El Constitucional ampara a un preso de Picassent cuyos derechos fueron vulnerados

El Tribunal Constitucional ha concedido amparo a un preso de Picassent, F. C. G., al que se aplicó un expediente disciplinario de diez días de aislamiento en celdas y dos meses y medios de privación de servicios sin que en el procedimiento se escuchara su versión de los hechos que originaron la sanción ni se admitiera prueba alguna de las que propuso.

El 21 de agosto de 1999, dos funcionarios del Módulo 2 de Picassent intentaron reducir a un recluso para que tirara la cuchilla que le habían detectado. En el momento de la operación, otros reclusos "secundaron, insultaron, protestaron y amenazaron a los funcionarios, pegando incluso patadas a las puertas".

Los funcionarios informaron de la incidencia e identificaron a tres de los presos que protagonizaron el altercado, entre ellos a F. C. G. El director del centro le abrió expediente, lo pasó a la comisión disciplinaria y se nombró un instructor. F. C. G. presentó alegaciones y solicitó que se practicaran pruebas.

"Se desestima por improcedente ya que no altera la resolución final del procedimiento, reflejando el pliego de cargos los hechos que se le imputan a usted, siendo solamente éstos los que califican la supuesta infracción", contestó el juez. La sanción fue de diez días de aislamiento y dos meses y medio de privación de servicios por una falta muy grave y otra grave.

El Alto Tribunal le da ahora la razón, revoca las sanciones y considera que "se han vulnerado los derechos a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa y a la tutela judicial efectiva".