El Gobierno de Aznar indulta al juez prevaricador Gómez de Liaño
Las 1.443 medidas de gracia también afectan a Filesa, Tany y los insumisos
El Gobierno indultó ayer, en contra del informe del Tribunal Supremo, al ex magistrado Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de nhabilitación y apartado de la carrera por prevaricación continuada en el caso Sogecable. Liaño, según explicó el ministro de Justicia, Ángel Acebes, podrá volver a ser juez, pero no regresar a la Audiencia Nacional. José María Aznar anunció este indulto, al igual que otros 1.442, por sorpresa; sólo cuatro ministros lo sabían de antemano. El juez prevaricador, los condenados del caso Filesa, Teresa Moreno Maya, Tany, y 460 insumisos son parte de los beneficiados por este indulto masivo.
Acebes compareció tras el Consejo de Ministros para informar de que el Ejecutivo acababa de conceder, a petición del papa Juan Pablo II -que había solicitado "en dos ocasiones" medidas de generosidad con los presos con motivo del Año Jubilar-, 1.443 indultos, entre ellos el del ex juez prevaricador Javier Gómez de Liaño, apartado de la carrera el 15 de octubre de 1999. Además de la petición papal, el ministro se refirió a la coincidencia con el 22º aniversario de la Constitución y a la proximidad del fin del milenio. El indulto de Gómez de Liaño ha sido duramente criticado por asociaciones de jueces. Montserrat Comas, portavoz de Jueces para la Democracia, afirmó que se trata de "una burla a la justicia". Fuentes jurídicas consideran muy grave y de dudosa legalidad el reingreso a la carrera del juez, decidida por el Gobierno, porque vulnera la independencia de los magistrados, ya que fue el Consejo General del Poder Judicial el que apartó al juez de la carrera por tres delitos de prevaricación. El elevado número de indultos (1.443) también ha suscitado dudas entre los juristas, por cuanto consideran que la medida se acerca a un indulto general, figura prohibida por la Constitución. La oposición reaccionó con duras críticas. Para el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno ha hecho "una utilización política del derecho de gracia". El diputado de CiU Ignasi Guardans la tachó de "escandalosa".
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