El estado del Estado de derecho

En su edición del día 29, El PAÍS sintetizaba los principales acontecimientos del año 2002 con dos nombres propios: Garzón y Bush. Ambos, ciertamente, han representado durante el año pasado el polo positivo y el negativo en un mismo campo: la paz en el mundo, la libertad y la igualdad entre los hombres, los derechos fundamentales. Los nombres no podían estar mejor elegidos para explicar dos situaciones distintas y, en apariencia, contrapuestas: el Estado de derecho goza de una aceptable buena salud en el mundo desarrollado occidental -incluida España, por supuesto- y está en uno de sus peores momentos en el resto del mundo. Por razones que no hace falta explicar, Garzón y Bush son su cara y su cruz.

Decir que localmente la democracia funciona bien y que globalmente funciona mal es inaceptable e hipócrita

¿Pero qué es el Estado de derecho? En primer lugar, el Estado de derecho es aquella forma de organización social en la cual gobiernan las leyes y no los hombres: la libertad de las personas no debe estar sometida a la voluntad de una persona o grupo social, sino sólo a la ley, al derecho. Este es, sin duda, un elemento esencial de todo Estado de derecho, pero no es algo nuevo en la historia ni lo explica en su totalidad. No es nuevo porque, en efecto, ya Solón y Clístenes, en la Grecia preclásica sostenían una fórmula parecida. De acuerdo con ella, un Estado en el cual existieran leyes y el poder político se sometiera a las mismas y las hiciera cumplir, ya sería un Estado de derecho. Desde este punto de vista, el Estado de derecho sería, simplemente, un Estado con leyes, sean éstas cuales fueran. Sin embargo, ello puede conducir a aberraciones tales como, por ejemplo, considerar que Hitler, al aplicar las leyes que discriminaban y perseguían a los judíos, estaba actuando conforme a las reglas de un Estado de derecho.

En conclusión, es un elemento esencial pero claramente insuficiente. Para definir el Estado de derecho actual hay que añadirle, básicamente, dos nuevos elementos: primero, que estas leyes sean fruto del acuerdo entre los hombres -requisito democrático-, y segundo, que la única finalidad del Estado sea construir una sociedad de hombres libres e iguales -requisito social-. Tras las revoluciones democráticas y socialistas, el Estado de derecho de hoy es un Estado de derecho democrático y social en el cual la ley es expresión de la voluntad de la mayoría, y la libertad y la igualdad de las personas -su igual grado de libertad- se expresa en un núcleo de derechos a los que se suele denominar derechos fundamentales o derechos humanos. No se trata, por tanto, simplemente de un Estado con leyes, cualesquiera que sean sus finalidades, sino de un Estado con leyes producto de la voluntad humana y con una única finalidad: constituir una sociedad de hombres libres e iguales.

¿Cuál es hoy el estado del Estado de derecho en el mundo? Garzón y Bush, dos símbolos contrapuestos: la defensa de la legalidad y de los derechos humanos en España; la arbitrariedad y el desprecio por el derecho internacional en el mundo. Son, ciertamente, en su actuación personal, a lo largo de todo el año, dos símbolos contrapuestos. Pero no podemos desligar lo que pasa en España o en Europa occidental de lo que sucede en el resto del mundo. Decir que localmente la democracia funciona bien y que globalmente funciona mal es un planteamiento inaceptable e hipócrita porque hoy lo local y lo global son indeslindables.

Un Estado de derecho puede funcionar razonablemente bien cuando las tensiones sociales no son excesivas. Por tanto, la igualdad social es un dato previo al pleno ejercicio de los derechos fundamentales que supone un Estado de derecho. Aun siendo grande la desigualdad entre las personas en el interior de las sociedades desarrolladas la situación mundial es infinitamente peor. Andrés Ortega nos lo recordaba la pasada semana en su artículo de los lunes en El PAÍS: el 6% de los habitantes de la Tierra poseen el 59% de su riqueza; el 80% habita en viviendas indignas y sufre guerra, tortura y hambre; el 70% son analfabetos; sólo el 1% posee ordenador, el 8% tiene cuenta en un banco o algo de dinero en efectivo y el 25% posee nevera, ropa y un techo sobre la cabeza. Acerca de estas profundas desigualdades sociales es imposible construir un Estado de derecho tal como lo entendemos hoy en Occidente.

Pero la actual economía mundial globalizada, abierta y centralizada, está dirigida por los poderosos grupos económicos de los países en los que el Estado de derecho, decimos, funciona bien. O dicho de forma más directa: los grupos económicos dominantes occidentales son los responsables de la desigualdad social del mundo, ya que dirigen su economía. Si aceptamos esta premisa, que me parece indiscutible, debemos aceptar también que algo funciona mal en nuestro Estado de derecho. Quizá sea razonable decir que los principios del Estado de derecho se aplican de forma bastante satisfactoria en el interior de nuestras sociedades, pero también es razonable pensar que al contemplar la trágica realidad mundial no podemos eludir nuestra responsabilidad: se trata de un mundo injusto y desigual hecho a la medida de la satisfacción de nuestras propias necesidades.

Tras el triunfo de Lula en Brasil, un importante broker de Wall Street dijo, con fría sinceridad, que el líder brasileño había ganado las elecciones de su país, pero que le faltaba aún por ganar unas segundas elecciones: las de los mercados financieros. Este es un ejemplo del estado del Estado de derecho en el mundo. Los gobiernos democráticos, salidos de una elecciones, deben pedir permiso a los poderes económicos para que sean aceptadas sus decisiones: el poder -o una parte sustancial del mismo- no está en el pueblo, sino en los mercados financieros, estos aparentemente anónimos sujetos políticos sin legitimidad democrática alguna en un Estado de derecho. Y los mercados financieros se dirigen, sin control alguno, desde Nueva York, Londres, Francfort y Tokio.

El Estado de derecho no sólo funciona mal en el mundo: también funciona mal en Occidente.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho constitucional de la UAB.