España impulsa una "justicia especial sólo para inmigrantes"

Amnistía Internacional denunció ayer que en España está produciéndose una "regresión" en el respeto a los derechos de los inmigrantes y advirtió del "riesgo real" de que el Gobierno acabe creando una "justicia especial" para los extranjeros si continúa por la senda que marca la nueva Ley de Extranjería, actualmente en fase de tramitación.

El director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, que presentó ayer en Madrid el informe anual de la organización sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, subrayó la existencia de numerosas denuncias contra miembros de las fuerzas de seguridad españolas

por malos tratos y abusos sexuales sobre menores y mujeres inmigrantes. Esteban subrayó que desde 1995 Amnistía Internacional ha registrado en España 321 casos con componentes racistas de malos tratos, detenciones ilegales y muertes bajo custodia policial.

La sección española de AI, que celebra este año su 25 aniversario, criticó el nuevo proyecto de Ley de Extranjería, actualmente en manos del Consejo de Estado, y apuntó tres motivos de preocupación para Amnistía Internacional en el texto:

- El aumento de las multas a las compañías de transporte que traigan a inmigrantes hasta España.

- La agilización de los métodos de expulsión de extranjeros indocumentados.

- La posibilidad de emprender acciones legales contra quienes ayudan a inmigrantes, aunque sea sin ánimo de lucro.

En ese contexto, AI volvió a criticar al ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, por haber incluido la "inmigración ilegal masiva" entre las amenazas para la seguridad de España. También criticó que España sea el único país de la UE que no ha firmado aún el Convenio Europeo contra la Corrupción.

AI comienza el capítulo de su informe dedicado a España recordando que ETA asesinó a cinco personas en 2002, entre ellas la niña de seis años Silvia Martínez Santiago, muerta en agosto al estallar una bomba oculta en un vehículo frente al cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante). La organización se hace eco de numerosas denuncias de torturas y malos tratos a manos de agentes de la policía y la Guardia Civil, tanto por parte de inmigrantes como de detenidos en régimen de incomunicación, en su mayoría presuntos miembros de ETA. El informe recuerda que el Comité contra la Tortura de la ONU expresó en noviembre su preocupación por el hecho de que la detención en régimen de incomunicación facilita la tortura.

AI pidió en Madrid que se abra una investigación imparcial para determinar si la muerte en Bagdad del cámara de Tele 5 José Couso fue o no un crimen de guerra. La sección española criticó que el Gobierno español se haya "conformado" con la explicación "ínfima" de lo sucedido ofrecida por Washington. Como nota positiva, Amnistía elogió la condena formal del Congreso de los Diputados a la dictadura del general Franco, el apoyo a las iniciativas para honrar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la exhumación de fosas comunes con cadáveres de republicanos muertos durante la contienda.