El PNV califica la resolución de "grave atropello" al derecho de asociación

"Tal sentencia supone un grave atropello a una libertad fundamental como es el derecho de asociación y amputa una parte importante del cuerpo electoral vasco". Joseba Egibar, portavoz del PNV, leyó ayer en Bilbao, en Sabin Etxea, la sede de su partido, una declaración crítica con la sentencia del Tribunal Supremo que ilegaliza a Batasuna. Aunque se reservan el derecho a "un estudio cabal" del fallo, señalan que viene propiciado por el Gobierno que preside José María Aznar.

El PNV resalta en su nota que es el Tribunal Supremo quien ilegaliza un partido político vasco. Asegura también que la decisión "no ayuda a la pacificación y a la convivencia" en el País Vasco "ni a la normalización de las relaciones Euskadi y España".

Los otros dos socios en el Gobierno vasco del PNV - IU y EA- también arremetieron contra la aún desconocida sentencia. El Ejecutivo hará hoy su valoración tras su habitual consejo de gobierno de los martes. La diputada de EA, Begoña Lasagabaster, señaló en San Sebastián que la ilegalización "no es una buena noticia" para su formación, y advirtió de que con esta decisión judicial se va "hacia atrás en la resolución del conflicto politico".

La hoja de ruta

Lasagabaster señaló que "se está cumpliendo milímetro a milímetro, segundo a segundo, la hoja de ruta diseñada por el Gobierno del Partido Popular, ayudado por el Partido Socialista, hace más de un año, en relación a la ilegalización de Batasuna".

El coordinador general de Izquierda Unida en Euskadi y consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Javier Madrazo, indicó también que se trata de "un ataque grave a la democracia y al Estado de derecho". "Fortalece y oxigena al mundo de ETA porque le cohesiona, alimenta su victimismo y porque impide el debate interno", señaló. Madrazo reiteró que su postura no es por solidaridad con Batasuna, sino "por defender la democracia y el pluralismo".

Aralar, por su parte, señala en un comunicado que "desaprueba rotundamente" la decisión". A su juicio, la medida "no tiene cabida en la legislación internacional de los derechos humanos", por lo que espera, dice, que la decisión sea "revocada" por el Tribunal de Derechos Humanos, dependiente del Consejo de Europa y con sede en Estrasburgo.

El sindicato nacionalista ELA abundó en la tesis nacionalista de la falta de separación de poderes y dijo ayer que la ilegalización "no es sino la culminación de un proceso de bochornosa promiscuidad institucional" en el que no se guardan las apariencias.