Competencia acusa a las autonomías de limitar el libre comercio

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) atizó ayer el fuego en el eterno conflicto cruzado entre grandes superficies y pequeño comercio, al denunciar en un informe que la legislación autonómica sobre distribución comercial merma la competencia en el sector. Cataluña, principal defensora del comercio urbano, despreció con sorna el informe, que tildó de "pueril" y "digno de echarse a los escombros".

Ley de Ordenación del Comercio Minorista y las leyes que regulan este sector en las autonomías, al restringir o limitar la apertura de nuevos establecimientos, "establecen una barrera legal" de entrada en el sector reduciendo la competencia local, comarcal o regional. Ésta es la principal conclusión del Informe sobre las condiciones de competencia en el sector de la distribución comercial elaborado por el Tribunal de Defensa de la Competencia, presentado ayer por su presidente, Gonzalo Solana.

El TDC recuerda que la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y las normas autonómicas permiten que las empresas ya instaladas "sean menos eficientes", lo que se traduce en mayores precios y márgenes respecto a los existentes sin esas "barreras de entrada".

Añade que la normativa sobre comercio aprobada por las comunidades "ha adulterado" la intención del legislador estatal de limitar la apertura de los grandes establecimientos (hipermercados). El tribunal considera que las comunidades, "amparándose en una interpretación excesivamente literal de la norma pero no en su espíritu", han impedido o limitado la apertura de centros que, en algunos casos y por su tamaño, no pueden considerarse un gran establecimiento. En otros casos, "vulneran los principios más elementales del libre juego de mercado, tratando a la fuerza de eliminar fórmulas comerciales que contribuyen a la modernización del sector".

Reacciones

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución respondió ayer al TDC afirmando que "una mayor flexibilidad del marco legal permitiría una mayor competencia entre grandes empresas y un mayor beneficio en precios y calidad de servicios para los consumidores". La Confederación Española del Comercio (CEC) se mostró indignada por la "parcialidad" del TDC, puesto que "no recabó información de todas las partes afectadas". La asociación Asedas cree que el informe no refleja la situación real, ya que el actual modelo comercial es "muy eficiente y competitivo".

El ministro de Economía, Rodrigo Rato, declaró en Segovia que el informe del Tribunal debería servir de "reflexión" y acusó a los políticos "paternalistas" que protegen a los pequeños comerciantes. Desde el Gobierno catalán, que en Cataluña mantiene una moratoria sobre la apertura de grandes superficies, se reaccionó con más desprecio que irritación. El director general de Comercio de la Generalitat, Jaume Angerri, despreció un informe "malo y pueril, que ni entra a realizar investigaciones econométricas y que hubiera hecho mejor un niño". Angerri negó la independencia del TDC, que considera "un simple negociado del ministerio de Economía". Y, a la pregunta de qué iba a hacer la Generalitat con este trabajo, respondió: "Simplemente, echarlo a los escombros".