Víctimas por la democracia

«LAS FUERZAS Armadas están al servicio de lo que diga la Constitución.» Estas palabras del presidente del Gobierno en su discurso de ayer ante el Congreso resumen la entraña última de los motivos que han guiado la mano asesina contra el general Sánchez Ramos y el teniente coronel Pérez Rodríguez, en Madrid. El terrorismo, como dijo Adolfo Suárez, ha hecho acto de presencia entre nosotros cada vez que hemos tenido que afrontar o franquear una nueva etapa en este proceso político en el que estamos inmersos todos los españoles. En medio, pues, de esta escalada de violencias diseñada por los enemigos de la democracia, la aprobación del texto constitucional por el Congreso de Diputados ha sido la mejor respuesta -y una respuesta que deseamos y esperamos pueda calificarse de histórica- a la burda provocación del terrorismo. No es de extrañar que los enemigos de las libertades democráticas hayan querido apurar, y sigan haciéndolo en el futuro cercano, todas las ocasiones de interrumpir por la violencia el ejercicio de la soberanía del pueblo. El asesinato de los dos ilustres soldados, que se añade a la ya, por desgracia, larga lista de servidores del orden, políticos, hombres de empresa y periodistas que han pagado con su vida la acción miserable del bandolerismo político, se inscribe en un movimiento cada vez más desesperado que trata de provocar una intervención de las Fuerzas Armadas antes de la aprobación definitiva en referéndum del texto constitucional. Sus fines, aunque desde otros supuestos, son lamentable y culpablemente coreados por las voces del terrorismo ideológico, que desde sus periódicos y sus tribunas alientan la subversión. Unos y otros no pueden ver en su ceguera que es demasiado burdo el juego como para que el Ejército caiga en la trampa. Desde un punto de vista estrictamente político resulta, además, un insulto a la inteligencia y profesionalidad de nuestros militares. Pero conviene no negarse a la evidencia de que el crimen de ayer ha sido perpetrado para facilitar la difusión dentro de las Fuerzas Armadas de los llamamientos a la involución y las condenas a la democracia que lanzan las minorías que no desean que el proceso de normalización democrática llegue a buen fin.

«LAS FUERZAS Armadas están al servicio de lo que diga la Constitución.» Estas palabras del presidente del Gobierno en su discurso de ayer ante el Congreso resumen la entraña última de los motivos que han guiado la mano asesina contra el general Sánchez Ramos y el teniente coronel Pérez Rodríguez, en Madrid. El terrorismo, como dijo Adolfo Suárez, ha hecho acto de presencia entre nosotros cada vez que hemos tenido que afrontar o franquear una nueva etapa en este proceso político en el que estamos inmersos todos los españoles. En medio, pues, de esta escalada de violencias diseñada por los enemigos de la democracia, la aprobación del texto constitucional por el Congreso de Diputados ha sido la mejor respuesta -y una respuesta que deseamos y esperamos pueda calificarse de histórica- a la burda provocación del terrorismo. No es de extrañar que los enemigos de las libertades democráticas hayan querido apurar, y sigan haciéndolo en el futuro cercano, todas las ocasiones de interrumpir por la violencia el ejercicio de la soberanía del pueblo. El asesinato de los dos ilustres soldados, que se añade a la ya, por desgracia, larga lista de servidores del orden, políticos, hombres de empresa y periodistas que han pagado con su vida la acción miserable del bandolerismo político, se inscribe en un movimiento cada vez más desesperado que trata de provocar una intervención de las Fuerzas Armadas antes de la aprobación definitiva en referéndum del texto constitucional. Sus fines, aunque desde otros supuestos, son lamentable y culpablemente coreados por las voces del terrorismo ideológico, que desde sus periódicos y sus tribunas alientan la subversión. Unos y otros no pueden ver en su ceguera que es demasiado burdo el juego como para que el Ejército caiga en la trampa. Desde un punto de vista estrictamente político resulta, además, un insulto a la inteligencia y profesionalidad de nuestros militares. Pero conviene no negarse a la evidencia de que el crimen de ayer ha sido perpetrado para facilitar la difusión dentro de las Fuerzas Armadas de los llamamientos a la involución y las condenas a la democracia que lanzan las minorías que no desean que el proceso de normalización democrática llegue a buen fin.