Los 11 abogados de los perjudicados del 'caso CPV' se oponen a que sólo uno lleve el asunto

Los 11 abogados que representan a más de 700 perjudicados por el caso CPV se opusieron ayer al escrito que el fiscal ha remitido a la juez que instruye el procedimiento, Coro Monreal Huerta, solicitando que ésta instase a los representantes de los afectados a unificar sus acciones en una sola dirección, ya que consideran que tal petición "no se ajusta a derecho". Los letrados presentaron un escrito en el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid en el que manifiestan su oposición a las pretensiones del fiscal y alegan que éstas atentan contra la libertad de designación de abogado o procurador, prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como contra el derecho de defensa recogido en el artículo 24 de la Constitución Española.

La fiscalía es partidaria de que se unifiquen las acusaciones particulares debido a la complejidad y lentitud adquirida por el caso debido al elevado número de perjudicados personados. Pero los letrados argumentan que, aunque los hechos descritos por la acusación pública son reales, el hecho de que la práctica de pruebas procesales no se celebre no está relacionado con dichas circunstancias.

Los abogados lamentan que, tres meses después de admitidas las pruebas testificales propuestas por las partes, la juez aún no haya tomado declaración a los testigos, lo que, en su opinión, no es consecuencia del "importante" número de perjudicados personados, sino del "colapso" del juzgado.

Responsabilidad civil

Los 11 letrados que suscriben el escrito enviado ayer al juzgado sostienen que las reclamaciones de responsabilidad civil que en su día pudiera realizar cada una de las personas a que ellos representan serían muy diferentes entre sí. En efecto, dependería del perjuicio que cada uno pudiera haber sufrido al haber dado diferentes cantidades de dinero a cuenta de unas viviendas que Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) no ha construido. Por ello, entienden que no podría unificarse la acción de las acusaciones en un solo letrado, pues en unos casos dichas solicitudes de resarcimiento responden a valores patrimoniales, en otros atienden a asuntos personales y en otros a cuestiones psicológicas. Igualmente, y dada la dificultad de unificar los daños sufridos por los litigantes, aseguran que existen profesionales designados por aquellos que han iniciado acciones legales por otras vías, cuya estrategia profesional se vería imposibilitada en caso de que en la acción penal se designara una sola representación.

Más de 730 afectados han iniciado acciones legales contra CPV, a cuyos cuatro máximos responsables -Francisco García Moreno, Miguel Ángel y Francisco Javier García Sánchez y Ángel Morillo del Pozo- se les imputa la supuesta comisión de una estafa en los nuevos barrios de Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo, que afecta a 1.200 familias, que adelantaron sus ahorros desde 1998 para adquirir una vivienda.