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Desmantelado un plan para matar al fiscal antidroga y 3 personas más

Un abogado implicado en narcotráfico, supuesto urdidor de la trama

Un juez de Madrid ha imputado por conspiración para el asesinato a siete personas -entre ellas, el abogado gallego Pablo Vioque- como supuestos miembros de una banda que quería matar al fiscal antidroga de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y otras tres personas. También figuran imputados en la causa, como supuestos colaboradores de Vioque -urdidor de esta trama-, dos funcionarios de la prisión de Soto del Real (Madrid).

La trama que ha logrado desmontar la Guardia Civil dentro de la llamada Operación Astilla fue descubierta de forma colateral, cuando la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios investigaba un asunto relacionado con narcotráfico. La Guardia Civil, a través de un confidente, recibió el soplo de que Vioque gestaba desde la cárcel de Soto, donde está preso por tráfico de drogas, el asesinato de Zaragoza y de dos arrepentidos que le había delatado como supuesto narcotraficante a gran escala.

El objetivo del plan era hacer un ajuste de cuentas y atemorizar a las personas que iban a declarar contra Vioque, ex secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y procesado por narcotráfico, en un juicio que se desarrolla contra él en este momento en la Audiencia Nacional. Se le acusa de estar detrás de una partida de dos toneladas de cocaína que se intentó meter en España en 1991 a través de las costa gallegas.

En un principio, la Guardia Civil no dio excesivo crédito al soplo, pero cambió de opinión cuando días después el confidente exhibió a los agentes dos fotos en las que se veía a Zaragoza y la dirección de su domicilio. En vista de las evidencias, la juez Palacios desglosó esas pesquisas y las remitió a los juzgados de la plaza de Castilla. Allí se hizo cargo del asunto el Juzgado de Instrucción 33 y la fiscalía de Madrid. El juez ordenó intervenciones telefónicas de supuestos miembros de la banda de Vioque que disfrutaban de libertad y permitió controlar las comunicaciones y visitas a la cárcel de Soto de allegados de reclusos del entorno de Vioque.

Testigos protegidos

Los agentes corroboraron pronto que, ciertamente, existía un plan perfectamente coordinado por Vioque para acabar con la vida del fiscal Javier Zaragoza. Se investigaron con especial meticulosidad las visitas que realizó a la prisión de Soto Diana, novia de Diego L. C. S., un recluso muy próximo a Vioque. Los agentes observaron que, en nombre de Vioque, Diego entregó a Diana mensajes cifrados dando instrucciones sobre los asesinatos que había que llevar a cabo, así como las cantidades de dinero que percibirían por ellos los ejecutores.

En la calle, Diana transmitió los mensajes al ciudadano venezolano Freddy T. S., con quien Vioque había coincidido tiempo atrás en la cárcel y que hacía de secretario suyo en el exterior. Fue éste, según fuentes de la investigación, quien se encargó de buscar a dos sicarios, de nacionalidad colombiana, para que perpetrasen los asesinatos de Zaragoza y, supuestamente, de los dos arrepentidos que habían delatado a Vioque: Manuel Vázquez y Juan Carlos Sotelo, apodados Los Piturros. Éstos delataron a Vioque ante el entonces juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, pero éste, según fuentes jurídicas, no llegó a tomarles declaración. Sí lo hizo más tarde, a instancia el fiscal Zaragoza, el juez Baltasar Garzón. En el juicio al que se enfrenta ahora Vioque en la Audiencia Nacional, éste propuso como testigo a Liaño, pero la sala lo rechazó, según los mismos medios.

Para los preparativos del plan, y a través de un despacho de abogados, Vioque entregó una primera partida de 6.000 euros. Era dinero para los gastos de los sicarios y para la compra del arma con la que se iba a cometer el crimen del fiscal Zaragoza A los sicarios se les prometió que, tras la muerte de Zaragoza, recibirían 50.000 euros, y otros 100.000 más cuando completarán el resto de los crímenes.

Antes de que se ejecutara el plan, y gracias a los testimonios de dos personas que han sido catalogadas como testigos protegidos, los agentes de la Guardia Civil desmontaron la trama. Ni a Vioque ni a Diego hubo que detenerles porque ya estaban presos. A Freddy, que estaba en libertad pero en situación de búsqueda y captura, se le detuvo, y, al igual que Diana, ahora ambos está en prisión por esta causa.

También han sido inculpados por su supuesta implicación en la trama una abogada y un matrimonio que se encargó de hacer gestiones en la calle en nombre de Vioque.

Los privilegios de Vioque en la cárcel

Dos funcionarios de la prisión de Soto se hallan implicados en la trama desmantelada para asesinar al fiscal antidroga Javier Zaragoza. Según fuentes de la investigación, estos funcionarios dieron a Vioque en prisión un trato privilegiado. Mientras un recluso normal puede realizar un máximo de dos o tres llamadas a la semana desde las cabinas de la cárcel, Vioque llegó a hacer hasta 20 llamadas en una sola noche y fuera del horario establecido. Y no sólo eso: supuestamente facilitaron al abogado abundante documentación de otros presos y sus familiares para que Vioque, que había recibido amenazas de reclusos, les devolviera las intimidaciones. Además, las pesquisas apuntan a que estos mismos funcionarios alertaron a Vioque de que la Guardia Civil había descubierto la trama y que estaba controlando sus comunicaciones y las de su entorno. Es previsible que las diligencias contra estos funcionarios se desglosen de la causa principal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 22 de febrero de 2003

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