El Gobierno reformará la Ley de Extranjería este año con o sin consenso

La reforma de la Ley de Extranjería, presentada el miércoles por el Gobierno del PP y que recorta los derechos de los inmigrantes recogidos en la norma vigente, se realizará este año para que entre en vigor en enero de 2001, aunque no se consiga el consenso de todas las fuerzas parlamentarias. El delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, admitió ayer que sólo existe disposición para el acuerdo con los nacionalistas catalanes y canarios, pero que el proyecto es rechazado por el resto de los grupos.

Fernández Miranda admitió ayer, tras la primera ronda de contactos que ha mantenido con las fuerzas políticas para presentarles el borrador de la reforma, que el Gobierno está dispuesto a recoger aportaciones de otros grupos, pero reconoció las profundas diferencias existentes. Insistió en que la nueva ley no va a recortar derechos fundamentales de los extranjeros, aunque aclaró que "algunos derechos sociales" sí se verán regulados. El objetivo del Gobierno es que la reforma se discuta en el Congreso a partir del próximo mes de septiembre para que entre en vigor en enero del próximo año. El proyecto ha provocado durísimas críticas de los partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones de inmigrantes. El presidente de la comisión política del PSOE, Manuel Chaves, lo calificó de "impropio de un país democrático", mientras que IU considera la reforma cercana al "esclavismo". También los sindicatos rechazaron de plano el proyecto de reforma. UGT considera que abre la puerta a la explotación y el tráfico de mano de obra. Por su parte, CC OO puso de relieve que tiene "carácter represivo". Pero las críticas no vinieron sólo de la izquierda. El ex diputado del PP Diego Jordano, que actuó como ponente de su partido durante la tramitación en el Congreso de la actual ley, dijo que algunas de las medidas del nuevo texto son inconstitucionales.