Marbella, el lado oscuro del paraíso
El dueño del restaurante es un señor bajito que gusta de lucir camisas negras y medallones de oro al cuello. Esta noche está encantado con la visita del alcalde, de su novia y de las dos decenas de cámaras que siempre llevan detrás. Eso es publicidad, publicidad de la buena. Mañana, el nombre de su restaurante saldrá, junto a los rostros del alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y de la tonadillera Isabel Pantoja en la docena de programas del corazón que inundan la televisión española. Además de la afición por el dinero y la ostentación, el dueño de este restaurante y el actual alcalde tienen más puntos en común. Los dos llevan una vida que refleja el espejo y otra, mucho más oscura, que aún permanece oculta. Una prueba de ello es que el dueño del restaurante recibe frecuentes visitas -este periódico fue testigo de una de ellas- de Juan, un empleado del banco JP Morgan en Zúrich, con el que planea la mejor forma de colocar su dinero negro en paraísos fiscales, muy lejos de las garras de Hacienda. Por eso, y sobre todo por sus connivencias urbanísticas con el gobierno de Julián Muñoz, el Cesid puso tras él y tras otros personajes de Marbella a varios agentes que, después de una exhaustiva investigación, llegaron a una conclusión de lo que está sucediendo. "No se trata de actuaciones aisladas que puedan suponer focos inconexos de corrupción", señalaba un informe del espionaje español, "sino de una actuación sistemática, coordinada, en la que cada vez con mayor descaro se busca el lucro personal prevaliéndose del cargo público".
La Junta de Andalucía ha impugnado 139 licencias municipales que afectan a 10.000 viviendas, pero no ha conseguido parar ni una sola obra
Y si esto es tan flagrante, ¿por qué sigue sucediendo?
Una clave puede estar precisamente en ese informe del Cesid. El espionaje español -hoy denominado CNI- sólo se interesó por lo que sucedía en Marbella ante el peligro de que el partido de Jesús Gil consiguiera, como era su intención, exportar sus prácticas a otros puntos del Estado. Cuando Gil, acorralado por sus numerosos contenciosos judiciales, abandonó la idea, también se apagó el foco que sobre Marbella tenía puesto el Estado. ¿Y qué pasó entonces?
"Siguió reinando la impunidad". La frase es de Carlos Castresana, uno de los fiscales anticorrupción que impulsaron la investigación sobre el gobierno de Marbella, a resultas de la cual Jesús Gil fue encarcelado e inhabilitado, y 34 de sus colaboradores -entre ellos Julián Muñoz- están imputados por presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos e impagos de cantidades multimillonarias a la Seguridad Social y Hacienda.
Entre bambalinas
Sin embargo, la caída de Gil no supuso el final de una época. Ni siquiera fue una caída. Gil y Gil, aunque ya muy lejos de la cresta de la ola, se mantiene en las bambalinas de Marbella, moviendo los hilos, vigilando a los suyos. De hecho, Julián Muñoz, de 55 años, está imitando la capacidad de su anterior jefe para trascender lo político y convertirse en un fenómeno mediático. Si Gil tenía al Atlético, a su caballo Imperioso y a sus frases estentóreas siempre rematadas con "y tal y tal", Julián Muñoz ha pasado, en un pis pas, de ser un personaje desconocido a estar presente en todos los hogares. Mucho de eso se lo debe a su noviazgo con Isabel Pantoja y, por supuesto, al imán que siempre ejerce Marbella sobre la prensa del corazón. De su anterior jefe y modelo aprendió Muñoz que todo irá bien mientras siga siendo la estrella de los programas del corazón, y que todo empezará a torcerse cuando su cuota de pantalla pase a ser cuestión de los telediarios. La fama, además, actúa como un blindaje. Cuando Gil, pillado in fraganti en sus enjuagues económicos, fue detenido y enviado a la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), achacó su procesamiento a un "acoso político".
