Industria realizará la línea eléctrica entre Vilanova y Gandia sin consensuar el trazado por La Valldigna

No hay marcha atrás. El Gobierno del PP en la Generalitat tiene previsto aprobar definitivamente el proyecto central y licitar las obras de la línea de alta tensión entre Vilanova de Castelló y Gandia, que afecta a La Valldigna, el primer semestre de este año. Así lo anunció ayer en Gandia el consejero de Industria, Fernando Castelló, de cuyo departamento depende la aprobación de este polémico trazado.

"El Consell vela por el interés general y queremos resolver un problema general (de suministro eléctrico) que afecta a muchos ciudadanos de la zona costera de la Comunidad Valenciana", justificó el consejero. El responsable de Industria zanjaba así más de doce años de polémica, ya que el proyecto lleva paralizado desde 1991 por la oposición de los municipios afectados por el trazado.

El Consell dio el pasado año el visto bueno a la mayoría del proyecto, pero faltaba por aprobar el tramo central que afecta al valle de La Valldigna, en la comarca de La Safor. Los ayuntamientos de esta zona (Simat, Benifairó y Tavernes) iniciaron movilizaciones contra la línea, y han solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con los responsables de Iberdrola y de Industria para consensuar un trazado. Pero no han recibido respuesta. Exigían además que el trazado fuera soterrado en los tramos con mayor afección al paisaje, al patrimonio histórico del valle y a la salud de sus habitantes, así como la unificación de las líneas eléctricas ya existentes en la zona en un mismo corredor.

Fernando Castelló negó ayer la falta de diálogo entre el Consell y los municipios de La Valldigna. "La consejería ha tenido contactos con todos los ayuntamientos afectados por el paso de la línea. Ahora bien, en algunos casos no ha habido posibilidad de atender las sugerencias porque trascendían lo razonable y entraban en una dinámica que no respondía al interés general", argumentó el consejero. Castelló atribuyó la negativa de la Generalitat a soterrar la línea a "problemas de eficiencia", y denunció la "utilización política" de esta cuestión por parte de algunos ayuntamientos. "Los informes medioambientales han sido favorables y no podemos plegarnos a otro tipo de consideración que no sea la del interés general", sentenció.