Bruselas lleva a España a los tribunales por controlar empresas privatizadas

La Comisión Europea denunció ayer a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el uso "injustificado" de la acción de oro, mecanismo por el que algunos Gobiernos pueden vetar operaciones de empresas privatizadas, como la fracasada fusión de Telefónica y la holandesa KPN. "Determinadas disposiciones de la legislación española constituyen restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales y el libre establecimiento", dice la CE. La decisión supone una derrota para la vicepresidenta comunitaria, Loyola de Palacio, que no logró imponer su idea de abrir un debate sobre legislación y así aplazar la denuncia.

La propuesta del comisario de Mercado Interior, el holandés Frederick Bolkestein, para denunciar a España recibió el apoyo del Colegio de Comisarios. No es el primer país que acaba en el Tribunal de Justicia por la aplicación de la acción de oro. Bélgica, Francia, Portugal e Italia también fueron denunciados. En el caso italiano, el Estado fue condenado por su intervención en los grupos ENI y Telecom Italia. Una directiva comunitaria de 1997 señala que el recurso a la acción de oro debe cumplir cuatro condiciones: aplicarse sin discriminación, estar justificado por razones imperiosas de interés general, garantizar la realización del objetivo perseguido y no ir más allá de lo necesario para ese fin definido. Loyola de Palacio, a pesar de ver rechazado su intento de aplazamiento, consiguió que la Comisión apoyara la apertura del debate que proponía, aunque sin fijar una fecha. El ministro de Economía y vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, manifestó en Chile que el Gobierno ejercerá acciones legales contra la demanda de la CE. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que con el mecanismo de intervención se quiere garantizar "el verdadero mercado único, la libre competencia" dentro de la Unión Europea.