Pero no sólo ha copiado Muñoz de Gil su estética de famoso. También sus éxitos electorales. En las pasadas elecciones, Julián Muñoz revalidó la mayoría absoluta. La fórmula de una ciudad segura y próspera, vigilada por más de 500 policías municipales y sembrada de grúas y hoteles, sigue funcionando. Este periódico solicitó su versión de lo que está sucediendo en Marbella. Aunque Julián Muñoz aceptó en un principio el encuentro, luego optó por aplazarlo.
Un abogado de Marbella, aunque desde el anonimato, ha contado cómo se las gasta el nuevo equipo municipal para conseguir dinero. "Precisamente estos días", explica el abogado, "el Ayuntamiento acaba de adjudicar una obra muy importante a una empresa española prácticamente desconocida. Pues bien, la historia viene de atrás. Una empresa que yo representaba, muy prestigiosa en el sector, había llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para ejecutar la obra, pero de pronto nos llevamos una sorpresa. Nos dijeron que nos iban a hacer un traje a medida y pidieron 200 millones de pesetas de mordida. Llamé a mi cliente y me preguntó si al menos nos darían una factura por ese pago. Cuando le expliqué que no, que se trataba de una comisión ilegal, me respondió que me olvidara del concurso, que no quería saber nada de Marbella para hacer negocios".
No es difícil conseguir en la ciudad testimonios parecidos. Aunque sí es casi imposible que alguien los denuncie abiertamente. Existe miedo. A Muñoz y a su guardia pretoriana, formada por una legión de policías municipales y guardias de seguridad. Precisamente, se acaba de presentar en Málaga un estudio del Instituto Andaluz de Criminología que llega a conclusiones muy graves que se pueden resumir en dos titulares. Por un lado, el estudio vincula el auge inmobiliario de la Costa del Sol al blanqueo de cantidades ingentes de dinero negro. Y por otro, advierte de que hay mafias que pretenden el control de los municipios al más puro estilo de la Cosa Nostra. La reacción no se ha hecho esperar. Uno de sus responsables confiesa que, nada más hacer público el informe, recibieron presiones, incluso amenazas, para que suavizaran el tono de sus críticas. Debajo de la atmósfera siempre festiva que envuelve a Marbella se oculta un ambiente opresivo, lleno de ojos, del que es muy difícil escapar. "Una vez que te hacen el primer favor", explica el abogado, "ya no te puedes escapar. Ya eres del equipo, y si quieres romper el vínculo, estás acabado. No puedes denunciarlo porque cobran en metálico, no hay facturas. Todo es a través de intermediarios. En el urbanismo de Marbella, todo el mundo pilla, desde el más grande hasta el más pequeño. La corrupción es total".
El método para conseguir dinero es el mismo de siempre. Lo explica Josefina Cruz Villalón, de 53 años, catedrática de Geografía y secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía: "Donde sólo está autorizada la construcción de tres plantas se levantan siete. Si en una parcela de 1.000 metros la densidad de edificabilidad permitida es de 150 metros, ellos la convierten en 400. Las zonas de equipamiento público (educativo, deportivo o verde) se transforman en suelo residencial".
Un constructor lo corrobora: "Te obligan a construir más. Te dicen: 'Dos plantas no, tiene que construir cuatro. Y si hace falta cargarse la calle, nos la cargamos. Si construye cuatro, le hacemos ganar más dinero y nosotros participamos de la plusvalía'. Te dicen que los beneficios son para el Ayuntamiento".
El motivo de esa voracidad constructora no encierra por tanto ningún misterio. Y si alguien todavía lo duda, la Fiscalía Anticorrupción lo deja bien claro en su querella contra el anterior equipo de gobierno: "Con el sistema diseñado por ellos, o se estaba en connivencia con la formación política de Jesús Gil o no se podía concurrir a la contratación con el Ayuntamiento".
