forman la esencia de la democracia y que la confrontación de ideas enriquece y de ella surgen las soluciones para los ciudadanos.

Desde el grupo municipal de IU no tratamos de boicotear propuestas, sino de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, guiados por este objetivo, creemos en la necesidad de desdoblamiento del túnel entre Atocha y Chamartín, pero cuestionamos la necesidad de construir una macroestación de Cercanías en Puerta del Sol. Consideramos, del mismo modo, que una coordinación de Fomento con la Comunidad y el Ayuntamiento; la puesta en marcha de políticas de innovación del transporte, la mejora del transporte en superficie o la explotación de las posibilidades de red de Metro y Cercanías posibilitarían alternativas menos costosas, que implicarán menos impactos y, a su vez, resultarían más eficaces. Estas propuestas anteponen el interés público a cualquier otro que se pueda derivar de las grandes y millonarias adjudicaciones de obras a los de siempre; pero, al parecer, la Administración del PP ya ha solventado las dudas eligiendo su alternativa y su rentabilidad.

Inés Sabanés Nadal es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid.