Salida en falso de la Ciudad de la Justicia

Justicia inaugura hoy en Valencia un complejo de oficinas y servicios judiciales de millonario presupuesto (120 millones de euros) que ha crecido un 34% sobre la cifra prevista y que no podrá entrar en funcionamiento hasta finales de año. Autoridades políticas y de la judicatura recorrerán los más de 144.000 metros cuadrados entre los restos visibles de una obra inacabada cuya aprobación se produjo en 1997.

Fue el estudio Batuecas Torrego y Asociados, con sede en Madrid, el que ganó primero el premio de diseño de la Ciudad de la Justicia, adaptación moderna de los palacios de justicia, dotado con 100 millones de euros, y después a la que por un precio de 82.075.941 euros se le adjudicó la dirección y construcción de una monumental obra que ha ejecutado la Unión Temporal de Empresa formada por ACS, FCC y Edificaciones Ferrando, SA, y cuyos cimientos se iniciaron en julio de 1999. Batuecas Torrado y Asociados tuvo desde el principio importantes diferencias con la Consejería de Justicia, por lo que hace varios meses se apartó del proyecto, en la recta final, de acuerdo con la Administración.

Hubo, entre otras, diferencias presupuestarias. El Consell aprobó dos presupuestos adicionales: uno de 12 millones de euros para solventar problemas de infiltración en la estructura de los edificios del complejo, que obligó a cambiar, por ejemplo, los sistemas de ventilación o las instalaciones de aire. Pero tuvo también, a principios de este año, que ampliar en otros 16 millones de euros las cuentas para cambiar también toda la instalación informática, telefónica y de cableado. A pesar del acelerón para dar por inaugurado el complejo, la Ciudad de la Justicia está inacabada, grúas, carretillas, excavadoras, obreros y capataces forman todavía parte del conjunto. De hecho, sólo serán útiles, y no en todo, algunas salas. Los primeros juzgados en trasladarse serán los de Penal y Social, y no lo harán hasta el verano como pronto.

Las nuevas instalaciones permitirán que la Administración deje de pagar alquileres millonarios por los inmuebles que ocupan en la actualidad estos juzgados, cuyos locales han sido objeto de varias inspecciones por parte de Salud Laboral por no reunir condiciones mínimas. Los juzgado de Instrucción, localizados en la calle de Navarro Reverter, ya saben que no podrán trasladarse hasta diciembre de este año.

La Ciudad de la Justicia se ha planteado como un nuevo modelo de ubicación de las dependencias judiciales al que Carlos González Cepeda, consejero de Justicia; Eloy Velasco, director general de Justicia; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa, y el juez decano de Valencia, Fernando de Rosa, han atribuido un valor añadido al considerar que su puesta en marcha salvará algunos de los problemas que ralentizan la administración de la justicia. Los sindicatos son menos optimistas y opinan que la nueva Ciudad de la Justicia es insuficiente para atender todas las demandas existentes.

En el complejo se ubicarán más de 100 juzgados, 600 dependencias y la Audiencia Provincial. Ocupa más de 144.000 metros cuadrados y ha sido ejecutado "dentro de los plazos previstos" (44 meses) según Justicia, aunque no esté acabada. La construcción está pensada como moderna y versátil, se propone a través de un nuevo concepto de la distribución de espacios, garantizar especialmente la seguridad de las víctimas y los testigos, con comunicaciones diferenciadas, accesos restringidos para el traslado de detenidos, desplazamientos de público y profesionales y accesos internos para funcionarios. Establece la agrupación de los juzgados por órdenes jurisdiccionales y se les dota, sobre el papel, de novedosas técnicas de gestión para aumentar el rendimiento de espacios y recursos comunes.

El edificio está construido sobre un solar de 248 metros de largo y 91,20 de ancho. Tendrá 40 ascensores y 22 escaleras. La altura máxima es de 40,55 metros. La superficie construida es de 114.397 metros cuadrados. Para ello se han empleado 30.000 metros cuadrados de piedra de fachada, 140.000 metros cuadrados de marcos y tabiques y 20.000 metros cuadrados de cristal, con el que se pueden cubrir 24 piscinas olímpicas.

El volumen de la construcción es de 444.607 metros cúbicos y la tierra removida asciende a 150.000 metros cúbicos, alrededor de 15.000 camiones de tierra. El edificio pesa 250.000 toneladas y la estructura es de hormigón. Se han utilizado 8.636.850 metros de ladrillos, aproximadamente la distancia entre Valencia y Roma y 7.200.000 kilos de acero. En el complejo hay 200 tipos de dependencias y permitirá unificar todos los almacenes judiciales, instalaciones, maquinarias, unidades técnicas de gestión, mantenimiento, bibliotecas, fiscalías, dependencias para la realización de actos sindicales, de actos electorales, para las funciones sociales de los colegios profesionales colaboradores de la justicia, tales como la orientación jurídica o el turno de oficio, Juzgado de Guardia, la Clínica Médico Forense o el Instituto de Medicina Legal, que por decisión expresa de Eloy Velasco tiene un acceso por un lateral.

Las nuevas tecnologías está previsto que también lleguen al complejo: los programas informáticos específicos para el ámbito procesal, uso habitual del correo electrónico, bases de datos legislativas y jurisprudenciales y una red intranet de Justicia. En la Ciudad de la Justicia se concentrará el 33% de los órganos judiciales de la Comunidad y serán ocupados diariamente por unas 5.000 personas, entre público, profesionales y funcionarios.

La inauguración se ha visto ensombrecida por la negativa a asistir a ella de seis miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE. A su juicio, hacer coincidir el acto con la convocatoria de un pleno extraordinario del máximo órgano de gobierno judicial "podría ser manipulado por alguna de las fuerzas políticas que concurren a las inminentes elecciones". Además, CC OO criticó el pasado viernes que la inauguración, según afirmó Javier Cañadas, se realice "por intereses electorales, cuando las instalaciones no están terminadas, la entrada en funcionamiento no será, en el mejor de los casos, hasta finales de año, y cuando han gastado una millonada sin solventar problemas tan básicos y urgentes como el de los juicios rápidos. No deja de sorprender que el Ministerio de Justicia no haya aprobado más que un fiscal para la aplicación de juicios rápidos y se jacte del despilfarro en la Ciudad de la Justicia". Pero hoy, el presidente de la Generalitat, José Luis Olivas; el ministro de Justicia, José María Michavila y el consejero de Justicia, Carlos González Cepeda, entre otras autoridades, cortarán la cinta de una obra inconclusa.