Según todos los indicios, en Marbella sólo han cambiado algunos de los actores, porque la película es la misma. Y los efectos ya se empiezan a notar. "Los promotores serios han huido de aquí", dice un abogado marbellí, "sólo quedan algunos pequeños y dispuestos a aceptar las oscuras y comprometidas condiciones que pone el Ayuntamiento. A las grandes como Ferrovial ya no les interesa trabajar aquí". Josefina Cruz certifica esa realidad: "La gente seria no quiere aceptar estos acuerdos y se va. A ningún promotor con reglas claras le puede interesar este juego, el terreno de las arenas movedizas. Es una especie de ruleta rusa. Y no todo el mundo está dispuesto a jugar con tanto riesgo". Algunos bufetes de abogados ya están mandando un mensaje muy claro a sus mejores clientes: "Les decimos: '¡Váyase usted a Estepona, Manilva, San Roque, Mijas, Benalmádena! Son municipios de la costa donde el que compra sabe lo que compra, tiene permiso y está en la legalidad. Si usted quiere comprar en Marbella, al final se enfrentará con la Junta de Andalucía y tendrá problemas".
Pero nunca falta quien se arriesgue, quien se mueva como pez en el agua en el otro lado del espejo. De hecho, y aunque sólo sea por el momento, el negocio es redondo. Y se lo están llevando pequeñas empresas -una de Murcia, otra de Salamanca, hay una de Granada y también de San Sebastián...- que llegan a la costa para dar el pelotazo.
El resultado no puede ser más desolador. La Marbella de hoy en nada se parece a la que soñaron Norberto Goizueta -quien en 1933 compró por 505.000 pesetas la Hacienda Guadalmina, de 350 hectáreas, a la Compañía General Azucarera de España- o Ricardo Soriano, marqués de Ivanrey -que en 1943 compró 200.000 metros cuadrados a 50 céntimos la unidad-. Intentaron, y durante un tiempo lo consiguieron, que la vieja Marbella -un punto entre Málaga y Gibraltar, parada y fonda de estraperlistas de café, tabaco y perfume- se convirtiera en un refugio de aristócratas y viejas fortunas. Un lugar privilegiado, construido siguiendo un patrón muy sobrio: cal, tejas y vegetación.
Vestigios naturales
Todo lo contrario a la Marbella de ahora. Los pisos y apartamentos que inundan Marbella amenazan con sepultar los últimos vestigios naturales de la zona. Desde que en 1990 llegó Gil, en Marbella se construyen entre 10.000 y 15.000 casas al año. Y lo que es más grave: más de 10.000 de esas viviendas son ilegales y han sido impugnadas por la Junta de Andalucía. Pero la cosa no queda ahí: la mayoría de sus inquilinos ignora que sus pisos o chalés están fuera de la ley. La Junta no ha conseguido que sus impugnaciones se inscriban en el Registro de la Propiedad. "Muchos han comprado sin saber lo que hay detrás", explica Josefina Cruz.
La batalla del suelo entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía viene de lejos. La Junta, gobernada por el socialista Manuel Chaves, no reconoce el plan urbanístico aprobado por el grupo del GIL en 1998, pero tampoco sus "clandestinos y oscuros" convenios firmados en los últimos 13 años. El plan de Jesús Gil clasifica como urbanizables 11 millones de metros cuadrados de zona que, según la Junta, tienen un gran valor ambiental y paisajístico. Y, aun así, los sucesivos equipos del GIL han otorgado decenas de licencias sobre ese suelo. El enfrentamiento entre ambas administraciones ha sido feroz, pero el equipo marbellí se viene saliendo con la suya por la política de los hechos consumados. Esto es: la Junta de Andalucía ha impugnado desde 1995 un total de 139 licencias municipales que afectan a más de 10.000 viviendas, pero no ha conseguido paralizar ni una sola obra. Tampoco ha logrado demoler ninguno de los edificios ilegales que inundan y amenazan con asfixiar a la ciudad y engullir a sus habitantes.
