De las conversaciones con ETA a la disolución de Batasuna

El secretario general de la Presidencia del Gobierno, Javier Zarzalejos, recuerda aquel día de mayo de 1999, en plena tregua de ETA, cuando abandonó el hotel suizo en que había permanecido reunido cuatro horas con los representantes de la banda terrorista. Entonces, según cuenta hoy, sacó la conclusión de que no había nada que hacer. Tanto él como los demás interlocutores gubernamentales -el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, y el asesor Pedro Arriola- concluyeron que Mikel Albisu, Mikel Antza, y Belén González Peñalba, "estaban en un mundo que no tenía ninguna relación con la realidad".

"Y que, en el fondo", rememora hoy Zarzalejos, no tenían ningún interés en llegar a ningún tipo de acuerdo con el Gobierno. Sólo les interesaba imponer su propuesta de autodeterminación y condicionar la vida política vasca".

El papel de Batasuna es apuntalar el Estado dentro del Estado que quiere llegar a ser ETA

Al ser legal en España, no se podía introducir a Batasuna en las listas de grupos terroristas

Era el colofón de otro encuentro previo, celebrado el 11 de diciembre de 1998 en las cercanías de Burgos, y en el que por primera y última vez se vieron las caras la misma representación del Gobierno con otra de Batasuna (entonces Euskal Herritarrok), con la participación de Arnaldo Otegi, Iñigo Iruin y Rafael Díez Usabiaga. Si en el encuentro con ETA Zarzalejos constató que la banda no quería saber nada del Gobierno central, en el encuentro con Batasuna comprobó cómo esta formación política no tenía ninguna influencia sobre ETA. Sus representantes insistieron a los enviados gubernamentales en que conectaran directamente con la banda porque ellos no podían actuar ni siquiera como intermediarios.

Zarzalejos, que había seguido muy de cerca los prolegómenos del proceso de paz en Irlanda del Norte desde su puesto de alto funcionario en la Embajada de España en Londres, confirmó sus temores de que Batasuna no podía jugar con ETA el papel del Sinn Fein respecto del IRA, por la nula influencia que tenía sobre la banda y por la también "nula voluntad negociadora de ETA".

De ambos encuentros, según asegura ahora, salió Zarzalejos convencido de que ETA acabaría rompiendo la tregua, lo que ocurrió en diciembre de 1999. Ese mes comienza el preámbulo de la futura ilegalización de Batasuna.

"En realidad, el verdadero juicio de ilegalización de Batasuna ha durado los 25 años de su vida. Cuando nace, con el inicio del juego democrático, se le presentaban tres opciones: el frente político que tiene que organizar ETA para lograr su apoyo social; una organización política más, que llega a adquirir su propia dinámica autónoma, y el receptáculo político del fin de ETA", señala el secretario general de la Presidencia.

"La ruptura de la tregua por parte de ETA y la total sumisión de Batasuna demuestran de manera definitiva esta última es el brazo político de la banda", precisa Zarzalejos.

Pero Zarzalejos y su interlocutor socialista en el Pacto Antiterrorista, Alfredo Pérez Rubalcaba, coinciden en que, con la perspectiva de hoy, la ruptura de la tregua de ETA en diciembre de 1999 tiene un alcance mucho más profundo: supone el entierro definitivo por la banda de la tradicional teoría de la acumulación de fuerzas (la suma de atentados) para obligar al Estado a negociar la autodeterminación. Y, paralelamente, en ese momento aflora la estrategia sustitutiva -iniciada a mediados de los noventa- de una construcción nacional apoyada por el terrorismo callejero y la "socialización del sufrimiento", recogida en la ponencia Oldartzen de KAS.

ETA inicia la materialización de su nueva estrategia en enero de 1995 con el asesinato de Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, el primer edil del PP asesinado. "Entonces no lo sabíamos. Pero años después constataríamos que ETA llevaba a la práctica en ese momento su teoría de la construcción nacional, con la eliminación física de la disidencia no nacionalista y el condicionamiento político del nacionalismo gobernante del PNV y EA, dejando de lado la perspectiva de la negociación con el Gobierno central", aseguran Zarzalejos y Pérez Rubalcaba.

"El papel de Batasuna en la nueva estrategia es apuntalar ese Estado dentro del Estado en que pretende convertirse la banda y su entorno. Y el Pacto de Lizarra, alcanzado por Batasuna con todos los partidos nacionalistas vascos, la expresión política de esa estrategia de la construcción nacional".

El cambio de orientación de ETA empuja al Gobierno a modificar sus planes antiterroristas. El primer paso es el Pacto Antiterrorista, impulsado por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y suscrito por el Gobierno y el PSOE en diciembre de 2000.

El Pacto Antiterrorista ya no se refiere a una hipotética solución negociada con ETA, como sucedió con su precedente, el Pacto de Ajuria Enea, de 1988, sino en dirigir a la banda un mensaje disuasorio: gobierne quien gobierne en España, ETA jamás logrará sus objetivos. Tampoco participa el PNV, que aunque se desmarca de Batasuna, no cambia su política frentista en un afán de captar el voto disidente del nacionalismo radical.

Zarzalejos y Pérez Rubalcaba destacan otros tres fenómenos nuevos que influyen en la decisión de la ilegalización. El primero, las grandes movilizaciones contra el terrorismo que adquieren una fuerza imparable desde que, en julio de 1997, ETA asesina al concejal del PP de Ermua Miguel Angel Blanco. "ETA asesina mucho menos ahora que en los años setenta y ochenta, pero el impacto de sus asesinatos es exponencialmente mayor. Hay una enorme presión social que incide sobre las fuerzas democráticas en demanda de justicia, cuyo motor son las asociaciones de víctimas", señala Pérez Rubalcaba.

El segundo fenómeno son las investigaciones judiciales sobre la naturaleza de ETA y su red de apoyo, de la que Batasuna es clave, en las que juega un protagonismo indudable el juez Baltasar Garzón. El tercer elemento es la decisión de Estados Unidos y la Unión Europea de actuar más contundentemente contra el terrorismo, tras los ataques contra EE UU de septiembre de 2001.

El Gobierno, recuerda Zarzalejos, se encontró con el problema de que no podía introducir a Batasuna en las listas de organizaciones terroristas que propuso la UE, porque era legal en España. De ahí que en noviembre de 2001, tras una reunión que Aznar presidió en La Moncloa con la cúpula de su Gobierno, decidiera la fórmula de reformar la genérica Ley de Partidos de 1978 para ilegalizar Batasuna.

El ministro del Interior y entonces de Justicia, Ángel Acebes, impulsor del proyecto de ley, recuerda cómo los partidos nacionalistas decían que iba a arder Euskadi si se ilegalizaba Batasuna. "Suspendió en agosto sus actividades el juez Garzón y no pasó nada. Se han tomado medidas más duras contra la kale borroka y prácticamente ya no existe. En 1997, la Mesa Nacional de Batasuna fue encarcelada por orden judicial y tampoco pasó nada".

Acebes atribuye esta situación a que ETA y su entramado están más débiles que nunca mientras las instituciones democráticas se han fortalecido. Rehuye el debate sobre al ascenso electoral que puede tener el PNV con la ilegalización de Batasuna. "Eso no me lo he planteado. Lo importante de la ilegalización de Batasuna es que es buena para la lucha antiterrorista, porque se golpea a ETA". Zarzalejos y Rubalcaba parafrasean al escritor Fernando Savater al señalar: "Sólo se explica la continuidad de ETA por las importantes complicidades que ha tenido en las instituciones. Con la ilegalización de Batasuna se golpea la base de ETA".