Cientos de expedientes a las eléctricas
Las comunidades autónomas pelean con las grandes compañías para evitar los cortes de luz
Las comunidades autónomas mantienen abiertos cientos de expedientes contra las compañías eléctricas por fallos en el suministro de energía. Sólo en Cataluña y en lo que va de año, la Generalitat ha abierto 113 expedientes a Fecsa-Endesa. En Andalucía (36 expedientes abiertos desde 2000) y en Castilla-La Mancha (25 expedientes) los fallos se multiplican y las acciones administrativas contra las empresas también. El problema, superado el temor a los apagones por falta de capacidad de generación gracias a la entrada en funcionamiento de nuevas centrales que funcionan con gas natural, está ahora en la red de distribución. Ésta está saturada, lo que obligará a las empresas a invertir 4.947 millones de euros en tres años.
El presidente de la asociación patronal Unesa y presidente de Iberdrola, Íñigo de Oriol, lo explica con claridad: la generación de electricidad está geográficamente descompensada. Se genera más en la zona norte y se consume más en el Este y en el Sur. Ello obliga a transportar la energía de un lugar a otro. En ocasiones, con puntas de demanda récord y un consumo que en seis años ha crecido casi un 40%, la red de transporte y distribución (cerca de 700.000 kilómetros de longitud total, de los cuales 52.000 kilómetros son de alta tensión) se calienta. Y se quema.
Cataluña (la mayor consumidora de energía eléctrica, con una cuota del 19,1%), Andalucía (13,3%), Extremadura (1,6%), Castilla-La Mancha (4,4%) y la Comunidad Valenciana (10%) registran apagones localizados muy a menudo. Dos de esas comunidades autónomas, Extremadura y Castilla-La Mancha han aprobado sendas leyes para sancionar a las empresas por apagones reiterados. Ambas normas están recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno. Cataluña, por su parte, tiene su propia normativa de calidad, recurrida por la empresa que presta el servicio en la región, Endesa, con la personación también del Gobierno.
Calidad del servicio
En general las comunidades autónomas defienden el principio de que las compañías deben mantener en condiciones idóneas la red de distribución para garantizar la calidad del servicio. Y si no cumplen, deben ser sancionadas. El Gobierno y las empresas mantienen, por su parte, que debe ser la administración central la única competente para establecer los estándares de calidad. Con una tarifa que es igual para todos, señalan desde las empresas, no se puede admitir que cada comunidad autónoma legisle sólo para sus ciudadanos.
Pero mientras los tribunales resuelven, las comunidades autónomas que más problemas de suministro sufren, actúan. En Andalucía, según datos de la Junta, en los últimos tres años se han abierto 36 expedientes por cortes en el suministro, faltas de revisión de las líneas, etcétera. El total de multas impuestas ha ascendido en ese periodo a unos 480.000 euros.
En Cataluña, desde el año 2001, el número de expedientes abiertos ha sido espectacular. En 2001 se abrieron 191; en 2002, 337 y en lo que va de 2003, 113. Del total, 641 expedientes, 180 se han convertido en sanciones. Endesa se defiende y asegura que en 2002, sólo su inversión en la red de distribución catalana ha sido de 300 millones de euros. Una cifra considerable que, aún así, choca con la imagen de este verano en algunas zonas de Barcelona, donde la compañía se ha visto obligada a poner en funcionamiento grupos electrógenos para hacer frente a toda la demanda registrada, con crecimientos, en días clave, de hasta el 10% del consumo.
Por su parte, Castilla-La Mancha, que también aplica su normativa, ha abierto en los últimos tres años 25 expedientes sancionadores a empresas, por un importe de 951.000 euros. Según el Gobierno autónomo, con la apertura de expedientes, la calidad del servicio ha mejorado. En concreto, señalan fuentes del Gobierno manchego, se ha pasado de 5,34 horas perdidas en 1995 a 3,32 horas en 2001, cifra ya inferior a la media nacional. En el año 2002, a falta de cerrar los datos definitivos, estará en el entorno de las 2,5 horas.
Hace apenas unos días, también la Comunidad de Valencia anunció la apertura de un expediente, en este caso a Iberdrola, por apagones registrados en Castellón.
Alegrías de otras épocas
Las compañías admiten que, pasadas las alegrías expansivas de otras épocas, su estrategia se centra ahora en la mejora de su negocio tradicional, la producción, la distribución y la venta de energía. Para ello, en un periodo de tres años, hasta 2006, las empresas invertirán 4.947 millones de euros en mejoras de la red de distribución. De ese total, la primera de las empresas, Endesa, invertirá casi el 50%.
Para lograr el objetivo de acabar con los apagones, afirman desde las compañías, se precisa la colaboración de comunidades autónomas y ayuntamientos. Hace apenas unos meses, la descoordinación entre empresas, administración central y ayuntamientos, según reconocen todas las partes, era casi absoluta. La consecuencia era que la burocracia retrasaba, cuando no impedía, el tendido de nuevas líneas o la mejora de las existentes. Ahora, reconocen empresas y administración, la situación ha mejorado.Las reuniones del secretario de Estado de la Energía, José Folgado, con las comunidades autónomas y las recomendaciones a los ayuntamientos empiezan a dar fruto.
Pero el optimismo es comedido. Todos los responsables de las grandes compañías cruzan estos días los dedos para que las altas temperaturas no se alíen con la mala suerte en forma de averías y todo acabe en desastre. Lo sucedido esta semana en Italia, destacan los expertos, revela la necesidad de planificar con detalle las necesidades y la importancia de gastar el dinero en mejorar las redes.
2.000 empresas 'interrumpibles'
En principio, este verano, no hay riesgo de grandes apagones. Y ello a pesar, destacan las empresas, de que la demanda de potencia en las horas punta ha crecido más rápidamente (44%) que la demanda general de energía (muy por encima del 30%). Pero puede haber imprevistos (averías de centrales, paradas no programadas en una central nuclear) y hay que estar alerta.
Un mecanismo de seguridad importante para hacer frente a esos imprevistos que pueden acabar en apagón son los contratos de interrumpibilidad que mantienen numerosas empresas.
Según datos del Ministerio de Economía, hasta 2.000 empresas españolas tienen este tipo de contrato que básicamente consiste en lo siguiente: a cambio de pagar más barata la luz (entre un 20% y un 25%, según la asociación patronal eléctrica Unesa) las empresas aceptan cortes variables de energía si el sistema lo requiere y no da abasto. Los contratos se suelen firmar por cinco años y las interrupciones oscilan entre las 12 horas y los 45 minutos, con preavisos de 16 horas a cinco minutos. Según Red Eléctrica de España (REE), el conjunto de empresas con este tipo de contratos suponen 3.000 Megawatios de consumo (un 10% aproximadamente de la demanda global).
La interrumpibilidad se utilizó el pasado día 12 cuando varias averías en centrales y la ola de calor dispararon la demanda, a las 17.52 horas, hasta los 33.850 Megawatios. En días posteriores se marcaron nuevos récords sin que se aplicara la interrumpibilidad.
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