Concepción Gutiérrez del Castillo, de 49 años, consejera de Obras Públicas de la Junta, reconoce su impotencia: "Cuando impugnábamos las licencias, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no atendía a nuestra petición de que se paralizara la obra. Entraba en el fondo del asunto y, cuando llegaban las sentencias, la demolición era difícil, por no decir imposible".
Hay muchos ejemplos por toda la ciudad. Uno de ellos lo explica todo: el Consistorio autorizó la construcción de 106 viviendas adosadas denominadas Promoción Bello Horizonte II. La Junta de Andalucía impugnó la licencia el 17 de enero de 1996. Dos años después, el 23 de julio de 1998, el TSJA denegó la suspensión cautelar que reclamaba la Administración andaluza. Casi cinco años después, el 21 de enero de 2003, el citado tribunal anuló por fin la licencia. Pero ya habían transcurrido siete años desde que se puso la primera piedra, las 106 viviendas ilegales están ahí y en algunos casos su propiedad ha cambiado varias veces de titular.
Fallos inejecutables
"¿Qué hacemos con esas 106 familias?", se pregunta ahora Josefina Cruz. Y ella misma se responde: "A juicio de los tribunales, el daño que se causa a los vecinos con una demolición es mayor que el bien que se intenta restituir con una sentencia. No es lo mismo suspender una licencia que demoler un edificio repleto de gente. Para nosotros es un fracaso que no se llegue a la demolición, porque al final estamos ante una política de hechos consumados. Sólo en los últimos meses hemos conseguido que el TSJA, por fin, haya ordenado la suspensión cautelar de las licencias que hemos impugnado". Hay una frase del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, que resume lo antes expuesto: "Hoy por hoy existe una maraña administrativa que beneficia al infractor. Y a nadie se le escapa que al amparo de todo ello se están perpetrando grandes delitos en materia urbanística".
Todo esto conduce a varias preguntas muy lógicas: ¿por qué no se pone coto a todo este desenfreno?, ¿dónde están las autoridades, los jueces, la policía...? Las respuestas a todas estas preguntas no pueden ofrecer un panorama más desolador.
Para empezar, las autoridades no están. Ya ha quedado demostrado que la poderosa Junta de Andalucía apenas ha podido enmendarles un renglón a los designios de un grupo de concejales, la mitad de los cuales están imputados por la Audiencia Nacional y cuya cabeza pensante es un antiguo camarero de San Martín de Valdeiglesias, provincia de Madrid, cuyo dudoso currículo se empieza a conocer ahora que su esposa, Maite Zaldívar, lo está ventilando por despecho en los medios de comunicación. En cuanto a los jueces y a la policía, la situación no mejora. "Se puede decir", explica Carlos Castresana, fiscal anticorrupción, "que el Estado no llega a Marbella. Y si no se remedia pronto, aquello se convertirá en una isla, en un territorio de alegalidad donde recala gente de todo el mundo, se obtienen plusvalías gigantescas y se pagan comisiones por todo. ¿Quién puede pretender que un juez recién salido de la escuela, con unos cuantos auxiliares y policías a su cargo, se pueda enfrentar a eso con garantías de éxito? Aquello", concluye Castresana, "es un polvorín, un territorio sin ley, como el Lejano Oeste. Es como si un solo guardia custodiara un enorme depósito de armas. El número de pleitos es muy superior al que debería tener una ciudad de 100.000 habitantes. Y existe un problema añadido: el juez que allí se lo tome en serio es, como decía Falcone, un servidor del Estado en tierra de infieles".
