La fiscal mantiene su petición de inhabilitar al director de RTVV

La fiscal insistió ayer en que José Vicente Villaescusa, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), vulneró derechos cívicos de otros al no facilitar información sobre los presupuestos a los miembros del Consejo de Administración. Por ello, tras dos sesiones con 14 testigos, solicita la inhabilitación por dos años y medio. La acusación particular, que representa al consejero socialista que interpuso la querella contra Villaescusa, Miguel Mazón, pide tres años. La defensa, en cambio sostiene que no hubo delito y se cumplió la ley.

La fiscal elevó ayer a definitiva la petición de dos años de inhabilitación para cargo o empleo público para José Vicente Villaescusa, director general de RTVV. Considera que cometió un delito contra los derechos cívicos de otro al no facilitar la información sobre los presupuestos al consejo de administración del ente. Villaescusa, según la fiscal, no sólo privó de esa información en tiempo y forma al consejero que en reiteradas ocasiones se la solicitó, Miguel Mazón, autor de la querella, sino al organismo.

"El señor Villaescusa ha interpretado las competencias establecidas en la Ley de Creación sobre sus funciones" y con ello "vulneró los derechos fundamentales de los miembros del consejo al privarles de la información necesaria para realizar su trabajo", dijo la fiscal, quien agregó que "ha interpretado la ley como él ha querido, lo que corresponde a jueces y fiscales, para lo que él ha querido, ha usado la norma para sus propios intereses". La fiscal, que entiende que entre las funciones del consejo de administración está la de controlar y fiscalizar las cuentas de la empresa, añadió que el hecho de ser una compañía pública no reduce las atribuciones propias del consejo de administración.

La representante del ministerio público lanzó en su exposición dudas sobre la naturaleza de la presencia de Amadeu Fabregat, ex director general de RTVV, y Jordi García Candau, ex director general de RTVE, ambos en gobiernos socialistas. Fabregat y García Candau comparecieron a petición de la defensa de Villaescusa. Para la fiscal, el tono de la intervención de ambos -en las que minimizaron las funciones del consejo de administración y otorgaron plena potestad al director general, calificando el consejo de administración como esencialmente político y nada mercantil- plantea dudas sobre si prestaron declaración como testigos, como peritos o como expertos judiciales. Acto seguido recordó a la sala la importancia de la sentencia que dictará en breve la juez porque será de aplicación en todas las empresas públicas televisivas, entre las que se encuentra la que actualmente dirige Jordi García Candau.

A los 45 minutos de intervención de la fiscal siguieron otros tantos de Francisco Granados, letrado de la acusación particular. En sus conclusiones afirmó que "nos encontramos ante una ilegalidad flagrante, mediante la que se ha vaciado de competencias al consejo y se le ha negado el derecho a la participación". Según Granados, "Villaescusa hizo gala de una enorme egolatría al presentar a la Consejería de Hacienda un borrador de presupuestos con sus propuestas, sus ideas y sus necesidades, sin consultar al consejo ni valorar los objetivos de la entidad pública". La acusación particular desmenuzó el texto de la Ley de Creación y de la Orden de Hacienda que marca cómo y cuándo se deben presentar los presupuestos. Por ello, Granados entiende que el hecho de que el borrador de anteproyecto de presupuestos se entregara en Hacienda por parte de Villaescusa sin conocimiento del consejo de administración en junio, que se modificara y se devolviera para la aprobación dentro de los presupuestos de la Generalitat dando 48 horas a los consejeros para que conocieran de ello, es una burla de la ley, una vulneración indiscutible de los derechos cívicos de los consejeros. Por ello pide tres años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Por su parte la defensa, que ejerce el letrado Francisco Puchol, intervino durante 55 minutos y mantuvo la petición de absolución de su representado porque entiende que "no hubo delito, se limitó a cumplir con lo que estipula la ley y no está acreditado que faltara información a los consejeros".