Y aun así hay quien lo intentó. Es el caso de Santiago Torres, de 41 años. Tuvo que pedir el traslado de Marbella después de procesar a Gil y a sus lugartenientes. Llegó a vivir escenas más propias de Sicilia que de una ciudad andaluza. Un día que citó a varios imputados, con Castresana actuando de fiscal, un cordón de coches negros, con los cristales ahumados, rodearon el edificio judicial. La amenaza implícita que todo aquello suponía hizo que la Guardia Civil tuviera que acudir y poner orden. El juez Torres fue seguido, calumniado, denigrado en La Tribuna de
Marbella, el periódico gratuito que financia el Ayuntamiento. La presión fue tal que acabó pidiendo el traslado a Madrid. El propio Torres propone una fórmula para luchar contra ese caos: "Hay que asegurar la independencia judicial de los intereses que tienen que ser investigados. Que sea sólo la ley la que mueva la actuación judicial. Los jueces deberían estar obligados a hacer una declaración de bienes. Crear un estatuto judicial que garantice la independencia del juez frente a la corrupción. La organización judicial española no está preparada para luchar en este escenario si no es con una gran dosis de voluntarismo que puede llegar hasta la extenuación".
Las declaraciones de Torres adquieren mayor relevancia si se tiene en cuenta que no se refieren a problemas virtuales. Marbella no sólo viene soportando políticos avispados que se aprovechan del erario público, constructores sin escrúpulos que esquilman espacios naturales, mafiosos de todo tipo y origen que eligen su costa para refugiarse o planear sus próximos golpes, farándula de la peor calidad cuya presión arterial sólo se mide en minutos televisivos... También la reciente historia de Marbella cuenta con jueces sospechosos de cruzar la frontera de la ley. Es el caso de Pilar Ramírez. Ex decana de los juzgados de Marbella, fue expulsada de la carrera judicial durante varios años por tramitar 16 asuntos vinculados a su familia y a dos presuntos mafiosos italianos socios de su padre, Juan Ramírez, de 72 años, un antiguo oficial de los juzgados que pasó de ser un guardia forestal a operar con 50 empresas, ser dueño de cuatro pisos, un chalé y una finca valorados en 200 millones de las antiguas pesetas. Según un informe judicial, "sus inversiones son ostensiblemente incompatibles con sus ingresos". Son las cosas de Marbella.
¿Y la policía?
Delito sin víctima
La policía española consigue muchos éxitos en la Costa del Sol. Pero ninguno relativo al fraude urbanístico ni a los delitos asociados. La policía española goza de prestigio atrapando cargamentos de hachís o cocaína, resolviendo crímenes o desbaratando mafias violentas, pero se reconoce inexperta a la hora de destapar cohechos y perseguir el tráfico de influencias. No hay que olvidar que el cohecho es un delito sin víctima. Nadie lo denuncia y nunca aparece el cadáver. José García Losada, comisario general de Policía Judicial, explica: "Si no hay indicios delictivos claros, no podemos investigar por nuestra cuenta una operación inmobiliaria, por muy sospechosa que sea. En esos temas sólo podemos ir de la mano del fiscal". Pero los fiscales consultados coinciden en que el poder judicial no les apoya. "Nos encontramos con una falta, casi absoluta, de receptividad en nuestras querellas", explica Castresana. Algunas de las querellas presentadas avanzan con sospechosa lentitud. Por si fuera poco, el comisario Losada advierte de otro problema: "Las investigaciones suelen ser muy difíciles, porque nos topamos con una maraña de sociedades enclavadas en paraísos fiscales, especialmente en el cercano Gibraltar, dispuestas precisamente para ocultar al verdadero propietario del dinero".
El verano no ha hecho más que empezar. Ocho millones de turistas llegarán a la Costa del Sol. Encarnación Pardo, publicista, es una de ellas. Ha trabajado en la ciudad durante muchos años y conoce bien al alcalde: "Julián Muñoz tiene sus defectos, pero es la persona más currante que te puedes echar a la cara. Hay que verlo trabajar. Si se han llevado dinero, hago un paréntesis, porque es algo que no me importa. Lo importante es que la ciudad ha dado un cambio total. No hay paro, hay seguridad y no hay mendicidad. En Marbella no hay crisis". Encarnación, como muchos otros, prefiere disfrutar del lado luminoso del espejo.
